En lo que va del gobierno de López Obrador el techo de la deuda que el Congreso (bajo control morenista) ha autorizado al gobierno creció 127 por ciento.
Repasemos algunas de forma muy breve: “se acabó la corrupción”. Por decreto el presidente López Obrador determinó que por su elevada estatura moral, la corrupción se terminaría con dos simples medidas: la primera, extrangular los presupuestos oficiales, desfondar las partidas presupuestales de todo el gobierno federal y además, de los organismos autónomos. Su lógica, primaria y contraproducente, fue disminuir el efectivo a disposición de funcionarios altos, medios y de todo tipo para cerrar la tentación a los negocios, las concesiones y licencias.
La segunda medida, fue concentrar todas las compras del gobierno federal en una ventanilla única, que reporta al secretario de Hacienda y a la propia Presidencia. Ellos deciden a quiénes les compran, y por supuesto, hay favoritismo a los simpatizantes, donantes y contribuyentes del “movimiento” (4T).
Si a esto agregamos que el 84 por ciento de los contratos con el gobierno se otorga –contrario a lo que establece la ley– sin licitación ni concurso alguno, sino por dedazo superior, la corrupción no sólo no desapareció, sino sólo trasladó a los grupos beneficiados y proveedores de servicios. Sin más.
Otro mito, el de la “desaparición del huachicol”. ¡Ya no hay!, dijo el presidente en más de una ocasión. Pues es falso. Ciertamente se redujo el volumen y la cantidad de combustibles (diésel y gasolina) que se extraían ilegalmente de plantas, refinerías y almacenadoras de Pemex. Pero no se acabó. Y sobran las evidencias para demostrarlo.
Recorra usted las autopistas de Guanajuato, Puebla, Zacatecas –entre otras entidades– donde podrá comprobar a simple vista que aumentaron las “estaciones” clandestinas de venta de gasolina robada.
Un mito más que AMLO repite con frenética obsesión: nosotros no nos endeudamos como los anteriores. No le dejaremos una deuda a los mexicanos. Otra falacia, que se desmorona si usted compara el techo de endeudamiento de este gobierno con los anteriores.
En lo que va del gobierno de López Obrador el techo de la deuda que el Congreso (bajo control morenista) ha autorizado al gobierno creció 127 por ciento.
La cifra que la Secretaría de Hacienda solicitó a la Cámara de Diputados para contraer deuda en 2023, alcanza los 1.2 billones de pesos (un millón de millones y 200 mil millones de pesos). ¿Eso es mucho o poco?
Para tener una perspectiva comparativa, el gobierno de Peña Nieto entregó en el 2018 una deuda autorizada por 493.5 mil millones de pesos.
En el 2019 el gobierno de México recibió un incremento en el techo de deuda muy moderado: 514 mil millones de pesos, apenas 21 mil millones más que la cantidad anterior.
Pero de ahí en adelante, los incrementos han sido sensibles. Para el cuarto año de gobierno está alcanzado un techo autorizado por 127 por ciento (faltan dos años aún).
En los 6 años de Peña Nieto, el techo de la deuda aumentó en 19.3 por ciento. Mientras que en los 6 años de Calderón aumentó en 56.2 por ciento.
Ahora, los gobiernos no siempre cumplen con el techo de la deuda, y más de una vez, se endeudan en cantidades superiores a las que el Congreso les autoriza.
La referencia es la relación con el PIB (Producto Interno Bruto). Calderón alcanzó el 34 por ciento del PIB, mientras que Peña Nieto llegó hasta el 47.5 por ciento.
Hoy López Obrador roza el 51 por ciento del PIB y va por más.
Si realizamos una comparación con el nivel de deuda de otros países, México sigue teniendo una deuda exterior muy manejable. Pide prestado la mitad de lo que produce, y debe en total unos 200 mil millones de dólares (entre Pemex y el gobierno federal) que es una cantidad casi equivalente al monto de nuestras reservas internacionales: 197 mil millones de dólares.
Si comparamos con Estados Unidos, que debe algo así como el 125 por ciento de su PIB, o con Japón, que roza niveles del 250 por ciento de su Producto Interno Bruto, México está en la gloria.
El problema es que el crecimiento económico que representa mayores servicios y beneficios para la ciudadanía se financia de dos formas: con recaudación interna, o con deuda. Nuestra recaudación fiscal es de las más bajas de acuerdo a la OCDE, y ante las graves experiencias de un mal manejo de la deuda en el pasado, México instaló una política muy controlada de deuda internacional. Todo podría parecer adecuado, excepto porque este gobierno prometió lo contrario.
La repetida promesa de que el gobierno de la 4T no se endeuda, se desmorona conforme avanza la administración. A este ritmo podríamos cerrar el sexenio con niveles de deuda superiores al 60 por ciento del PIB. Algo que el presidente niega falazmente todos los días. (El Financiero)
