En su editorial, el medio recordó que el expresidente Pedro Castillo enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción y crimen organizado
En un editorial, el diario peruano El Comercio criticó el asilo brindado por el gobierno mexicano a familiares del exmandatario Pedro Castillo, quienes «vienen enfrentando investigaciones en el Ministerio Público por actos de corrupción y crimen organizado que deben seguir su curso».
Este relato del gobierno mexicano, que el diario sudamericano consideró falso, dice que «Castillo fue detenido irregularmente y que su destitución fue una venganza de las ‘élites’ peruanas que no querían que él gobernara para el ‘pueblo’. Además de mentiroso, como hemos dicho, se trata de un libreto francamente cínico y que omite toda mención al golpe que nuestro frustrado dictadorzuelo dio en televisión nacional el pasado 7 de diciembre».
También resaltó que «en el Perú no existe persecución política. Pedro Castillo y su cónyuge no son perseguidos políticos, por lo que, por añadidura, no necesitan que ningún país les conceda asilo. Más aún cuando ambos vienen enfrentando investigaciones en el Ministerio Público por actos de corrupción y crimen organizado que deben seguir su curso y no ser interrumpidos por la injerencia de un gobierno que puede ser muy drástico al hablar de la corrupción de sus adversarios políticos, pero que, cuando se trata de sus afines, los trata con guantes de seda».
El Comercio, que pertenece al Grupo de Diarios América (GDA) —del que EL UNIVERSAL también es parte—, destacó que «no hay que olvidar que la fiscalía viene investigando a la ex primera dama desde julio. Que, según un informe del equipo especial del Ministerio Público encargado de las pesquisas contra los allegados a Pedro Castillo, ella habría fungido como ‘coordinadora’ en la presunta organización criminal que habría liderado su esposo».
Recordó «que durante la audiencia judicial en la que se dictó 30 meses de prisión preventiva contra la cuñada del golpista, Yenifer Paredes (luego liberada), y contra el alcalde de Anguía, Nenil Medina, la fiscalía sostuvo que Lilia Paredes y tres de sus hermanos –entre los que se cuenta Yenifer– integrarían la presunta organización criminal que habría logrado amasar más de S/6 millones en obras públicas para municipios distritales como el de Anguía, Chachapoyas, Chadín y Cajatambo”.
Además, concluyó que este caso «no es uno político; es uno de corrupción y así debe de hacerlo saber el Gobierno Peruano ante los intentos bochornosos de México de vender una imagen de nuestro país en el exterior que no se condice con la realidad. Ha sido acertada, en ese sentido, la decisión de (…) de declarar persona ‘non grata’ al embajador de AMLO en nuestro país y darle un plazo para abandonar el territorio nacional».
«En fin, la decisión de AMLO de echarles una mano a Pedro Castillo y a su cónyuge se construye bajo una premisa falsa, sobre un libreto que ignora a sabiendas la realidad de nuestro país, y así debe quedar claro tanto en el Perú como en México», indicó El Comercio.
La cancillería de México dijo este martes que ordenó el regreso de su embajador en Perú, Pablo Monroy Conesa, luego de que fuera declarado «persona non grata» por el gobierno de ese país después de que se le concediera asilo a la familia del exmandatario Pedro Castillo.
A su vez, el gobierno peruano concedió un salvoconducto para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse con asilo a México.
