La única vía de atacar la violencia en México es fortalecer el Estado de Derecho y terminar con la impunidad, dice la antropóloga estadounidense Maureen Meyer, vicepresidenta de Programas de WOLA
San José. – La antropóloga estadounidense Maureen Meyer vivió 19 años en México, de 2001 a 2020, y estudió a fondo las entrañas de la violencia que hoy estremecen a la sociedad mexicana. De 2006 a 2020, Meyer dirigió el programa de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por siglas en inglés), institución no estatal de Estados Unidos para la defensa de los derechos humanos.
En ese cargo, Meyer analizó las políticas de seguridad de EU y México y su nexo con la violencia ligada al crimen organizado, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. De 2001 a 2006, laboró en la capital mexicana con el (no estatal) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En 2020 asumió como vicepresidenta para Programas de WOLA. Desde la capital estadounidense concedió ayer una entrevista telefónica a EL UNIVERSAL para evaluar el agravamiento este mes de la crisis de inseguridad en México.
México cayó a otra ola de violencia criminal. ¿Qué demuestra, en cuestión de seguridad, esta situación?
—Sin duda es muy preocupante esa última oleada de violencia, que no es nueva. Los brotes de violencia severa y conflictos abiertos en ciudades mexicanas llevan sucediendo desde el gobierno de https://www.eluniversal.com.mx/mundo (2006-2012), o sea tres sexenios con diferentes olas de violencia.
Pero siguen preocupando porque lo que muestran es que la estrategia de seguridad no está funcionando y no ha sido capaz realmente de enfrentar de forma eficaz la violencia que azota al país de crimen organizado y de delincuencia común.
Hay que resaltar que la más reciente encuesta de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) muestra que la ciudadanía se siente menos segura que hace unos meses. Hay una percepción generalizada de inseguridad en México que preocupa y muestra que sí hay necesidad repensar la estrategia actual de seguridad del gobierno federal.
Y se vuelve a pensar en que México se dirige a ser un “Estado fallido”. ¿Lo es?
No es la primera vez que se plantea eso. Creo que por más de una década se ha planteado si México es un estado fallido o no. Pero más bien lo que se muestra es que se ha retrocedido sobre todo en diferentes partes de México.
Por un lado, este último brote de violencia, si bien creo es en cinco estados, tampoco es que todo el país está en llamas. Hay que ser precisos en esto. Incluso en las últimas cifras de violencia en México, sigue siendo concentrada en una cantidad de municipios y de estados. No es que todo el país está azotado con ese nivel de violencia.
Esto es un reto de cómo repensar la estrategia de seguridad, pero no de que no hay un Estado que podría tener capacidad de responder a lo que está pasando en el país. Más bien es eso: ¿Qué cambios podría implementar López Obrador en seguridad y fortalecer el Estado de Derecho?
Lo que está en el centro de mucho del por qué hay tanta violencia en México es porque se puede: se puede matar a alguien con impunidad, porque no hay consecuencias.
Por eso es cómo asegurar que hay, no solamente una estrategia de despliegue de fuerzas armadas, que es la actual e incluye a la Guardia Nacional, sino acompañar eso con la capacidad de investigar y procesar a las personas acusadas de delitos en México.
López Obrador anunció este mes que la Guardia Nacional pasará a control de la Secretaria de Defensa. ¿Cree que militarizar es la vía correcta para atacar la crisis?
—La militarización de la seguridad pública a nivel federal empezó antes (del gobierno de Calderón). Justamente dos décadas de poner a los militares al frente del combate al crimen organizado y cada vez más en tareas de seguridad pública muestran que no ha funcionado: la violencia no ha bajado.
En muchos casos estudios muestran que el despliegue militar ha aumentado… incluyendo la violencia. La militarización en sí no ha sido eficaz en atender los problemas de seguridad en México. Hay más preocupaciones. Los policías y los militares no son intercambiables. Tienen diferentes capacitaciones, diferentes funciones y hay muchos riesgos a nivel de derechos humanos.
(Con las fuerzas armadas) es desplegar a soldados capacitados para enfrentar al enemigo usando la mayor fuerza posible, (mientras) que el papel de la policía es tener proximidad con la población, investigar delitos y usar la menor fuerza necesaria para atender un conflicto.
Sí están (en el gobierno de López Obrador) en el camino equivocado. Hay que resaltar que esta propuesta va contra la Constitución Política de México, por las reformas que creó la Guardia Nacional en los inicios de López Obrador. Muestra una preocupación de profundizar la militarización a nivel de seguridad pública en México y dar poderes a los militares que van más allá de su función pública, como su papel en el Tren Maya y otros proyectos de infraestructura, que tampoco les correspondería.
¿Qué opina de la estrategia de seguridad de López Obrador de abrazos y no balazos ante la delincuencia?
—Ha mostrado que no confrontar a los grupos criminales tampoco ha sido una estrategia eficaz. Esa política de ‘abrazos y no balazos’ tendría que repensarse, por un lado, determinando qué es el papel de las fuerzas armadas en este momento en el combate al crimen organizado, y (por el otro), cómo fortalecer a una policía civil en el país, incluyendo a nivel estatal y municipal.
Pensar en cómo tener mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar las crisis de seguridad como las que estamos viendo en ciudades fronterizas actualmente y en Guanajuato.
A la estrategia en sí le ha faltado mucho (definir) cuál es el papel de las fiscalías y cómo asegurar que sí están (en capacidad) de que cualquier persona que sea acusada de algún delito será investigada y procesada con base en evidencia científica.
Desde que Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico y el despliegue militar lo que ha faltado mucho es cómo seguir implementando el sistema de justicia y fortaleciendo el Estado de Derecho en México, incluyendo temas como el combate a la corrupción.
¿Cuál es el impacto en Guatemala y Estados Unidos de la onda expansiva de la actual ola de violencia en México?
—Es una onda peligrosa, porque lo que muestra es justamente una debilidad del Estado de Derecho y que estos grupos criminales creen que pueden operar con impunidad y expandir su presencia sobre todo a Centroamérica sin consecuencias.
Creo que (…) la estrategia de no mantener una presencia de fuerza (militar) en las calles podría a corto plazo tener un impacto, pero se necesita un repensar una estrategia que tiene que ver con más reformas a largo plazo y, sobre todo, cómo fortalecer el Estado de Derecho en el país y combatir la corrupción que fomentan la violencia y los grupos criminales en México.
