Alguien falta a la verdad
La circular obispal 16/2022 ilustra parte de los desacuerdos entre el clero de altos ingresos y el poder civil en relación al patrimonio disputado desde hace varios decenios. El texto firmado por Javier Navarro Rodríguez, obispo, y José Antonio Oseguera Barragán, secretario canciller, del 23 de septiembre de 2022, sugiere que una de las partes miente.
En la citada circular, Navarro & Oseguera, expresan su extrañamiento porque el 21 de septiembre, Alfredo Ramírez Bedolla, en vez de entregar a la Iglesia el terreno e instalaciones del Centro de Salud (Niños Héroes y Justo Sierra), abanderó las obras de remodelación para el funcionamiento del Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAME) del gobierno estatal.
De la emisión de esa circular, los fuertes comentarios de los sacerdotes -no todos, unos han sido más prudentes- y la colocación de dos enormes lonas con la leyenda: “No aprobamos el bloqueo” han pasado más de 30 días sin que el gobierno estatal aclare explícitamente su posición. El gobierno municipal no necesita explicar nada pues su vinculación con el alto clero es estrecha; pese a ser autoridad civil, actúa como parte de la iglesia.
Resalto los argumentos centrales del documento obispal (16/2022): 1) Desde finales del siglo XIX el gobierno federal concedió a la Iglesia la administración del terreno comprendido en el polígono 5 de mayo – Niños Héroes – Ocampo – Justo Sierra; 2) Es un terreno de propiedad federal; 3) La iglesia tiene proyectado construir sacristía, oficinas, sanitarios, consultorios para emergencias, estacionamiento, etc.; 4) En esa área, el gobierno municipal construyó la Casa de la Cultura (1984) y “se demolió hace 8 años”; ahí se construyó el Centro de Salud (1961) “que ya no va a operar como tal”; 5) Desde Cárdenas Batel hasta Ramírez Bedolla, la diócesis ha reiterado la petición de reubicar al Centro de Salud y ofrecido terrenos para su construcción en otro lugar; el 10 de marzo de 2022, en Casa de Gobierno presentamos el proyecto y recordamos la “devolución del espacio federal ocupado por el Centro de Salud (…) el gobernador se mostró favorable al proyecto y nos animó a seguir adelante”; 6) el 7 de mayo envié carta al gobernador precisando: “ … nos convendría tener el documento de entrega, que Usted mismo había sugerido, pero el 13 de mayo, Ricardo Bernal Vargas (Patrimonio Estatal) nos escribe: “… el inmueble, propiedad del Estado de Michoacán que solicita, ya se encuentra destinado a oficinas estatales”; luego, el 29 de agosto, Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno, me informó que “el espacio que desocuparía el Centro de Salud sería utilizado para atender personas con problemas de adicción al alcohol o a las drogas”.
Esta carta ha sido leída y comentada (en los más diversos tonos) en todos los establecimientos de la iglesia; en misas y rosarios (perdón, no distingo un evento de otro) ha sido abordado el punto. En unas parroquias con más mesura que en otras, sin llegar al linchamiento moral de Bedolla desde el púlpito, reiterando en “poder recuperar el terreno” y divulgando esta versión “oficial” del obispado.
No autorizamos el bloqueo
La oración no es ningún saludo a Ramírez Bedolla. Sin decirlo con palabras directas, se alude a “alguien” que no es Carlos Soto pues él ha respaldado en todo a la Iglesia, desde que era síndico municipal.
¿Quién ha “bloqueado” cuál “proyecto”? Si su proyecto inmobiliario es el gran estacionamiento subterráneo, y si trabajadores del Centro de Salud, vecinos del área próxima a la Inconclusa (Santuario), activistas ambientales y algunos medios (impresos y/o digitales) han cuestionado la ostentosa inversión inmobiliaria, entonces, sí. Si hay católicos, personas de otras iglesias, también ateos, que han criticado ese oneroso propósito.
¿Qué o cómo entender el mensaje de los empresarios inmobiliarios del alto clero? ¿Ellos “no autorizan” que se obstaculice su inversión?
Sólo se ha solicitado -a veces exigido- que el negocio eclesial cumpla las normas mínimas a que se somete a toda persona física o moral que construye: contar con licencia de construcción (obvio, permisos de excavación, acumulación y transporte de materiales), si la obra tiene determinadas dimensiones (altura, profundidad) puede requerir manifestación de impacto ambiental; si se trata de un monumento histórico y las maniobras de construcción afectan a otro edificio de valor histórico y social (El Centro de Salud), es preciso el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); debe -es requisito indispensable- mostrar la ´propiedad, posesión (algo) legal del terreno.; también es condición -en cualquier otra obra- que se coloque de modo visible la razón social de la empresa constructora y el nombre del perito albañil o ingeniero responsable de la obra.
Y lo más relevante: el valor social de los servicios prestados, ¿importa más el estacionamiento de los funcionarios del clero que los consultorios médicos?
Entonces, la empresa inmobiliaria del alto clero, ¿“no autoriza” que le exijan acatar lo que cualquier persona física o moral debe cumplir?
Adjudicación de la posesión pacífica … ¿de un terreno sin dueño?
No sorprende que el alto clero halle y pretenda apropiarse de “bienes sin dueño”, sí es maravilloso que la autoridad estatal acepte tal argumento.
En el juicio civil entablado por Raúl Ventura Navarro, a nombre de la Asociación “Pro Construcción de la Obra Inconclusa” alega que se trata de un “predio urbano ignorado” del que no existe un registro a favor de persona alguna en la Dirección de Catastro y/o ante el Registro de la Propiedad Raíz en el estado.
Se trata de un espacio de 1,765.42 metros cuadrados que tiene estos límites: 40.58 metros al norte (Melchor Ocampo); una línea quebrada de 4.10, 35.81 y 2.38 metros al sur que linda con el Centro de Salud; 41.90 metros al oriente, calle Niños Héroes; y, 43.13 metros al poniente limitando con el Santuario Guadalupano. Se omite la calle que separa al santuario del Centro de Salud.
De tal terreno, donde los empresarios de la fe demolieron la Casa de la Cultura, Raúl Ventura Navarro, pide reconocimiento judicial de la posesión real y material por la vía de jurisdicción voluntaria civil.
Ventura Navarro argumenta que “desde el 1 primero de febrero de 2013 ha realizado todas las acciones necesarias para mantener limpio y bajo resguardo el inmueble, cubriendo los datos y acciones necesarias, actos que se han hecho a la vista de todas las personas y siempre de buena fe” (Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Distrito Judicial de Zamora, expediente 33/2021, archivo 10).
En el mismo texto agrega que “… la posesión del inmueble, objeto de las presentes diligencias, se ha mantenido de forma constante sin que haya sido interrumpida por alguna persona y/o autoridad, pues es del conocimiento público la posesión que detenta (…) sobre el inmueble en cuestión” (ibid).
Luego, como sustento de ´presunción de poseer de modo pacífico y público los 1,765.42 metros de tierra, dice que destruyó la Casa de la Cultura. Bueno, no lo expresa de ese modo, pero se entiende:
“Entre los actos que se han realizado (…) se encuentra la demolición y limpieza de los escombros que se encontraban en el inmueble, acciones que de acuerdo a la ley requieren la autorización de la administración pública (…). El primer permiso para la demolición y desmontaje fue solicitado el 10 de marzo de 2013 y posteriormente el 21 de julio de 2016” (ibid).
Resalto estas notas: 1) Raúl Ventura Navarro aportó como evidencia de “posesión pacífica” el haber destruido la Casa de la Cultura con la anuencia de la administración (2012-2015) encabezada por Rosa Hilda Rodríguez, alcaldesa, y Carlos Alberto Soto Delgado, síndico entonces, y actual presidente municipal; 2) el Consejo directivo de la Asociación estaba formado por Martha Ofelia Linares Ascencio, presidente; Arturo Laris Rodríguez, vicepresidente; Sergio Beltrán Estrada, secretario; Raúl Ventura Navarro, tesorero; Julio Castellanos Ramírez, José A. Anaya Rocha, Carlos Vargas Magaña, Teresa Verduzco Verduzco y Eduardo Cortés Pacheco, vocales (10-05-2010); y en la más reciente integración y “ratificación de poderes a Raúl Navarro Ventura”, según la reunión del 8 de agosto de 2018 (protocolizada el 17 de febrero de 2020), el Consejo se integra por: Martha Ofelia Linares Ascencio, presidente; Arturo Laris Rodríguez, vicepresidente; Sergio Beltrán Estrada, secretario; Raúl Ventura Navarro, tesorero; Carlos Vargas Magaña y Julio Castellanos Ramírez, como vocales.
Nada fuera de lo normal, sólo subrayo la familiaridad entre los gobiernos panistas y la cúpula eclesial.
Unos y otros, contando con información y/o forma de acceder a datos oficiales, hablan sin pena de un “predio urbano ignorado”, como un chivo o guajolote sin dueño que se hayan en el monto.
Otras dos referencias útiles: Rosa Hilda Rodríguez, además, ocupó un puesto en la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de Michoacán en tiempos de Cárdenas Batel (2002-2008). Ramírez Bedolla como Elías Ibarra Torres pueden alegar, sin justificación, que “apenas van llegando al puesto, que no saben”, pero el caso es de relevancia nacional y Elías Ibarra Torres tiene años en la nómina gubernamental: presidente municipal de Huetamo y Diputado Local en la LXII Legislatura, presidiendo la Comisión de Salud. Además, ahora inicia un segundo tiempo en el mismo encargo, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud
Al 30 de junio de 2021, el juzgado resolvió: “Ahora bien, y no obstante que las presentes diligencias son sin perjuicio a terceros, y no se advierte haya oposición por parte interesada alguna, la solicitante no acreditó la causa de la posesión” (Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, expediente 33/2021).
A reserva de conocer el juicio en todas sus partes, de entender la complicidad del gobierno estatal, parece claro que el gobierno estatal, sea Vallejo (PRI), Silvano (PRD) o Bedolla (Morena), no tuvieron ni tienen la intención de defender el patrimonio social.
Zamora, Michoacán, octubre 22 de 2020
