En América Latina y el Caribe y en Europa este grupo se enfrenta a una menor expectativa de vida, discriminación e incluso a divisiones en el entorno feminista por una iniciativa en España
San José. – La hondureña Thalía Rodríguez jamás quiso convertirse en una más de las tenebrosas estadísticas de la muerte por identidad de género en Honduras. De 45 años y lideresa del movimiento trans hondureño, Thalía fue asesinada de varios balazos en la cabeza al atardecer del 10 de enero anterior en su casa en las faldas del cerro Juana Laínez en Tegucigalpa.
Thalía pasó a ser la primera muerte violenta de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer+ (LGBTTTIQ+) en 2022 en Honduras y el 402 transfeminicidio ocurrido en ese país desde junio de 2009.
Ligada a organizaciones hondureñas de defensa de los derechos de las mujeres trans, Thalía—su nombre lo tomó de la cantante mexicana Thalía—se sumó al activismo hace unos 20 años, se salió del trabajo sexual hace unos 12 al abrir una tienda de abarrotes en el hogar donde murió y apoyó incondicionalmente la lucha por una sociedad incluyente.
“¡Por favor! Ya dejen de asesinarnos. Exigimos que paren de matarnos”, clamó la argentina Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) y una activista que rompió viejas estructuras machistas al ser elegida en 2009 como Mujer del Año en Argentina.
“¡Basta ya de crímenes de odio hacia las mujeres trans!”, exigió Marcela, nacida Marcelo, en una entrevista que concedió a EL UNIVERSAL el miércoles pasado desde El Salvador.
“Ayer encontraron en una fosa clandestina el cadáver de una mujer transexual en El Salvador” que desapareció desde el 10 de diciembre de 2021, agregó, al exponer el hallazgo de ese martes como una nueva e inapelable evidencia mortal del violento panorama que existe en contra de esa comunidad en los países latinoamericanos y caribeños.
En la antesala de que el próximo martes se recuerde el Día Internacional de las Mujeres, un dato exhibió la mortal realidad continental: el promedio de esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina y el Caribe es de 35 años, según un informe de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El dato contrasta con la esperanza media general de vida para una latinoamericana o caribeña, que fue de 79 en 2021 y de 80 en América del Sur. La media regional para ambos sexos fue de 76, ya que la de los hombres se ubicó en 73.
“Esta expectativa de vida que acompaña a la mayoría de las mujeres trans explica el hecho de que falten generaciones mayores de los 30”, aseguró la CIDH.
“Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal, y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución, y otros abusos; en clara vulneración a sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e interamericanos”, describió.
La cárcel
Así como el cementerio es el destino final de miles de mujeres jóvenes trans en América Latina y el Caribe, la cárcel es una escala para esa comunidad como amenaza constante.
Todas ellas “han sido sujetas a la discriminación, la criminalización y la violencia institucional”, planteó el reporte “Mujeres trans privadas de la libertad”, elaborado por nueve organizaciones interamericanas no estatales de defensa de derechos humanos y difundido en agosto de 2020.
“A menudo, enfrentan exclusión social, violaciones de sus derechos humanos y transfobia. Estos factores las conlleva, en muchas ocasiones, a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el mercado de drogas, el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como resultado, son perfiladas por la policía (de esas naciones) como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial y a ser encarceladas”, añadió.
“Las mujeres trans están sobrerrepresentadas en las prisiones comparadas con otros grupos y son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones”, advirtió, al denunciar que “la ausencia” de políticas públicas en la zona para proteger los derechos de las mujeres trans privadas de libertad “es generalizada”.
Romero, por su parte, indicó que solo en Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Colombia y algunas zonas de México hay leyes de identidad de género.
“El vacío es gigantesco. Hay una violencia de género muy fuerte en toda la región hacia las mujeres trans y es necesario que la justicia encarcele a los responsables. La mayor violencia proviene del machismo y del patriarcado”, adujo.
Tras alegar que “las mujeres no salimos a violar ni a matar hombres”, recalcó que “los hombres son los que salen a violarnos y asesinarnos”
“Se requiere educar a los varones desde la niñez y la adolescencia para que entiendan que hay una diversidad de mujeres. Nos han metido muchas cosas en la cabeza que nos dañan”, sentenció.
Y así actuó el asesino de la hondureña Thalía: empujado por el odio a una mujer trans.
