El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dice que ha expresado a México su preocupación por este asunto
El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, se prepara a presidir una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, en Bruselas.
Bruselas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, está preocupado por la reforma eléctrica en México, que no ha visto luz pero que sigue representando un reto constitucional.
El Comisario de Comercio de la Comisión Europea, fija su posición en una respuesta escrita en la que responde una pregunta del eurodiputado liberal, Jordi Cañas, en el sentido de si piensa abordar “esta grave situación, que puede comprometer las relaciones comerciales entre el país y la UE”.
Dombrovskis respondió que “la Comisión mantiene un diálogo permanente con las autoridades mexicanas, a las que ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el posible impacto de las medidas”.
Mencionó que una de estas ocasiones fue durante la última edición del Comité Conjunto UE-México sobre Cuestiones Comerciales.
En la misiva, enfatizó que el bloque comunitario no está desarmado ante la iniciativa mexicana, al afirmar que aunque aún no se ha firmado el acuerdo modernizado con México, “constituye una herramienta importante para defender los intereses y valores de la Unión, en particular el compromiso con el país en cuestiones energético”.
En nombre del guardián de los tratados de la Unión, el comisario letón informó que “la Comisión ha realizado un seguimiento de las últimas novedades en el sector energético mexicano, teniendo especialmente en cuenta el contexto mundial, en el que los países deberían aspirar a reforzar sus asociaciones energéticas para impulsar la actividad económica, crear empleo y reforzar su capacidad para luchar contra el cambio climático”.
En este contexto, continuó, el Ejecutivo de la Unión toma nota que el Congreso mexicano rechazó el proyecto de ley de reforma constitucional del sector eléctrico el 17 de abril de 2022.
No obstante, “seguirá supervisando las posibles modificaciones de la Ley de la Industria Eléctrica, que, a la espera de la resolución de varios retos constitucionales, todavía no son aplicables”.
Entre los retos constitucionales a los que hizo referencia se encuentra la violación del Acuerdo Global UE-México vigente desde 2000, así como del pilar comercial del Acuerdo modernizado.
La misiva tiene fecha del 23 de junio y fue enviada al despacho del eurodiputado Jordi Cañas, quien el 13 de abril atrajo la atención de la institución comunitaria sobre las consecuencias de la reforma del sector eléctrico en las relaciones bilaterales.
De acuerdo con el eurodiputado del grupo Renew, el presidente López Obrador lleva meses trabajando en la nacionalización de la mayor parte del sector energético.
Afirmó que la reforma constitucional que se encuentra pendiente de aprobación tiene como objetivo posibilitar este trato preferencial a la Comisión Federal Electricidad.
Aseguró que de prosperar la iniciativa del presidente, habría una expulsión de empresas privadas del país, muchas de ellas europeas, al tiempo que revertiría la transformación energética, vulnerando las normas medioambientales del Acuerdo de París.
Para el eurodiputado nacido en Barcelona, la sentencia publicada el 7 de abril pasado por la Suprema Corte de Justicia de México considerando constitucional varias disposiciones de la ley eléctrica nacional constituye una “señal de alerta y precedente peligroso”.
“Avala los planes energéticos de AMLO y pone en riesgo el Acuerdo Global UE-México en vigor, así como el pilar comercial del Acuerdo modernizado pendiente de ratificación”, sostuvo.
Los Ministros de Exteriores de la UE dedicaron su último consejo antes de la pausa del verano para abordar las relaciones con América Latina.
Al presentar las conclusiones del encuentro, el Alto Representante de la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que la Unión acordó invertir más en desbloquear los acuerdos negociados con la región, particularmente con México, el cual lleva cuatro años estancado a pesar de ser un pacto en vigor.
Sostuvo que los obstáculos de procedimiento no pueden seguir demorando el proceso que pondrá al día las relaciones.
“Vamos a concentrarnos en intentar empezar el proceso de ratificación con México, es posible que algún país tenga alguna precaución al respecto, pero nadie ha planteado hoy nada que permitiera creer que hay la más mínima objeción por parte de los Estados miembros, y por lo tanto estamos solamente ante problema de tipo procedimental, sobre de qué manera pasar a ratificar el acuerdo”, dijo Borrell.
“Pero las cuestiones procedimentales no pueden demorar por más tiempo este proceso”.
Aseguró que una oportunidad para tratar el tema será la reunión de Ministros de Exteriores que tendrá lugar en octubre en Buenos Aires bajo la presidencia pro tempore argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
