La propuesta de Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, publicada en la Gaceta ¨Parlamentaria de la Cámara de Diputados, LXV legislatura, año XXVI, número 6174-XII, fechada el martes 13 de diciembre de 2022, se anuncia como una iniciativa que tiene por objeto garantizar el derecho humano a la ciencia.
Bueno, eso es lo que dice, pero si se lee el texto completo y se coloca en el contexto nacional y regional, es posible concluir que la aspiración para que todos: investigadores, choferes del servicio urbano de Zamora, regidores, Don Pepe –el señor que hace el mejor bolillo de todas las Galaxias- y las amas de casa de Valle Dorado, todos y todas tengan asegurado su derecho humano a la ciencia ¡Es un hermoso propósito!
Debo decir que mi condición de simpatizante de Morena y seguidor de Andrés Manuel López Obrador no me limita para entender esa iniciativa como un propósito equivocado de la 4T por centralizar y controlar la investigación científica. Me gustaría estar equivocado, pero, estimado lector, colega profesor: eche un ojo a la nueva ley que se “cocina”.
Adelanto un par de puntos para que “se note” por qué el desacuerdo de algunos académicos: 1) el gobierno decide los planes nacionales de investigación (no está del todo erróneo); y, 2) el nuevo consejo nacional –el manda más en ciencia- tendría dos órganos de gobierno decididos por el ejecutivo nacional: la Junta de Gobierno formada por 13 secretarías de Estado y la dirección general nombrada directamente por el Presidente (artículo 63).
La iniciativa de Ley tiene sus razones: ¿Quién se opone a que la ciencia y tecnología sea un derecho humano? Pero ¿cómo se puede convertir esa palabra en una realidad? De ello hablaremos en una charla con la prensa el miércoles 1 de febrero de 2022 a las 10:00 horas en El Colegio de Michoacán.
¿Qué dice la iniciativa?
El texto enuncia críticas al sentido y modo en que ha operado Conacyt y los Centros Públicos de Investigación. Algunas las podríamos suscribir sin reservas, otras definitivamente deberían ser rechazadas. Desde luego, de modo educado, prudente. Una que nos llega directamente es: “otorgar las becas sin intermediarios” (pág. 28) ¿Qué insinúa, que nos hemos “despachado” con las becas?
Los considerandos, motivos, justificación contienen críticas a lo que ha sido Conacyt en las que podríamos estar de acuerdo como la inversión para solucionar necesidades de la empresa privada con poca aportación de ésta o el gasto excesivo del que dispuso la “burocracia dorada” del Conacyt. Se ha cuestionado que el ex Director General, Dr. Enrique Cabrero Mendoza (CIDE 2004-2012), dispusiera de un chef particular quien le preparaba sus uchepos y sus garbanzas al vapor, o que algunos académicos y funcionarios viajaran en avión de la ciudad de México a Guadalajara y de ahí en taxi o vehículo especial para llegar a Zamora.
La aspiración de que todos tengamos derecho a la investigación, a la educación, a la preservación del medio ambiente, etc. son palabras bonitas sin forma de aplicación concreta (desde esta ley). Me parece que buena parte de las definiciones son «adornos» y que el fondo es un control más centralizado de la investigación a partir de una instancia básica: el Consejo Nacional (art. 63, p. 86) que contará con dos órganos de gobierno y administración, la Junta de Gobierno y la Dirección General.
La verticalidades clara: La Junta de Gobierno se integra por el titular de la Dirección General (la preside) y por representantes de 13 secretarías (SADER, Bienestar, Infraestructura, comunicaciones; Cultura, SEP; energía; SEDENA, marina, etc. No negamos que en la milicia y entre los secretarios de Estado hay personal altamente capacitado, otros no tanto como Leticia Ramírez Anaya. De igual manera, es innegable que se requiere de una buena coordinación y uso honesto de los recursos, pero en el gabinete hay una variada cantera de probidad y un ejemplo es el General Cienfuegos.
Pero, al lado de la formación y antecedentes de los actuales, pasados y futuros ministros, el punto es la dirección vertical y control. Al titular de esa dirección general lo designaría y removería, libremente, el Presidente de la República (art 66, p. 91). Enseguida, dicho Director General fija (ría) las condiciones generales de trabajo del consejo nacional (art. 62, p. 86).
Una leve variante en la composición de esas instancias de decisión surge de la obligación indicada para que este director convoque a 6 representantes de la “comunidad” y de los sectores social y privado con voz y voto para formar parte del consejo nacional. Remarco que la iniciativa de Ley dice: “invitará”. En cambio, puede invitar a las sesiones de la Junta de Gobierno a académicos con voz, pero sin voto (art. 64, p.88).
“Invitará” y “puede invitar” no son simples variantes de lenguaje. Llamar a los sectores social y privado es obligatorio (invitará); convidar a académicos es una posibilidad (puede).
La Junta de Gobiernotiene la atribución de determinar que un Centro Público de Investigación deje de ser considerado como tal (clausurar, cerrar, desaparecer) cuando «en los hechos no realicen investigación; por solicitud de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública a partir de revisiones, evaluaciones; por solicitud de la dependencia coordinadora al Consejo Nacional; como consecuencia de las evaluaciones … y por votación unánime del órgano de gobierno de un centro (una suerte suicidio de los directivos de un Centro Público).
Perdón, me gana la pasión: la iniciativa de Ley jamás usa las palabras clausurar, cerrar o desparecer Centro de Investigación alguno, no. Esos vocablos los usa gente mal pensada (como yo). El texto anota como atribución de la Junta de Gobierno: XII. Constituir, agrupar, fusionar, desincorporar o reintegrar Centros Públicos, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables” fracción XIII, artículo 65, página 90).
¡Madre Santa! ¡Qué mal pensado! Si la Junta de Gobierno aprueba monto de presupuesto, define estructura de plazas (fracción III), si aprueba los criterios del gasto (fracción VIII), si reconoce o no como Centros Públicos a las entidades paraestatales de la administración que así lo ameriten (fracción XII), si establece los procedimientos de evaluación de los resultados sustantivos programados y los efectivamente alcanzados así como su impacto social (XIV) … ¿hace falta escribir que sí puede clausurar un Centro Publico de Investigación?
En cambio, todo lo referente a becas, financiamiento de proyectos, becas y sistema nacional de investigadores, etc. invariablemente el «deberá» está sujeto a disponibilidad presupuestaria y bajo criterios de austeridad republicana.
Para mortificar a mis colegas que tranquilos viven soñando las partes bondadosas de la Iniciativa en Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, transcribo el artículo 76 que es clave en el sistema nacional de Centros Públicos:
“La Junta de Gobierno del Consejo Nacional, a propuesta de la persona titular de la Dirección General, emitirá el Reglamento General del Sistema Nacional de Centros Públicos, así como la demás normativa necesaria para regular lo dispuesto en el presente Capítulo. De igual manera, expedirá las Bases Generales para la profesionalización del Personal de los Centros Públicos, que incluirán mecanismos de acceso y promoción, programas de desarrollo profesional y actualización permanente de las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras, así como del personal técnico y administrativo, con el propósito de garantizar su estabilidad laboral, permitir su adecuado desenvolvimiento profesional, renovación y movilidad, así como reconocer su antigüedad en caso de cambiar de adscripción dentro del sistema nacional de centros públicos”.
En pocas palabras: derechos, principios fundantes, son discursos generales; mientras el cómo y quién decide, es preciso y no hay lugar para los académicos.
Para promover el conocimiento de esta relevante iniciativa invitamos a los medios a una charla el miércoles 1 de febrero de 2022 a las 10:00 horas en la sala de profesores del Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán.
Zamora, Michoacán, 28 de enero de 2023
