Las personas acusan que no han recibido los permisos de tránsito que el INM se comprometió a dar si abandonaban la caravana migrante.
Migrantes que fueron disuadidos de abandonar la caravana que salió el pasado 6 de junio de Tapachula ahora se encuentran varados en Tuxtla Gutiérrez, donde autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) les han negado trámites para regularizar su situación migratoria.
La población migrante, más de un millar, ha pernoctado por más de cuatro días afuera de las oficinas del INM, sin que hayan sido recibidos por el personal encargado de tramitar sus solicitudes.
Yuli, originaria de Venezuela, explicó que personal del instituto los interceptó cuando se encontraban en tránsito en la caravana, y les dijeron que si la detenían la caravana, los llevarían a otra ciudad distinta a Tapachula, en donde les entregarían permiso de tránsito por 30 días o visas humanitarias.
”Nos engañaron, nos subieron a buses, nos trajeron acá y llevamos cuatro días durmiendo afuera (de las oficinas del INM), nos piden que nos formemos desde las 6 de la mañana y luego no pasa nada. A mí me han pedido mi nombre tres veces y sigo acá, sin que me atiendan”, contó.
Para exigir sean atendidos, los migrantes bloquearon las calles de la zona. En el municipio de Huixtla, otro grupo de migrantes que aún permanecen en la caravana, unos 300, también bloquearon las vialidades exigiendo permisos de tránsito.
Denunciaron que el INM lo ha engañado y entregado documentos que ciudades adelante los mismos agentes desconocen como válidos.
El 6 de junio una caravana con casi 5 mil migrantes salió de la ciudad de Tapachula, en donde llevaban meses esperando ser recibidos por autoridades mexicanas y tramitar la regularización de su estancia en el país.
Sin posibilidades de obtener algún trabajo o seguir su camino al norte del país, decidieron emprender la caravana. Cuando se encontraban en tránsito, personal del INM los interceptaron y persuadieron de abandonar su movimiento. El INM aseguró que iba a habilitar 110 ventanillas, y atender a casi 7 mil personas para entregarles algún documento migratorio que acredite su estancia regular en el país.
“Con los acuerdos alcanzados gracias al diálogo, se evita que las personas migrantes sean víctimas de criminales”, dijo la dependencia.
