El pasado 1 de mayo, el Infonavit celebró su 50 aniversario de ser uno de los pilares de la seguridad social del Estado mexicano. Su historia sintetiza el logro de la lucha obrera para formar un patrimonio propio. A la fecha, la institución ha otorgado millones de créditos y ha tenido un impacto profundo en la vida de las familias y ciudades mexicanas. Este artículo es el primero de una serie de cuatro en los que explicaré la transformación del Infonavit en estos años.
En sus inicios, el Infonavit fue el gran constructor de vivienda en el país. En 1973, carteles de la época anunciaban que se construía la unidad habitacional El Rosario, en la Ciudad de México, y había “9,165 viviendas en proceso”. Y así en cada estado de la República se inició alguna unidad o conjunto habitacional para los trabajadores. Para dejar un dato, en el país 214 colonias, 285 unidades habitaciones y 117 fraccionamientos llevan en su nombre al Infonavit. Hacia finales de los ochenta, se terminó la promoción de vivienda y la construcción por parte del Instituto por ser incosteables, además de que la Institución estaba capturada por grupos de interés que usaban la vivienda como prebenda política.
Durante los años noventa, se reformó la ley para consolidar al Infonavit como organismo fiscal autónomo, hipotecaria social, e institución complementaria al Sistema de Ahorro para el Retiro. Lo anterior, implicó una fuerte reorganización interna para establecer un sistema de crédito que fortaleciera las finanzas del Instituto a través de ahorradores portadores de cuentas individuales, abriendo así la participación de organizaciones en el desarrollo urbano. A la par, la descentralización de funciones llevó a que se constituyera al municipio como autoridad en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, sin que ello se acompañara con la fortaleza financiera para dicha tarea o capacidades técnicas para ello.
En la primera década del siglo XXI, se impulsó un modelo de vivienda autoritario e irracional. Se pensó en el concepto de “ciudad dormitorio”, como si se pudiera separar el derecho a la vivienda del derecho a la ciudad o cualquier otro aparejado. La mancha urbana se expandió por encima del crecimiento poblacional y se construyeron centros de población en los que no había garantía de servicios públicos, transporte o centros de salud. Este modelo expansivo tuvo como resultado el abandono de las viviendas y la consecuente pérdida patrimonial para las familias.
Por ello, el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 impulsado por la Sedatu establece que toda vivienda debe cumplir con los siguientes elementos: seguridad de la tenencia de la propiedad, ubicación, habitabilidad, asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad de servicios y adecuación cultural. Además, las políticas de suelo y de ordenamiento territorial se armonizaron con el fin de evitar la expansión sin sentido de las ciudades, para que se respeten las áreas naturales y ecológicas, se privilegie la construcción en zonas de bajo riesgo y se impulse la creación de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Además, la reforma a la Ley del Infonavit de 2020 impulsada por el presidente López Obrador establece que se debe verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia urbana, ecológica y de riesgos a la hora de evaluar los créditos que se otorgan a los afiliados al Instituto. Con todo lo anterior como antecedente, en mayo de 2021 se aprobó el modelo de Zonas de Consolidación Urbana (ZCU), que permite evaluar la vivienda en su entorno y en función de los satisfactores urbanos.
Este nuevo modelo coloca el derecho a la vivienda como eje principal y habilitador del ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, no es posible el ejercicio efectivo del derecho a la educación si no hay una escuela cerca. Por ello, se establece que toda vivienda o terreno financiado mediante crédito Infonavit debe contar en un radio de 2.5 km con escuelas, centros de salud, centros de abasto y acceso a vías primarias de comunicación, entre otros. Adicionalmente, cada vivienda debe contar con servicios completos como agua y luz, cosas que parecerían indispensables pero que no se exigían.
Esto representa un parteaguas en el desarrollo urbano del país: las autoridades locales podrán evaluar de forma más sencilla los desarrollos de vivienda a la vez que la necesidad de servicios próximos lleve a la verticalidad en ciudades grandes y medias. Adicionalmente, el trabajador contará con los elementos básicos para su bienestar y el Infonavit contará con mejores garantías de crédito. En los siguientes años, tendremos la oportunidad de atestiguar los efectos positivos que esta Reforma y sus beneficios heredará al país en materia de vivienda.
Infonavit 50 años: Créditos baratos para viviendas de calidad
En esta segunda edición para reflexionar sobre los 50 años del Infonavit, abordaremos la evolución de la política crediticia. En primera instancia, debe señalarse que, al momento de su creación, se dijo que la meta era otorgar 100 mil créditos anuales, dando como resultado que en 50 años se proyectara una colocación mínima de 5 millones de créditos. El Instituto superó esa meta, pues a la fecha ha beneficiado a 12 millones de familias. Por lo anterior, explicaré la evolución del crédito en estas cinco décadas.
En los primeros años de servicio, el Infonavit promovió un esquema de crédito en pesos con una tasa de interés fija del 4% a un plazo de 20 años. Estos créditos estaban limitados y sujetos a la disponibilidad de los fondos que tuviera el Infonavit. Se realizaban sorteos y el acceso en la sociedad se asimiló como “obtener una casa” del Infonavit en vez de “acceder a un financiamiento”. En la década de los 80, casi cualquier esquema de crédito se volvió insostenible a largo plazo por los elevados niveles de inflación y la consecuente pérdida de valor del peso mexicano. Fue así como, en 1987, el Infonavit cambió su esquema de crédito en pesos a uno que otorgara una cantidad de recursos nominados en Veces Salario Mínimo (VSM); con ello se argumentó que se podría prestar a más personas al fijar en esta medida el valor del crédito.
Este esquema de créditos además suponía que el sueldo de los trabajadores tendría un crecimiento en el tiempo y que lograrían amortizarlo en un periodo máximo de 30 años. Estos supuestos estuvieron lejos de cumplirse. Por el contrario, para muchas familias significaron que sus saldos crecieran cada año sin que ello se reflejara en un aumento a su salario. En los primeros años de la primera década del siglo XXI, el país había logrado controlar la inflación a cifras de un dígito, por lo que el mantenimiento de los créditos indizados al salario fue totalmente injustificable.
No obstante, fue hasta 2016 en que se desliga el salario mínimo como unidad de indexación para distintos aspectos de la economía, con una reforma la Ley del Infonavit y la aprobación del primer esquema de crédito en pesos. Este crédito nació con una tasa de interés del 12% y con un esquema de pagos progresivos los primeros años de vida del crédito. Esta progresividad aplicaba para las personas de menores ingresos, de tal manera que empezaran pagando una mensualidad baja y una tasa efectiva menor y fuera aumentando cada año durante ocho periodos.
El esquema, que en principio resultaba atractivo, privilegió el acceso sobre la sustentabilidad del crédito. Si bien eliminaba la incertidumbre sobre la cual crecería el monto del pago, descansaba sobre el supuesto de que las personas podrían pagar una mensualidad más alta cada año, una vez más haciéndose dependiente de una carrera salarial creciente con aumentos de al menos 4% anual.
Esas ideas, en combinación con un esquema agresivo de subsidio federal a los enganches, apostaban a garantizar acceso a la compra de la vivienda, dejando altos riesgos financieros por cubrir durante la vida del crédito. Los datos del Infonavit muestran que las carreras salariales de los trabajadores de bajos ingresos duran en promedio seis años y que posteriormente existe un riesgo de que, al cambiar de empleo, encuentren uno con menor remuneración. Es decir, a la larga no podrían pagar la mensualidad o terminarían destinando mayor parte de su salario a ello.
En la presente administración, se ha puesto como objetivo que los créditos sean sustentables y se elimine la idea de que el Infonavit perjudicaba a los trabajadores con estos esquemas financieros. En particular se ha roto el paradigma de prestar indiscriminadamente sin considerar el efecto nocivo, o al menos riesgoso de largo plazo que un préstamo financieramente muy caro puede tener para las personas que lo suscriben. En 2020, el Presidente López Obrador propuso una reforma a la Ley del Instituto que transformó de raíz la política de crédito. Entre otras cosas, se eliminó la restricción de que sólo se tenía derecho a dos créditos a lo largo de la vida: ahora se pueden solicitar cuantos créditos necesite una persona afiliada, siempre y cuando pague el anterior. Eso nos obligó a diseñar un esquema de pago sencillo y ágil que diera oportunidad a las personas de financiarse para distintos objetos relacionados con la vivienda a lo largo de su vida.
En mayo de 2021, se puso en marcha el nuevo esquema de crédito en pesos, que a la fecha ha beneficiado a más de 270 mil familias. En primer lugar, se disminuyó la tasa de interés con una lógica progresiva, en la que paga mayor tasa quien tiene mayor salario, con una tasa máxima de 10.45%. Contrario a los bancos que tienden a negar o encarecer el préstamo para quienes más lo necesitan, el Infonavit otorga créditos a una tasa del 2% a quien gana un salario mínimo. En segundo lugar, se diseñó un esquema financiero que permite que las mensualidades sean congeladas. Y, por último, se estableció que la cuota patronal del 5%, durante la vida del crédito, prepague el capital, reduciendo así el plazo de pago.
La reforma implica que ahora, quien ya no cotiza activamente el el Infonavit,pero alguna vez lo hizo y tiene una cuenta en el Instituto, pueda acceder a un crédito de vivienda. Por ello, se puso en marcha el esquema de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario que permite, a quien tiene un ahorro en el Instituto, obtener un crédito cofinanciado con la banca para adquirir vivienda nueva o existente. El objetivo es que los trabajadores utilicen el recurso de su cuenta de vivienda para aumentar el monto de su enganche y así acceder a un mejor crédito con los bancos.
Finalmente, en congruencia con el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, se sentaron las bases para un sistema de financiamiento a la autoproducción de la vivienda. A través de ConstruYo, los trabajadores acceden a créditos directos para hacer su casa en terrenos familiares o propiedad social, siempre y cuando se demuestre la posesión segura del inmueble. Y, por otro lado, a partir de abril de 2022 se puso en marcha el Crediterreno Infonavit para adquirir un lote y que poco a poco el trabajador y su familia construyan su casa a su gusto y necesidades.
Así, el Infonavit celebra su 50 aniversario con nuevos esquemas de financiamiento y en las mejores condiciones para los trabajadores, sobre todo aquellos que menos tienen y más lo necesitan.
Director General del Infonavit
