Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social
El tema de este año se centra en las recomendaciones de Nuestra Agenda Común para reforzar la solidaridad mundial y restablecer la confianza en los gobiernos bajo el lema «Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social». Así pues, la celebración del día este 2023 sirve para fomentar el diálogo con los Estados miembros, la juventud, los interlocutores sociales, la sociedad civil, las organizaciones de las Naciones Unidas y otras partes interesadas sobre las medidas necesarias para fortalecer el contrato social que se ha visto fracturado por el aumento de las desigualdades, los conflictos y el debilitamiento de las instituciones destinadas a proteger los derechos de los trabajadores. A pesar de estas múltiples crisis, hay muchas posibilidades para construir una coalición en favor de la justicia social y desencadenar mayores inversiones en empleos dignos, con especial atención a la economía verde, digital y del cuidado, y a los jóvenes.
Una Coalición Mundial para la Justicia Social
La pobreza y las desigualdades dentro de los países y entre ellos están aumentando en muchas partes del mundo. Las crisis económicas y sociales de los últimos años se han visto agravadas por las consecuencias de la pandemia de COVID-19, los desastres naturales resultantes de la aceleración del cambio climático, las tensiones geopolíticas y los conflictos armados. Estas crisis, al margen de las tragedias humanas que provocan y su impacto en el mundo del trabajo, han puesto de manifiesto las interrelaciones y dependencias de las economías y sociedades en todo el mundo y la imperiosa necesidad de adoptar medidas concertadas para poder afrontarlas a nivel mundial, regional y nacional.
Esto ha ocurrido entre grandes transformaciones como las crecientes perturbaciones en las economías vinculadas a la globalización y la tecnología, importantes cambios demográficos, crecientes flujos migratorios y situaciones prolongadas de fragilidad. El mundo del trabajo no ha salido indemne de estas convulsiones. La aparente falta de respuesta satisfactoria a estos múltiples desafíos y cambios ha suscitado en muchos países un creciente descontento y desconfianza con respecto a las instituciones establecidas y los responsables de la vida pública.
Ante esta compleja situación, el sistema multilateral también se ha esforzado por adaptarse al entorno cambiante y dar respuestas concretas y coordinadas a muchos de los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta el mundo. La creciente discordancia entre los compromisos internacionales asumidos y los logros concretos obtenidos ha fragilizado la acción multilateral y su credibilidad, dando pie a críticas abiertas o desinterés. Ahora más que nunca, es urgente que el sistema multilateral cumpla con sus compromisos y contribuya a aportar soluciones a los problemas cotidianos de las personas de manera más eficaz y coherente.
Este sentimiento de urgencia ha sido compartido entre muchos, entre ellos, el Secretario General de las Naciones Unidas quien, en su informe Nuestra Agenda Común alerta sobre las crecientes brechas actuales y aboga por una forma de multilateralismo más interconectada e inclusiva, que vuelva a apostar por la solidaridad mundial y renueve el contrato social entre los Gobiernos y la población y dentro de cada sociedad, basándose en una concepción amplia de los derechos humanos.
La justicia social hace que las sociedades y las economías funcionen mejor y reduce la pobreza, las desigualdades y las tensiones sociales. Desempeña un papel importante en la consecución de vías de desarrollo socioeconómico más inclusivas y sostenibles y es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente cuando estamos lejos de alcanzar tales objetivos.
Ahora es más importante que nunca que el sistema multilateral se una en torno a un conjunto de valores y objetivos comunes y determine los medios para responder a las aspiraciones y necesidades de los pueblos. Así pues, la justicia social tiene que convertirse en una de las piedras angulares del multilateralismo renovado que se necesita; un objetivo aglutinador, pero también un instrumento significativo para un sistema multilateral más eficaz, que garantice la coherencia en toda una serie de ámbitos políticos.
Antecedentes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización.
Esta Declaración señera es una decidida reafirmación de los valores de la OIT. Es el resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción de este texto, los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 182 Estados Miembros subrayaron la contribución clave de nuestra Organización tripartita al progreso y la justicia social en el contexto de la globalización. Se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través de la Agenda de Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales.
Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización, que permita conseguir mejores resultados y que estos se repartan de manera más equitativa entre todos. La Declaración constituye una brújula para la promoción de una globalización equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una herramienta práctica para acelerar el progreso en la aplicación de la Agenda de Trabajo Decente a nivel de país. Asimismo, refleja una perspectiva productiva que destaca la importancia de las empresas sostenibles para la creación de más empleo y oportunidades de ingresos para todos.
La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Reconoce además que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluida la tecnología de la información, para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves, como agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las sociedades y entre unas y otras, y grandes obstáculos para que haya una mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en la economía mundial.
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General declara que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social (A/RES/62/10).