México está obligado a probar que cumple el T-MEC, dicen especialistas

En 2 años, T-MEC suma 5 casos de EU contra empresas nacionales por negar derechos laborales; según acuerdo, parte acusada debe mostrar que no haya violación: especialistas

A lo largo de sus dos años de existencia, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) acumula cinco casos que el gobierno estadounidense ha presentado contra empresas mexicanas, por supuestamente negar el derecho a la libre asociación o negociación colectiva de los trabajadores.

Especialistas señalan que el tratado establece que el gobierno mexicano, las empresas y sindicatos del país tienen la obligación de demostrar que sí cumplen con los compromisos del acuerdo.

En el Capítulo 23 del T-MEC se establecen obligaciones que en materia laboral debe cumplir México, que incluye los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Sin embargo, este mecanismo “se aplica de manera bilateral, únicamente entre México y Estados Unidos, y México y Canadá”; es decir, no aplica entre Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con un estudio de la firma de abogados RRH Consultores.

El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC deja al gobierno y empresas en México demostrar que no violaron el acuerdo, en lugar de que sean los que acusan los responsables de presentar las pruebas.

“Para el caso de México, basta con la presunción de una denegación de derechos para que se active el mecanismo”, explica un documento de las secretarías del Trabajo y de Economía.

“La carga de la prueba recae en el país demandado y aun cuando no se haya determinado la denegación de derechos, autoridades de Canadá y EU podrán retrasar la liquidación de cuentas aduaneras con el centro de trabajo exportador, es decir, le pueden quitar beneficios del acuerdo a las empresas acusadas de negar los derechos laborales”.

Las dependencias piden una “efectiva coordinación entre el gobierno de México, empresarios y sindicatos”, con el objetivo de “articular una respuesta pronta y sólida”, tal como se hizo en dos de los cinco casos que Estados Unidos inició contra México.

Uno de estos involucra a una planta de General Motors en Silao, Guanajuato, mientras que el otro envuelve a Panasonic Automotive Systems de México, en Reynosa, Tamaulipas.

Respecto a los otros tres casos, uno tiene que ver con Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, que fue rechazado por el gobierno mexicano debido a que el hecho demandado se dio antes de la entrada en vigor del T-MEC. Sin embargo, hubo un acuerdo entre empresa y autoridades de EU.

Los dos casos restantes siguen sin resolverse. El primero tiene que ver con Teksid Hierro de México, en Frontera, Coahuila. El segundo, y más reciente, con Manufacturas VU, en Piedras Negras, en el mismo estado.

El texto firmado del T-MEC el 30 de noviembre de 2018 excluyó el hecho de que la carga de la prueba correspondiera al demandado, es decir, México, sino que se incluyó en los primeros meses de este gobierno, cuando se firmó el Protocolo Modificatorio del T-MEC.

El mes pasado, Carlos H. Romero, representante comercial senior para México de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dijo que el tema laboral fue clave en la negociación del T-MEC.

Si bien a la fecha hay pocas solicitudes de Estados Unidos contra México por denegación de derechos sindicales, Romero afirmó que se han recibido cientos de quejas por abusos laborales, a través del Web-Based Hotline, la plataforma que el gobierno de EU dispuso para recibir quejas por abusos laborales en México.

“Se ha usado bastante el sitio web, preguntas, inquietudes de la sociedad civil, algunas que han llevado más discusión. Son cientos” de sindicatos de Estados Unidos y de México, trabajadores, entre muchas otras, explicó a este diario a finales de junio.

Recordó que uno de los compromisos del T-MEC es que los sindicatos deben legitimar los contratos colectivos de trabajo a más tardar el 1 de mayo de 2023, pero probablemente, como lo manifestó la Secretaría del Trabajo de México, 90% de los contratos no van a legitimarse y expirarán, de modo que los trabajadores podrán decidir libremente con qué sindicato se afilian.

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