Si bien es cierto que fue el Estado mexicano quién los asesinó, sigue siendo el Estado quien impide se logre justicia plena.
Periodista mexicano especializado en asuntos internacionales
El fin de semana pasada se suscitó un importante debate, principalmente en redes sociales, sobre moral y límites del periodismo, en un momento de alta politización social, justo cuando se cumplen 8 años del asesinato de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.
La periodista Peniley Ramírez dio a conocer, en su columna semanal, información sensible sobre el modus operandi, motivos, involucrados y comunicación entre criminales, políticos y militares, antes, durante y después de las ejecuciones y desapariciones de estudiantes, aquel 26 de septiembre de 2014. No era la primera vez que salía a la luz información sensible.
Pero sí presentó, ante la opinión pública, elementos que podrían configurar el destino de las investigaciones, las cuales, evidentemente, deben seguir abiertas, aunque no necesariamente equivaldría a que se haga justicia. No obstante, esa información que presentó la periodista sin testar, se supone, ya la sabían los padres de los estudiantes y por supuesto quienes imparten la justicia en México, el presidente les prometió mostrarles la verdad, por más dolorosa que fuera.
Subraya la crueldad y el nulo humanismo de quienes definieron uno de los episodios más oscuros de nuestra historia moderna, pero, sobre todo, el papel aberrante de miembros del Ejército al dar la orden de asesinar a 6 normalistas después del 27 de septiembre, y del posible ocultamiento de restos en las instalaciones del 27 batallón de infantería ubicado en Iguala. Esto implica reorientar la mirada en aspectos centrales de la investigación y sobre los culpables.
La información le fue filtrada a Peniley, desde la Fiscalía General de la República, lo cual desató un linchamiento mediático contra ella de forma injusta y fanática, ya que en ninguna democracia, el periodista debe ser el objeto de ataques, y mucho menos cuando lo que se puso sobre la mesa fue parte de la verdad, una verdad que trata de desenmascarar el involucramiento del Ejército.
Al contrario, si la filtración buscaba golpear a las instituciones que investigan o que ejecutan, es otro problema que corresponde a los mismos pleitos internos de los órganos de gobierno e impartición de justicia; pero acusar a quien pone la verdad sobre la mesa desde un trabajo periodístico, es absurdo después de 8 años de investigaciones infructuosas.
Aunque en todo momento se debe cuidar la dignidad de los afectados, también es crucial que se conozca cómo están trabajando las diversas instituciones y responder a la pregunta de si se sigue ocultando, o no, la verdad y protegiendo a miembros del Ejército. Una incongruencia mayúscula de quienes se presumen diferentes, y de izquierda.
Pero el caso se descompuso aún más, cuando otros medios de información, como Proceso y El País, difundían el conflicto interno entre la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa de la FGR (UEILCA, y quien es la encargada de investigar y perseguir los delitos del caso) y su propio titular, Alejandro Gertz Manero, quien promovió 21 exoneraciones de las 83 órdenes de aprehensión previamente efectuadas, de las cuales 16 correspondían a militares.
Esto provocó que el titular de la UEILAC, Omar Gómez Trejo, presentara su renuncia el día de ayer, al no ser tomado en cuenta, lo que generó un problema grave en la credibilidad de las investigaciones, pleitos entre todas las partes y sombra de que persiste la impunidad.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se encuentra entre la espada de lo que significa la protección inminente del aparato militar, y la pared de la verdad y justicia, que exigen los padres y madres de los estudiantes asesinados. Con la renuncia de Gómez Trejo se deja un vacío enorme y una inclinación de que la justicia no llegará completa, al menos en este sexenio.
Nuevamente se enrareció el caso de los Normalistas de Ayotzinapa asesinados, y si bien es cierto que fue el Estado mexicano quién los asesinó, sigue siendo el Estado quien impide se logre justicia plena. Aún falta conocer el posicionamiento de los padres y madres sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y todo este desaseo del caso que se ha dado en los últimos cinco días.
