Arzobispos de Chicago y Nueva York se pronuncian ante iniciativa del gobierno de Biden para penalizar a hospitales católicos que no apliquen operaciones de «reasignación de género.
Por: Blaise Cupich y Timothy Dolan
(ZENIT Noticias / Chicago-Nueva York).- El gobierno de los Estados Unidos promueve una nueva iniciativa en la que penalizan a los hospitales confesionales que no apliquen las operaciones conocidas como de «reasignación de sexo». Al respecto se han pronunciado los arzobispos de Chicago y Nueva York en un artículo publicado en conjunto y que ofrecemos a nuestros lectores de ZENIT.
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En la actualidad, uno de cada siete estadounidenses que necesita atención hospitalaria la recibe en un centro católico: un total de casi 115 millones de visitas a hospitales católicos cada año. Lo hacen sabiendo que recibirán una excelente atención médica y que serán tratados con dignidad, respeto y acogida.
Como ha dicho el Papa Francisco, «todo centro sanitario, especialmente los de inspiración cristiana, debe ser un lugar donde se practique el cuidado de la persona y donde se pueda decir: “Aquí no se ven sólo médicos y pacientes, sino personas que se acogen y se ayudan mutuamente; aquí se puede experimentar la terapia de la dignidad humana”».
Eso es cierto para todas las personas que acuden a nosotros, sin importar su edad, sexo, origen racial o étnico o religión. También es cierto para las personas que se identifican como transgénero. Recibirán el mismo trato que cualquier otro paciente. Los hospitales católicos no discriminan a nadie y hacerlo sería ofensivo para el ministerio de curación abrazador y expansivo de Jesucristo. Sin embargo, si los centros sanitarios han de ser lugares en los que los pilares gemelos de la fe y la ciencia se mantienen unidos, entonces estos centros y sus trabajadores no deben ser coaccionados por el gobierno para violar sus conciencias.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (H.H.S.) ha propuesto nuevas normas para aplicar el artículo 1557, la disposición de no discriminación de la Ley de Asistencia Asequible. Prohíbe, con razón, la discriminación por razón de sexo en la atención sanitaria. Apoyamos de todo corazón todos los esfuerzos para garantizar que todos, sin excepción, reciban la mejor atención sanitaria que les corresponde.
Sin embargo, según esta nueva norma propuesta, se consideraría discriminación que un centro de salud o un trabajador se opusiera a realizar procedimientos de transición de género, independientemente de que esa objeción sea una cuestión de creencias religiosas sinceras o de juicio clínico. Se trata de una coacción gubernamental que se inmiscuye en la libertad religiosa de los centros sanitarios confesionales. Este mandato amenaza los derechos de conciencia de todos los proveedores y trabajadores de la salud que han discernido que participar en, o facilitar, los procedimientos de transición de género, es contrario a sus propias creencias.
Las personas de muchos credos, o de ninguno, pero con profundas convicciones personales, pueden encontrar estos procedimientos profundamente preocupantes, y sus derechos constitucionales merecen ser respetados. En una sociedad que protege el libre ejercicio de la religión, no se puede esperar que los proveedores de atención sanitaria religiosa violen las enseñanzas de su religión como condición para continuar con su atención, y no se puede esperar que los trabajadores sanitarios religiosos violen sus conciencias como condición de empleo.
¿Objetar la realización de procedimientos de transición de género, pero acoger a los pacientes que se identifican como transgénero constituye una discriminación? Por supuesto que no. El enfoque de tal objeción se centra completamente en el procedimiento, no en el paciente. Prohibir la extirpación de un órgano sano y funcional no es discriminación, siempre y cuando se tome la misma determinación para cualquier persona de cualquier sexo o género, lo cual es cierto en los hospitales católicos.
El reglamento propuesto no codifica los derechos de los proveedores confesionales a rechazar procedimientos basados en la conciencia, como hacen otras leyes federales. Por el contrario, sostiene que el H.H.S. se reserva el derecho a decidir si, a pesar de esas protecciones de conciencia existentes, puede obligar a los proveedores confesionales a violar sus creencias. Teniendo en cuenta que el gobierno está luchando actualmente contra las sentencias judiciales que sostienen que violó las leyes de libertad religiosa la última vez que trató de imponer un mandato como éste, es razonable no confiar en el compromiso del departamento de interpretar estas leyes para proporcionar protecciones de conciencia apropiadamente robustas.
Apoyamos los esfuerzos de H.H.S. para garantizar que todas las personas reciban una atención sanitaria de alta calidad. La Iglesia ha apoyado la atención sanitaria universal como un derecho humano básico durante más de un siglo. Llevamos mucho tiempo proponiendo principios morales para discernir la política sanitaria: Debe respetar la vida y la dignidad de cada persona, ser accesible para todos, honrar los derechos de conciencia, ser verdaderamente asequible y ser integral y de alta calidad.
Por la misma razón, los hospitales católicos y los trabajadores de la salud no deben ser castigados por sus convicciones religiosas o juicios clínicos. Instamos a H.H.S. a reconsiderar su mandato erróneo.
La promesa del hospital católico refleja la promesa de la fe católica. Es un lugar de curación. Es una institución que ha surgido de la fidelidad cristiana a Jesucristo, que curó a los enfermos y cuidó de los pobres. Nos motiva nuestra fe en el Dios que hace nuevas todas las cosas.
En Cristo, Dios se hizo carne, sufrió, murió y resucitó. Jesús nos muestra lo que es ser humano y cómo cuidar verdaderamente de los demás. Esta visión de amor sacrificado y de servicio es nuestro único mandato.
