Sustraídos sin consentimiento, más de 10 mil menores de Oaxaca de 2019 a 2021: Congreso local

Ante el incremento de casos en Oaxaca, la diputada Mariana Benítez propuso la creación de una orden de protección de menores para que se desarrollen mecanismos de búsqueda y recuperación

Oaxaca de Juárez.– La diputada local Mariana Benítez Tiburcio propuso ante el Congreso del estado la creación de una orden de protección de las infancias para que en casos de sustracción ilícita o sin consentimiento se realice la búsqueda, localización, recuperación y entrega bajo cuidados temporales de su madre, pues de 2019 a 2021 sumaron más de 10 mil casos de este tipo.

Benítez indicó que este tipo de casos han ido en aumento durante los últimos años, pues según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del Inegi, durante 2019 se registraron más de 2 mil 800 delitos de retención o sustracción de menores o incapaces, mientras que en 2020 se contabilizaron 3 mil 526 y en 2021 fueron más de  4 mil casos.

“La sustracción de menores es una forma de violencia infantil, que expone a la niñez a daños psicológicos, además de provocar sufrimiento paras las mujeres cuando sus hijos son arrebatados de manera injustificada”, detalló la 65 Legislatura del Congreso.

La congresista local propuso que en estos casos intervenga la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao) y que se garantice que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados por las autoridades.

Además, sostuvo que cuando no exista un proceso de guarda y custodia en los juzgados, las autoridades administrativas encausen este tipo de conflictos con los jueces competentes para que resuelvan de forma definitiva si la madre o el padre tendrán la guarda y custodia.

Finalmente, la legisladora oaxaqueña expuso que esta orden de protección tiene un efecto disuasorio para evitar que se cometan este tipo de conductas de sustracción que violentan tanto a las mujeres como a la niñez y se dispone que las autoridades administrativas encausen este tipo de conflictos con la autoridad judicial competente para que las personas se conduzcan apegados a las leyes.

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