Pemex, el gran contaminador en al menos cuatro estados

Durante décadas ha generado importantes ingresos para México, pero también ha causado desastres ambientales que han contaminado aguas y siembras; pobladores aseguran que los derrames han incrementado enfermedades y muerte de fauna

Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los mayores contaminadores del país. El gigante petrolero, motor del crecimiento histórico de México y que hoy goza de un impulso de presupuesto público que busca la soberanía energética, opera sin que haya una remediación completa de los sitios que daña y con serias fallas en la prevención de hechos contaminantes.

Datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que desde 2015 mantiene el inventario de sitios contaminados del sector de hidrocarburos, enumeran 5 mil 777 accidentes de 2016 a mayo de 2022; 3 mil 836, es decir, seis de cada 10, involucran a Pemex y sus filiales Pemex Exploración y Producción (PEP), Perforación, Logística, Refinación y Transformación Industrial (TI). Prácticamente no hay lugar donde la petrolera no haya generado un problema.

El análisis de datos y el trabajo de campo en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tabasco muestran serias afectaciones al ambiente producto de la extracción y distribución de petróleo; campos que perdieron fertilidad, derrames en áreas naturales protegidas, aguas contaminadas, fauna arrasada, fugas masivas por huachicol y enfermedades.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) identifica mil 25 sitios contaminados de 2008 a 2021; 772 cuentan con un programa de remediación. Hasta abril de 2021, la fecha más reciente disponible, 167 seguían sin solución.

De los más de mil sitios contaminados, 655 son lugares atribuidos a la petrolera, ocho de cada 10 sí cuentan con un programa de remediación, pero 138 carecen de él. Las principales causas de sitios contaminados consisten en derrames y fugas.

Una emergencia ambiental consiste en un suceso no deseado, no planeado o inesperado, durante la realización de una actividad, por causas naturales o antropogénicas, que implique la liberación de materiales peligrosos en cantidades tales que ocasione daños a las personas o al medio ambiente, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Un pasivo ambiental es un sitio contaminado que no ha sido remediado y donde pueden encontrarse depósitos de residuos sólidos, de manejo especial o peligrosos, cuyo proceso estipula la legislación vigente.

Este tipo de incidentes tuvieron el segundo pico más alto, desde que se comenzó a generar este registro, en la actual administración federal.

En 2020 se contabilizaron mil 448 accidentes, más del doble de lo que se reportó en 2019, de acuerdo con los datos de ASEA.

En cada año, la responsabilidad de Pemex y sus ramas rebasa la mitad de los sucesos y, en algunos casos, como en 2019, alcanza 70%. A pesar de esa cifra, en 2020 la petrolera no hizo nada por disminuir los daños, al contrario, el número de accidentes en los que se vio envuelta pasó de 459 a 796 en tan sólo un año.

El diluido olor a vainilla

Papantla está ubicado al norte de Veracruz, a 270 kilómetros de su capital. En varias comunidades de la región, el aroma a vainilla es sólo un recuerdo o el relato de un abuelo ante el ahora penetrante olor a hidrocarburo.

En 1957 llegó Pemex a la comunidad Rafael Rosas con los hallazgos de los pozos 7 y 11. Desde entonces, ocho derrames han afectado la parcela de la familia Domínguez, el más reciente sucedió el mes pasado, lo que no sólo ha provocado la pérdida de las cosechas, sino que la tierra se ha vuelto seca y estéril.

Los naranjos han dejado de desprender aromas cítricos y de producir, para convertirse en esferas negras y duras, cargadas de derivados del petróleo.

La compañía del Estado les entrega un pago por los plantíos dañados, pero los agricultores saben que están subvaluados.

El productor Emilio Domínguez Hernández lamenta el silencio de la población ante el problema, y considera que se debe a la intimidación que padecieron años atrás, cuando el Ejército se presentaba a sofocar los reclamos.

“La vainilla la pagaban a cinco pesos la mata; si no tenía fruto no la pagaban. El gestor traía soldados y todos se asustaban. Los reportes eran por 30 o 50 pesos. La vainilla luego tarda tres años para darse y tiene que ser húmeda la tierra. Un naranjo dura 50 años y vale 50 mil pesos; te dan mil.

“Este no es un país justo”, sentencia don Emilio, de 74 años, que ha dedicado su vida al campo.

“Antes esta tierra era suavecita; ahora es dura y no sirve para trabajar, y eso Pemex no lo reconoce. Está todo contaminado”.

Donde antes había árboles de guanábana, zapote chico, lichi y se sembraba jitomate, chile y maíz, ahora está seco o lleno de aceite. Las tierras se muestran negras. Los hidrocarburos de los pozos 7 y 11 se han infiltrado en la tierra, en los pozos de agua y han impregnado el aire de los pueblos de Papantla.

Veracruz es el estado más afectado. De 2008 a 2020 hubo 322 sitios contaminados. En 90% hay presencia de hidrocarburos. Pánuco, Papantla, Coatzintla y Tihuatlán concentran casi una cuarta parte de los sitios contaminados del país, según Semarnat.

Para muchos de los pobladores de Papantla, Pemex dejó de ser una oportunidad de progreso y se convirtió en una maldición.

En este lugar los problemas se suman pueblo con pueblo. A 30 kilómetros del terreno afectado de la familia Domínguez, la maestra Olga Lidia Pérez recuerda el derrame de aguas congénitas en 2014 en la comunidad de Emiliano Zapata, donde sacaban petróleo del arroyo de agua y brotaban peces, tortugas y “perros de agua” muertos.

“Vinieron los de Pemex a controlarlo, pero ya no quedó igual. Hay una historia larga de lo que ha venido pasando aquí. Todo me ha tocado vivir”, narra.

“En Emiliano Zapata, desde 1966, han sucedido explosiones. Yo recuerdo que cuando era niña por los arroyos pasaba lumbre. Conozco en El Chote a unas personas que quedaron marcadas porque se quemaron con el derrame cuando eran niños”.

Además de aquel incidente, la población presenta secuelas por el ruido que generan las diversas líneas de Pemex, como un quemador, que en ocasiones su flama alcanza 50 metros de altura.

“Se escuchaba como si fuera un avión cerquita, las ventanas vibraban y se cuarteaban los cristales de las casas”, recuerda.

La maestra Olga relata que los trabajadores de la empresa estatal alertaron a la comunidad sobre el gas metano.

Los habitantes pueden percibir todas las noches el olor y su salud se ha visto comprometida, ya que han presentado mareos, crisis nerviosas, dolores de cabeza y migrañas.

“La garganta se cierra por el olor a gas. Dicen que otra consecuencia es el cáncer. A mi vecina le dijeron que tenía que irse porque tenía riesgo de aborto; sangraba mucho. Los trabajadores le dijeron que su bebé podría tener malformaciones. Aquí nos han querido desplazar. Nos dijeron que si pasa algo Pemex no va a pagar porque ya está expropiado”, explica.

En más de una ocasión la comunidad se ha manifestado contra los daños que ha causado Pemex en la zona, pero no han obtenido soluciones.

“Existen actas en la agencia porque Pemex ha hecho compromisos y no ha cumplido”, señala la agente municipal de Emiliano Zapata, Galvina Velázquez.

Otro caso. Desde hace 30 años 14 familias obtenían agua de un pozo artesiano en la propiedad de Mario Olaya, pero una fuga de hidrocarburo contaminó el 9 de mayo este suministro.

Con los arroyos y los pozos contaminados, la comunidad compra agua para cubrir sus necesidades básicas, situación que no es fácil ante los escasos recursos económicos.

Una bomba de tiempo

Pablo Ramírez, especialista de Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, atribuye el problema general de Pemex a la falta de mantenimiento de infraestructura y las fallas en la vigilancia ambiental sobre la industria de hidrocarburos.

“La infraestructura funciona de manera cuasi milagrosa. Y eso se convierte en una bomba de tiempo”, expone.

Es importante advertir que si bien toda emergencia ambiental proviene de un accidente, no todo accidente equivale a una emergencia. Los materiales derramados contienen sustancias nocivas para la salud humana, como benceno, tolueno y otras. Por exposición de largo plazo, el primero puede causar alteraciones hemáticas y leucemia mieloide aguda, mientras que el segundo puede afectar el cerebro y provocar la pérdida de la audición y de la visión.

En fauna puede ocasionar muerte por asfixia, aumento de infecciones, envenenamiento y alteración del ciclo reproductivo, mientras que en el agua los materiales disminuyen la entrada de luz e imposibilitan que organismos, como algas y plantas, desarrollen la fotosíntesis.

Ramírez, de Greenpeace, prevé que los incidentes persistirán mientras el gobierno mantenga el apoyo masivo a los fósiles.

“Las comunidades cercanas a la infraestructura y accidentes son las que están principalmente expuestas. Las dependencias están subordinadas a la línea política del Ejecutivo. Existen muchísimas zonas de sacrificio por combustibles fósiles. Mientras no cambie el enfoque de la política energética y se subordine lo ambiental a la política energética misma, la contaminación seguirá”, anticipa el experto.

Huachicol, las tierras infértiles

Otro problema ambiental que emana de Pemex son los derrames por tomas clandestinas. Además de la inseguridad, la pérdida de vidas que las explosiones suelen dejar y los perjuicios económicos para el país, el llamado huachicol tiene una huella ambiental casi inadvertida en los sembradíos quemados, los árboles secos y el suelo cubierto por una capa ligera de combustible.

El 11 de julio pasado, a unos metros de un regimiento de la Guardia Nacional (GN) que vigila los ductos que transportan hidrocarburos en Ulapa de Melchor Ocampo, en Tetepango, Hidalgo, personas no identificadas perforaron un ducto. En su intento por robar gasolina provocaron una fuga y el líquido se alzó por encima de los seis metros de altura, como un géiser.

Han pasado 12 días y el olor a gasolina sigue impregnado en la tierra que vio florecer árboles, que hoy son de color cobre y magueyes, que parece que se hubieran derretido. El olor es penetrante, irrita las fosas nasales y provoca dolor de cabeza.

“Esa tierra ya no sirve para siembra”, dice un campesino que trabaja en una milpa cercana.

Entre 2006 y abril de 2022, Pemex detectó 88 mil 153 tomas clandestinas en los ductos que tiene repartidos por todo el país. El 47% de éstas se dieron en tres estados: Hidalgo, con 19 mil 577, Puebla, con 12 mil 587, y Estado de México, con 9 mil 707.

Un análisis de información que Pemex Logística otorgó vía transparencia, revela que, contraria a la tendencia nacional que marca un descenso en el número de tomas a partir de la estrategia de combate al huachicol, que inició Andrés Manuel López Obrador en 2019, en Hidalgo el delito se fue al alza.

Con Enrique Peña Nieto hubo un total de 4 mil 107 tomas clandestinas, pero a partir de 2019 el estado alcanzó límites históricos. Ha acumulado 15 mil 433 tomas, más de 4 mil por año, pese a la vigilancia del gobierno.

El crimen organizado realiza principalmente la extracción ilegal de combustibles y diversifica su actividad delincuencial. Por el alza en el precio de los combustibles, el huachicol se ha convertido en un negocio ilegal muy redituable.

“Es un cáncer que no deja de expandirse”, dice Aquiles Amador, titular de Seguridad Pública en el municipio de Tlaxcoapan. En este territorio, hace dos semanas una toma clandestina acabó con sembradíos de maíz y de alfalfa, de unos 500 metros cuadrados de extensión. Todavía hay rastro del cultivo quemado; un olor parecido al del escape de un camión de carga y charcos que conservan rastros del combustible. Aquí la tierra, advierte, también quedó infértil.

“Nos enteramos de los casos en donde hay una explosión, del resto no y, sin embargo, la contaminación está presente. La delincuencia organizada ha golpeado ambientalmente a este país”, recalca Jesús Pablo Dorantes, perito de impacto ambiental y contaminación del suelo.

A nivel municipal, Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, es la localidad con mayor presencia de tomas clandestinas en el país, con 3 mil 648, seguido por Altamira, en Tamaulipas, con 3 mil 195 e Irapuato, en Guanajuato, que reporta 2 mil 272. El impacto ambiental es considerable, aunque no suele medirse, por lo que los daños no siempre se solventan.

Pemex aduce que las consecuencias ambientales no son su responsabilidad por constituir intervención de terceros. La reparación queda en manos de la Profepa y la ASEA, a quienes se solicitó entrevista, sin que hayan dado una respuesta.

En términos generales, un derrame suele dañar los suelos, limitando su capacidad de absorber nutrientes o de retener agua; pueden tardar años, incluso décadas en recuperarse. Marco Antonio Moreno, director de la Sociedad Ecologista Hidalguense, calcula que una sola toma clandestina puede hacer perder hasta 10 hectáreas de suelo fértil.

Por si fuera poco, un derrame de gasolina puede tener efectos en la salud, al contaminar el agua que abastece a una comunidad o por la exposición permanente a los gases que produce.

“Los ambientalistas se escandalizan con la minería, pero los accidentes de esta industria no se comparan con todo el daño generado por los derrames de actividades ilícitas en el sector petrolero”, advierte Pablo Dorantes.

Zona contaminada

Hace cinco años se multiplicaron en medios las imágenes de personas de la comunidad de San Francisco Tláloc cargadas con bidones de diesel que recogían de una fuga de combustible.

Este lugar, que es junta auxiliar del municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, fue uno de los epicentros del huachicol en México entre 2017 y 2019. El problema creció exponencialmente durante la década pasada y colocó a Puebla entre los tres estados con el mayor número de tomas clandestinas en todo el país, junto con Hidalgo y Guanajuato.

Una de las estrategias utilizadas por los huachicoleros para el robo de combustible fue perforar ductos y avisar a la comunidad para que recolectaran el combustible que brotaba a borbotones; después, los huachicoleros compraban los litros recogidos.

En ese entonces, una zona de Puebla fue identificada como El triángulo del huachicol, y aunque Tlalancaleca no entra en esas coordenadas, estos grupos también llegaron a sus tierras.

El reportero visitó el lugar en compañía de policías de Puebla. Aunque la zona registra menor violencia que hace unos años, vive en una calma tensa.

Vecinos, autoridades, soldados y policías del lugar reconocen que la dinámica del crimen organizado ha cambiado. Con el arranque de este sexenio federal se cerró el flujo al tránsito del combustible; ahora roban gas, que Pemex también transporta.

Ha pasado un lustro, y a pesar de las fugas masivas y del derrame de diesel en el suelo, nadie ha curado las heridas de la tierra, que aún huele a combustible.

Al pararse en el lugar se percibe un olor pegajoso. Meter la mano en la tierra, arrancarle unos pedazos o pasar los dedos por la capa de polvo en el suelo acentúa el olor del contaminante

En este lugar la remediación sigue ausente.

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