Desenmascarar intereses, fortalecer comunidades
Dário Bossi
Brasil
Piquiá es un pueblo de mil habitantes, ubicado en el estado de Maranhão, Brasil, en la región de la Amazonía oriental. Hace más de treinta años, este pueblo sufre por la contaminación de empresas siderúrgicas y por las actividades de la empresa minera Vale S.A., la misma que es responsable de las muertes de cientos de personas y de dos ríos, por los crímenes de Mariana y Brumadinho.
La comunidad de Piquiá lucha por una reparación integral de sus derechos; entre ellos, la mitigación de la polución y la construcción de un nuevo barrio, con todas las condiciones de calidad que la comunidad ha definido, lejos de las siderúrgicas que han invadido su territorio. Esta obra, costaría a la empresa Vale solo 5,7 millones de dólares, ¡que es lo que gana con sus actividades en 3,5 horas!
Piquiá lucha por eso desde 2008…
En muchos países de Latinoamérica, la minería es vista como el motor del desarrollo; los gobiernos, cualquiera sea su tendencia política, la promueven reduciendo impuestos, facilitando la inversión, flexibilizando las leyes, entregándoles territorios. Sin embargo, al igual que en Piquiá de Baixo, la minería no representa para los pueblos una real mejora en sus condiciones de vida: se violan los derechos, se dividen las comunidades, se debilitan las democracias, se contaminan las aguas, se afectan las economías locales, las culturas, los territorios, la salud y las generaciones futuras. Los proyectos generalmente se imponen sin participación ni consulta previa y, en muchos casos, con la oposición de las comunidades.
Desmitificando esta visión que relaciona la minería con el desarrollo, pocos años atrás el Instituto de Justicia Fiscal (Brasil) denunció que Vale utilizó una maniobra comercial para dejar de pagar al menos ¡6,2 mil millones de dólares en impuestos sobre las exportaciones de mineral de hierro, entre 2009 y 2015!
Una herramienta esencial para combatir las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza perpetrados por las empresas mineras es afectarlas en lo que más les duele: el bolsillo.
Para mostrar las contradicciones de Vale a los inversores, por ejemplo, un grupo de accionistas críticos participa todos los años de la Asamblea General de Accionistas y denuncia sistemáticamente los gritos que vienen de las comunidades afectadas.
Otra manera para hacer incidencia sobre las corporaciones internacionales a partir de sus inversiones es promover la desinversión crítica.
Se trata de identificar las conexiones entre las empresas violadoras, los bancos y fondos que las financian y nuestras inversiones.
El mundo financiero está controlado por grupos muy poderosos y centralizados, que concentran la gestión de los valores económicos de las empresas transnacionales del mundo. Son los grupos responsables de los dramáticos cambios de precios de los productos básicos en toda la economía mundial. Contribuyen poco a la “economía real”, porque se trata de instituciones que no producen: manejan papeles financieros, flujos de información o intermediación de commodities.
Una buena campaña de desinversión sirve también para mostrar cuanto, hoy, la financierización de la economía está alejando cada vez más la economía de la gestión del bien común, de las actividades productivas y de los beneficios para los estados nacionales.
La Campaña de Desinversión en Minería
Es una iniciativa de la Red Iglesias y Minería, una red ecuménica presente en 8 países de América Latina a través de comunidades y organizaciones aliadas. Las entidades que conforman esa red colaboran con varias otras articulaciones en el norte global. La campaña asume el reto de dialogar y actuar, en una corresponsabilidad norte-sur, para el cuidado de la vida y de la Casa Común.
Atentos a los llamados que resuenan en los territorios, la red Iglesias y Minería busca modelos económicos alternativos, más sostenibles, amigables con la naturaleza, con un sólido “soporte espiritual”, como señala el Documento Final del Sínodo de la Amazonia, en el cual la red participó activamente: “Asumimos y apoyamos las campañas de desinversión de compañías extractivas relacionadas al daño socio-ecológico de la Amazonía, comenzando por las propias instituciones eclesiales y también en alianza con otras iglesias” (Documento Final – DF, n. 70).
En este sentido, la Campaña de Desinversión en Minería dialoga con las congregaciones religiosas, las diócesis de la Iglesia Católica, las instituciones de otras iglesias cristianas y otros grupos religiosos.
La mayoría de las organizaciones de fe intentan considerar criterios éticos en el uso de su dinero. Generalmente, ponen recursos en fondos de inversión manejados por un administrador, bajo políticas de responsabilidad social y dichos criterios. Sin embargo, dentro de los paquetes accionarios no pocas veces se encuentran inversiones en empresas mineras con malas prácticas, que probablemente no son conocidas por los inversionistas. Por ello, la campaña intenta dar a conocer las violaciones a estas organizaciones y advertirles para que no apoyen, directa o indirectamente, con su dinero, a las empresas responsables.
El retiro del dinero no es lo único, ni el principal objetivo. La campaña, busca, sobre todo, que las iglesias conozcan y escuchen el grito de las comunidades afectadas por la minería. Que comprendan las estrategias y prácticas utilizadas por las empresas para obtener la licencia legal y social para sus operaciones. Y que las iglesias estén vigilantes con respecto a las tentativas de seducción operadas por las corporaciones, intentando “comprar” su apoyo y bendición.
Conocemos algunos casos, muy bien intencionados, que apuestan por “presionar desde dentro”. Creen con ilusión que, al tener un buen número de acciones en una determinada corporación, una organización religiosa podría influenciar en su conducta y “convertirla” al respeto prioritario del bien común y de los derechos socioambientales. Nuestra experiencia a ese respecto es lamentablemente crítica. La amarga repetición de las violaciones ha traicionado casi siempre nuestras ilusiones; no creemos en las autodeclaraciones de eticidad de las multinacionales, ni en la promesa de un “capitalismo inclusivo”, como han garantizado al Vaticano compañías como British Petroleum (BP), Bank of America y Allianz SE, entre otras.
Pensar que podemos convencer al mercado para que cambie espontáneamente sus reglas, que en el mundo financiero responden exclusivamente a la maximización de lucros y dividendos, es una quimera. Desde nuestra experiencia, el camino eficaz para regular el mercado es a través de mecanismos vinculantes, determinados por leyes y normas globales y fiscalizados por agentes externos a las corporaciones, como por ejemplo propone la iniciativa, en la ONU, del Tratado Vinculante Empresas y Derechos Humanos.
¡No podemos más fingir que todo está bien! Como dice el Sínodo de la Amazonía: “Tal vez no podamos modificar inmediatamente el modelo de un desarrollo destructivo y extractivista imperante, pero, sí tenemos la necesidad de saber y dejar en claro: ¿Dónde nos ubicamos? ¿Al lado de quién estamos? ¿Qué perspectiva asumimos? ¿Cómo trasmitimos la dimensión política y ética de nuestra palabra de fe y vida?” (DF, 70).
Ayúdennos a hacer conocer la Campaña de Desinversión en Minería (https://divestinmining. org/). Verifiquen: ¿cuáles son los códigos éticos que orientan la inversión de dinero de sus iglesias, o de las congregaciones religiosas que más les inspiran?
¡Trabajemos juntos y juntas para que nuestra relación con el dinero sea coherente, sea cada vez más un testimonio de nuestros valores evangélicos!
Agenda Latinoamericana Mundial 2022
