Reforma a ley minera
La organización señaló que la reforma, ya publicada en el DOF, afectará el desarrollo de más de 690 comunidades.
La reforma a la Ley Minera aleja inversiones en México por más de 24 mil 200 millones de dólares y afecta el desarrollo de más de 690 comunidades, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).
“Para el sector industrial mexicano es fundamental contar con un marco legal claro, transparente y confiable con el fin de atraer proyectos e inversiones”, destacó en un comunicado en el que advierte que la restricción sobre el uso de cualquier mineral es una señal de incertidumbre para las operaciones mineras.
La minería, representada por la Camimex, y el sector industrial mexicano, representado por la Concamin, reiteraron que la colaboración estrecha entre sector público y privado será fundamental para garantizar un abastecimiento de minerales ordenado y necesario para la industria y para toda la población mexicana.
“El sector industrial necesita certidumbre para continuar aportando al desarrollo de México”, señaló el organismo de representación de todo el gremio, así como es primordial recuperar la competitividad para apoyar al Gobierno de México a alcanzar sus objetivos.
“Para ello, es necesario asegurar que existan canales de comunicación y cooperación entre el gobierno y las empresas”, señaló.
Una política pública que impulse a la minería puede apoyar a la reactivación económica de México; la generación de más de 350 mil nuevos empleos formales que se suman a los más de 3 millones que ya genera la minería en más de 690 comunidades en el país y un aumento en el pago de impuestos de 23 mil 500 millones de pesos anuales adicionales a los 64 mil millones pagados en 2021, aseguró la confederación.
En cuanto al litio, expertos en la materia aseveran que no hay suficiente información disponible sobre las reservas en México. Para el desarrollo de una industria de este mineral en el país, se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones de alto riesgo que pueden afectar gravemente el presupuesto público.
