En el destino turístico está prohibido informar sobre violencia. El que desobedece puede pagarlo con su vida. Presionan Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Guardia Guerrerense
Lo primero con lo que se encuentra al llegar a Zihuatanejo es su belleza mustia. Silenciosa. El sol brillante que baña de trópico, el remanso del mar a primera vista, cafetines apacibles donde se conversa sin apuros ni congojas; un hombre de rastas largas, bermuda y playera de colores jamaiquinos que palmea un bongó y emula cantar en portugués.
El viejo con su arpa tocando boleros y ese Paseo del Pescador recién remodelado, reluciente, que culmina en un muelle majestuoso donde locales y visitantes hacen de la pesca el mejor pasatiempo del mundo, así como las letras gigantes típicas: ZIHUA.
Una bella ciudad callada. Acá hay temas de los que se habla apenas en susurros y hay otros de lo que es mejor no hablar.
Es la mañana del lunes 6 de junio. Hace una semana, la tarde del martes 31 de mayo, hombres armados incendiaron una Urvan del transporte público y un taxi; y el jueves 2 de junio hicieron lo mismo con un expendio de cervezas. Nadie le busca mucha explicación. Saben que lo que ocurrió fue por desacuerdos en el pago de cuotas que comerciantes y transportistas reportan a Los Viagras, el grupo criminal que controla la ciudad.
Estos exigieron un aumento; aquellos, hartos, se negaron y vinieron las consecuencias.
La información se publicó en medios fuera del municipio, como el asesinato del hombre en La Noria, tres días después, más o menos cercano a lo ocurrido. En cambio, en los medios de Zihuatanejo, tres noticieros de radio, cuatro diarios digitales y el único impreso, se dijo que la combi se había incendiado sola y el taxi “repentinamente”.
Del expendio de cervezas no se informó nada. Tampoco se mencionó grupo criminal alguno ni mucho menos los motivos. Reporteros, locutores y editores que aceptaron hablar con este reportero —y que pidieron con insistencia no mencionar sus nombres— dicen que saben de sobra que en estos casos nada vale más que la vida.
“Estos cabrones nos traen a pan y agua”, dijo uno de ellos.
Flanqueados por el crimen
La tarde del miércoles 8 de junio un hombre fue asesinado a balazos en la colonia La Noria, en Zihuatanejo. En el ataque con pistolas calibre .45 una mujer también fue herida. El jueves del día siguiente ningún medio informativo, de los ocho que hay en este municipio de la Costa Grande de Guerrero, dio a conocer lo ocurrido. No informar nada sobre temas policiacos es una regla impuesta por grupos del narco a la que han tenido que ceñirse medios y reporteros desde 2019.
La crisis inició en 2017, cuando empezaron a amenazar a los reporteros que cubrían la nota roja. Uno de los primeros en salir fue Omar Bello Pineda, periodista de El Diario de Zihuatanejo.
Para 2018, “todos los reporteros habían recibido amenazas”, dice Martín Carrasco Valdez, dirigente de la organización Fraternidad de Periodistas de Zihuatanejo, entrevistado en un café del centro de esta ciudad.
Pero el problema tocó fondo en 2019, cuando atacaron a balazos al periódico Despertar de la Costa, uno de los de mayor circulación en ese entonces; allanaron las instalaciones del diario ABC de Zihuatanejo y asesinaron al director del diario digital La Verdad de Zihuatanejo, Édgar Nava López. Estos dos últimos medios desaparecieron.
Los sucesos obligaron a los medios a dejar de publicar la nota policiaca y desplazó fuera del estado a tres periodistas más: Leonardo Martínez Peralta, Eleazar Arzate Morales y Rogelio Cendejas Rosales, para entonces subdirector del ABC. Él fue el primero en salir. Los tres regresaron en diferentes momentos.
Sólo Eleazar y Rogelio pudieron quedarse. Leonardo regresó en septiembre de 2021. Cinco meses después —en los que quiso reportear—, en febrero de 2022, otra vez lo amenazaron y volvió a marcharse.
A cinco años de distancia, el silencio impuesto por grupos del narcotráfico —Los Viagras en la ciudad, cercados por el Cártel Jalisco Nueva Generación hacia el norte, por el rumbo de Michoacán, y por la Guardia Guerrerense hacia el sur, por el lado de Petatlán, hacia Acapulco— que se pelean el control de la región, se ha convertido en un agujero negro que terminó por engullir a Zihuatanejo. Poco menos que nada puede salir de aquí sin sus consentimientos.
La restricción de facto del derecho a la información en la que está sometido este municipio turístico —el segundo más importante en Guerrero después de Acapulco— de 126 mil habitantes, no ha sido noticia en los últimos años en los medios foráneos. De los 30 reporteros que hay en la ciudad ninguno puede publicar nota policiaca, dice Martín Carrasco, el dirigente de Fraternidad de Reporteros de Zihuatanejo. Cuatro se mantienen adheridos al mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con botón de pánico incluido.
Además de Omar y Leonardo, también Brenda Escobar, corresponsal del periódico El Sur, y la freelance Hercilia Castro son las únicas que siguen aquí pese a las amenazas y bajo el riesgo que eso representa.
“Brother, salte de allí”
Los periodistas cuentan que todo inició allá por 2016 o 2017, cuando los medios vendían miles de ejemplares con las fotos de los descabezados, de los desmembrados, de los asesinados en las aceras. En ese entonces había un índice de 23 asesinados al mes, dirá después el presidente municipal Jorge Sánchez Allec a EL UNIVERSAL. La prensa se bañó de sangre como las calles y todo estaba bien. Todo bien hasta que empezaron los desacuerdos entre los grupos sobre cuáles muertos publicar y cuáles no, y los medios fueron capoteándolos.
“Nos mandaban mensajes y nos decían: ‘En tal lado hay un muerto para que lo publiquen; ve tómale la foto y me la mandas’”, recuerda Leonardo Martínez desde el norte del país donde se halla con medidas cautelares.
—¿Y lo hacían?
—¡Cómo no hacerlo! Una vez no lo hice porque descansé y se me hizo fácil no ir. Al poco rato me escribieron: “¡Qué sea la última vez que no me respondes!”, me advirtieron.
El problema se agudizó cuando las diferencias entre los dos grupos que se peleaban la ciudad, Los Viagras y el CJNG, se hicieron más marcadas sobre cuál nota publicar y cuál no. El peor de los casos fue a principios de 2019, recuerda Leonardo. Un hombre fue decapitado en La Noria. El difunto era de Los Viagras. Los del CJNG llamaron al ABC y al Despertar para instruir que se publicara. Al mismo tiempo Los Viagras llamaron para decir que no debían publicar nada.
Estaban las dos amenazas, dice Leonardo
“¿A cuál hacerle más caso?”
Ambos medios se pusieron de acuerdo y concluyeron que era más peligroso no publicarla, es decir, valoraron que la amenaza del CJNG era la más peligrosa. Se sabía de su capacidad bélica y su estilo sanguinario. Así que lo hicieron, publicaron la nota y la foto del decapitado. Al siguiente día ocurrió lo que ya se sabe: el Despertar de la Costa fue baleado y el ABC fue allanado.
Computadoras y escritorios y demás equipo destruido.
Los reporteros fueron amenazados, entre ellos el director del diario digital La Verdad de Zihuatanejo, Édgar Nava López, para entonces también director de Reglamentos del gobierno municipal. Salió Leonardo del estado. Omar ya había sido sacado desde hacía dos años. Recuerda esto, también vía telefónica.
—Yo hablé con Édgar, le dije: “Brother, salte, salte de allí. Yo te doy acompañamiento. Ya te amenazaron”. Él me dijo que no, que al parecer ya no habría problema. Que él ya se había “arreglado”.
A los pocos días de eso, el 2 de agosto, hombres armados fueron y lo mataron cuando salía de una actividad pública sobre el Paseo del Pescador. Ningún grupo se adjudicó su muerte ni la autoridad dio con los autores.
—Es que con esos tipos no hay arreglo posible —dice Omar—. O te callas o te callan. Los narcos nos tomaron la medida. Desde 2012 cuando llegaron Los Templarios a la ciudad nos reunieron a todos los reporteros de nota roja y nos dijeron: “A partir de ahora las cosas serán así: si nosotros les decimos ‘no publiquen’, no van a publicar nada”. Y sólo publicábamos lo que ellos dijeran.
—¿Continúa esa condición en la región?
—Sigue. Ellos son los que mandan. Ellos son los que dicen qué publicar y qué no.
“El crimen está en medio de todo esto —dice Leonardo Martínez—. Ellos no quieren que se publique nada y el gobierno municipal tampoco. Para el presidente municipal Jorge Sánchez Allec mejor que no se hable mal, dice él: ‘Del destino turístico’”.
Y nada se dice. El silencio es tal que incluso conocer detalles del asesinato del miércoles en la noche, el hombre muerto, la mujer herida en la colonia La Noria, resulta un problema. Datos que antes eran de uso tan habitual: cuántos balazos recibió la víctima, en dónde, qué tipo de arma usaron los agresores, cómo sigue la mujer. Todo eso que los reporteros de la nota roja hasta hicieron lugar común, ahora son cosa vedada.
Jorge Sánchez, alcalde de Zihuatanejo, no ve problemas.
El alcalde ve todo bien
El presidente municipal de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, dice que el caso de los reporteros se ha atendido. Que la incidencia delictiva se ha reducido: de 22 homicidios mensuales antes de 2018 a dos o tres el último año.
—¿Se ha caído en una zona de silencio?
—Todos hicimos exposición de la situación que pasó hace unos días —dice en referencia al incendio del taxi y la combi en la vía pública.
—Los medios han dejado de publicar nota policiaca. Los reporteros están amenazados. Hay dos desplazados y dos compañeras más adheridas al mecanismo de protección a los periodistas.
—Y han sido atendidos en el marco del gobierno del estado.
—Hay una restricción ¿al derecho a la información del alcalde y la autoridad que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución?
—Precisamente por eso tenemos estas reuniones de seguridad. Cuando hay un tema lo subimos y se atiende.
Un día antes de la entrevista, la tarde del 6 de junio, el alcalde tuvo un acto público en la colonia Lomas del Riscal. Seis guardias lo cuidaron todo el tiempo a corta distancia.