El caso del memorándum del FBI contra los creyentes que van a misa en latín sigue siendo noticia. Fiscales de 20 estados federales escriben al fiscal general Merrick Garland para exigir que los agentes federales y el gobernador Biden dejen de atacar a los estadounidenses por sus creencias.
Por: Luca Volonte
(ZENIT Noticias – La Bussola Quotidiana / Washington).- Menos de siete días antes de que el subcomité del Congreso de Estados Unidos que investigará el uso político del FBI por parte de la Administración Biden contra conservadores y antiabortistas tome posesión de su cargo y comience sus audiencias, surge otro expediente candente.
La semana pasada el medio La Bussola Quotidiana describió el inquietante documento del FBI de Richmond en el que se identificaba a personas «peligrosas» que debían ser sometidas a estrecha vigilancia: católicos que recitan oraciones tradicionales (como el Rosario) y gustan de participar en celebraciones eucarísticas en latín. Menos de 24 horas después de la publicación de ese infame documento, el FBI dijo que se retractaría y empezaría a tomar medidas para eliminarlo de los sistemas de la oficina federal porque «no cumple las exigentes normas del FBI». Pero las sombras de una persecución sistemática, en detrimento de la libertad religiosa y de los conservadores que discrepan de la política de Biden, distan mucho de haber desaparecido.
En los últimos días, los fiscales generales de 20 estados han firmado una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en la que condenan el documento anticatólico y le piden que intervenga de inmediato contra el FBI para prohibir que los agentes federales persigan a los estadounidenses por sus prácticas religiosas y que haga público todo el material relacionado con el memorándum incriminado, las recomendaciones sobre la aplicación del informe, una relación completa del proceso por el que fue redactado e información sobre la posible infiltración del FBI en los lugares de culto.
El promotor de la carta, el fiscal general de Virginia, Jason Miyares, también emitió una declaración el 10 de febrero, en la que afirmaba que sólo del «régimen de Cuba» podía esperarse un documento así, y desde luego no del hogar de la libertad religiosa. En los mismos días, el obispo de Richmond, Barry Knestout, pidió a los congresistas de Virginia que condenaran públicamente el memorándum del FBI, añadiendo que estaba muy «alarmado» por el documento y «también sorprendido por la mención de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro (FSSP), una orden religiosa que celebra la forma tradicional de la Misa católica. La FSSP ha servido con devoción durante muchos años a las parroquias de nuestra comunidad católica y a los fieles de nuestra diócesis que aprecian esta forma de Misa católica en nuestra diócesis». Sin duda, en las próximas semanas, tanto el jefe del FBI como el fiscal Garland tendrán que rendir cuentas por los numerosos comportamientos y decisiones de la Administración Biden contra los fieles cristianos.
Otro ejemplo es la disculpa, forzada por denuncias penales y civiles, de la Administración de los Archivos y Museos Nacionales a un grupo escolar católico que había visitado el museo de Washington el 20 de enero de 2023, día de la Marcha por la Vida: los estudiantes fueron conminados por los agentes de seguridad «a quitarse o cubrirse la ropa a causa de sus mensajes provida» (en particular una gorra con la inscripción «Rosario Pro Vida»), en violación de la Constitución y de la Carta de Derechos.
El clima está realmente sobrecalentado y, a pocos días de la toma de posesión del nuevo Congreso de mayoría republicana y dirigido por los republicanos, el Washington Examiner ha descubierto y está publicando documentos explosivos e investigaciones periodísticas sobre cómo y hasta qué punto la Administración Biden -en particular a través del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado- ha restringido sistemáticamente la libertad de información y la libertad de prensa en los últimos dos años, con la urgencia de impedir narrativas «políticamente incorrectas», así como censurar contenidos conservadores, periódicos, líderes y think tanks.
Uno de los sistemas utilizados por la administración Biden se basa en el acuerdo financiero con el Global Disinformation Index, un grupo de «evaluación de riesgos» de supuestas noticias falsas, que también está a punto de trabajar para la Comisión Europea y ha recibido financiación del Departamento de Estado y distribuido en secreto «listas negras» de organizaciones de noticias conservadoras (Breitbart, Daily Caller, Daily Signal, Daily Wire, Drudge Report, Newsmax, RealClearPolitics, SeanHannity, Townhall, Washington Examiner y Washington Times) a empresas mundiales de publicidad para expulsarlas del negocio.
El lunes 13 de febrero, los republicanos exigieron una comparecencia del Secretario de Estado, Antony Blinken, para que respondiera de esta diabólica trama. Un portavoz del Departamento de Estado rechazó las acusaciones contenidas en los artículos publicados en los últimos días por el Examiner. Sin embargo, demostrando que sólo estamos al principio del desmantelamiento de un verdadero sistema autoritario construido por los demócratas para amenazar y excluir de la escena pública a todos los conservadores y creyentes que se oponen a los disvalores de Biden&Co., la plataforma publicitaria Xandr (propiedad de Microsoft) ha suspendido el uso del Global Disinformation Index para llevar a cabo una seria revisión interna. Los liberales y supuestos defensores de los derechos, en realidad, parecen cada vez más tiranos y antidemocráticos.
