Un estudio detectó la existencia de unas 350 viviendas construidas sobre el Derecho de Vía de Pemex, muchas de las cuales ya estaban cuando la empresa introdujo la red de ductos
Juchitán.— La zozobra se transforma en miedo en los rostros de Alberta y Macedonia. La lloradera de ojos, la nariz tapada, la tos y el vómito “nos jodieron y por eso, sin pensarlo dos veces, nos salimos del pueblo y huimos del amoniaco, pero ahora ¿cómo viviremos de regreso?, ¿cuándo dejaremos de sentir esa angustia que nos lleva al pánico?”, preguntan.
Frente a ellas, doña Griseyda, quien les facilitó techo y comida en la comunidad de Palomares, luego de que Alberta dejó su pueblo, José María Morelos, de San Juan Guichicovi, y Macedonia abandonó con prisas Juno, en Matías Romero, asienta con la cabeza y trata de animarlas, pero continúan aterrorizadas.
Como ellas, de acuerdo con estimaciones del asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, unas 50 mil personas de 26 comunidades en cinco municipios de la zona norte del Istmo viven en zonas de riesgo, porque bajo sus viviendas hay una red de ductos petroleros.
Un estudio de la dirección de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), hace 22 años, detectó la existencia de unas 350 viviendas construidas sobre el Derecho de Vía de la petrolera, muchas de las cuales ya estaban cuando la empresa introdujo la red de ductos, sobre todo la que transporta amoniaco; en ese entonces, hizo un pago único de mil pesos por el permiso.
Según las áreas municipales de Protección Civil, en la parte sur o planicie del Corredor Interoceánico hay otras 50 mil personas en áreas de riesgo, desde el municipio de El Espinal, pasando por Tehuantepec, San Blas Atempa, San Pedro Huilotepec y Salina Cruz, donde 15 colonias son atravesadas por los ductos petroleros, confirma el edil Daniel Méndez Sosa.
Desde los límites con el sur de Veracruz a la Terminal Marítima de Salina Cruz, en 256 kilómetros, unas 100 mil personas viven en zonas de riesgo, con ductos que transportan petróleo crudo, gas isobutano, gasolina y amoniaco, que funcionan desde hace 50 años.
En las comunidades de la zona norte, que pertenecen a los municipios de Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, Matías Romero y San Juan Guichicovi, al igual que las poblaciones de los municipios de la planicie istmeña, los habitantes enfrentan cada año derrames de gasolina y fugas de amoniaco, junto con explosiones e incendios.
Lamentablemente, dice Carlos Beas Torres, “Pemex no actúa con responsabilidad social y no se hace cargo de los daños ambientales, como la contaminación de ríos y arroyos, así como por la mortandad de peces, aves y mamíferos, quema de pastizales y de la flora endémica, tal y como ocurrió en la última semana del pasado mes de octubre, en la comunidad de El Triunfo, Guichicovi”.
Para el asesor de Ucizoni, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), creada en marzo de 2015 para proteger el medio ambiente en temas de hidrocarburo, es un ente “fantasmal, inexistente y omiso” ante los derrames de crudo en las pesquerías de Salina Cruz y Tehuantepec, así como de gasolina y amoniaco en la zona norte del Istmo.
Hace 33 años, una explosión estremeció las entrañas del suelo donde está asentado el poblado de Tolosita; sin tiempo de reaccionar, un incendio envolvió a los habitantes que huyeron como pudieron, sin plan ni protocolo proporcionado por Pemex. Cuatro años después, en 2003, un derrame de gasolina los obligó a buscar refugio.
En ese entonces, don Ramiro Rudo Velásquez era el agente municipal de Tolosita, tenía 54 años y con el antecedente de la explosión e incendio de 1989, reclamó a Pemex que reubicara sus ductos.
“Tenemos bajo los pies una bomba de tiempo”, dijo entonces. Ahora, 19 años después, los hechos no le permiten cambiar de opinión: “Con Pemex al lado, no es posible vivir con tranquilidad”.
La fuga de amoniaco que se prolongó seis días a partir del 9 de diciembre pasado, provocó el desplazamiento de unas mil 400 personas de comunidades como Donají, Tolosita, Juno y José María Morelos y Pavón; además, causó la contaminación de arroyos, quema de pastizales, extravío del ganado y cierre de pequeños comercios.
“Como autoridad vamos a respaldar las peticiones que realicen ante Pemex los campesinos de José María Morelos y Pavón, que primero sufrieron una fuga de combustible en la última semana de octubre y ahora, otra vez”, indica el presidente de San Juan Guichicovi, Heberto Luis Zacarías, quien recuerda que en todos los derrames y fugas de años anteriores, Pemex no ha respondido.
En lo que alistan sus escasas pertenencias en una bolsa de mandado, “porque ni tiempo tuvimos para traernos otras ropitas”, doña Alberta, de José María Morelos, y Macedonia, de Juno, no se cansan de decir que tienen miedo. “Vamos a regresar a nuestras casas, es cierto, pero la verdad no es vida estar intranquilos siempre. Estamos en un polvorín”, opinan.