Los pasteleros de bodas, los proveedores de adopciones y acogidas religiosas, los empleadores religiosos que buscan mantener su identidad de fe, las agencias de vivienda basadas en la fe… todos corren un mayor riesgo de discriminación bajo esta legislación.
(ZENIT Noticias / Baltimore).- El 16 de noviembre de 2022, el Senado de los Estados Unidos votó 62-37 para avanzar en la así llamada «Ley de Respeto al Matrimonio». Se trata de una forma de blindar a la uniones entre personas del mismo sexo. En respuesta, el cardenal Timothy Dolan, de Nueva York, presidente del Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, emitió una declaración:
«Es profundamente preocupante que el Senado de los Estados Unidos haya votado para proceder a la potencial aprobación de la Ley de Respeto al Matrimonio, que esencialmente codificaría el fallo de la Corte Suprema en Obergefell que encontró un derecho constitucional a los matrimonios civiles del mismo sexo.
La Iglesia católica siempre defenderá el significado único del matrimonio como una unión exclusiva y de por vida de un hombre y una mujer. Al hacerlo, nos unimos a millones de lo que el Tribunal de Obergefell llamó “estadounidenses razonables y sinceros” –tanto religiosos como seculares– que comparten esta comprensión consagrada de la verdad y la belleza del matrimonio».
Los senadores que promueven la ley han afirmado que su proyecto de ley enmendado “respeta y protege las libertades religiosas de los estadounidenses”, pero las disposiciones de la ley que se refieren a la libertad religiosa son insuficientes.
Obergefell creó innumerables conflictos de libertad religiosa, pero la Ley sólo ofrece protecciones limitadas. Esas protecciones no resuelven el principal problema de la Ley: en cualquier contexto en el que surjan conflictos entre las creencias religiosas y el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, la Ley se utilizará como prueba de que los creyentes religiosos deben rendirse al interés del Estado en reconocer los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Los pasteleros de bodas, los proveedores de adopciones y acogidas religiosas, los empleadores religiosos que buscan mantener su identidad de fe, las agencias de vivienda basadas en la fe… todos corren un mayor riesgo de discriminación bajo esta legislación.
El proyecto de ley es un mal negocio para los muchos estadounidenses valientes, con o sin fe, que siguen creyendo y defendiendo la verdad sobre el matrimonio en la plaza pública hoy en día. La ley no logra un equilibrio que respete adecuadamente el compromiso de nuestra nación con el derecho fundamental de la libertad religiosa. Los senadores que apoyan la Ley deben dar marcha atrás y considerar las consecuencias de aprobar una ley innecesaria que no proporciona protecciones afirmativas a los muchos estadounidenses que mantienen esta visión del matrimonio como verdadera y fundacional para el bien común.»
