Con el Tratado de alta mar, que es un marco legal, se busca proteger al menos 30% de los océanos del mundo y utilizarlos de manera sostenible; antes sólo se protegía el 1.2%
Lejos de la costa, los vientos y las corrientes marinas generan un desplazamiento vertical de aguas profundas ricas en nutrientes. Ante el encuentro con la luz solar, se produce una explosión de alimento para el zooplancton, el primer eslabón de una cadena que genera un oasis de recursos y mantiene la diversidad de especies. El Mar de los Sargazos es una zona crítica para la biodiversidad del Atlántico y un ejemplo de los numerosos tesoros naturales de alta mar, como se le denomina al patrimonio marino común de la humanidad que comienza donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los países, en el límite de 200 millas náuticas (370 km) de la costa. Un nuevo tratado internacional podría cambiar las reglas del juego a favor de estas regiones marinas.
Patrimonio común
Los 230 millones de kilómetros cuadrados que cubren aguas internacionales son básicos para la supervivencia del planeta. Alta mar abarca 60% de los océanos fuera de las aguas nacionales. En estos espacios está el hábitat de ecosistemas únicos de aguas profundas con corredores migratorios de especies como tiburones, ballenas, tortugas, atunes y aves marinas. Además, estos enjambres marinos son los encargados de proporcionar una amplia gama de servicios para la regulación del clima y la producción de un alto porcentaje del oxígeno que respiramos.
Durante muchos años, los grupos ambientalistas abogaron por la protección de estas aguas tras el impacto en los ecosistemas por actividades como la pesca, el transporte marítimo y la extracción de minerales, entre otras. El marco legal existente, basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) no establece formas de preservar la biodiversidad en alta mar. Sólo 1% de este territorio está altamente protegido, en especial el Mar de Ross, en el océano antártico, donde se creó un área protegida en virtud de un tratado antártico.
La protección del Mar de Ross es un ejemplo de la utilidad que pueden tener estos instrumentos para el mantenimiento y regeneración de los ecosistemas. La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, por sus siglas en inglés) acordó hace siete años la creación de un área protegida marina de alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados en el Mar de Ross, que se ha convertido en la reserva más grande del mundo. En esta bahía se concentra uno de los ecosistemas marinos intactos en el que habitan un tercio de los pingüinos Adélie del planeta, un cuarto de la población de los pingüinos emperador, además de petreles antárticos, focas Wedell, merluzas negras y una especie única de orca. Cabe señalar que el océano Antártico alberga más de 10 mil especies únicas.
Más allá del Mar de Ross hay muchas áreas que requieren protección especial. En aguas internacionales del Pacífico se encuentran importantes puntos de reunión de especies únicas, como el llamado Domo Térmico, así como el Café de los tiburones blancos, un conocido lugar de reunión de gran número de escualos de esta especie. Gran parte de los tesoros de alta mar en el Atlántico, como el mencionado Mar de los Sargazos o la Ciudad Perdida, un campo hidrotermal en el fondo del océano dominado por monolitos de carbonato que pueden alcanzar 60 metros de altura, también quedaron fuera de la protección mundial. Finalmente, la historia puede cambiar mediante la creación de un tratado histórico para proteger la biodiversidad en aguas internacionales y que tardó casi dos décadas en gestarse.
El Tratado de alta mar fue anunciado en la ONU durante la primera semana de marzo ante el regocijo de especialistas, como Kristina Gjerde, asesora principal de alta mar de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y quien dice que el nuevo acuerdo internacional será la gran oportunidad para vigilar los océanos a escala global. El texto describe mecanismos para conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad marina en alta mar.
Nuevas historias marinas
Después de cinco años de negociaciones formales y tras semanas de intensos acuerdos, los países acordaron establecer un proceso legal para el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP), una herramienta clave para proteger al menos el 30% del océano, que una convención intergubernamental fijó recientemente como objetivo para 2030. “Lo que sucede en alta mar ya no estará fuera de vista sin que nadie lo sepa. El Tratado de Alta Mar permitirá el tipo de supervisión e integración que necesitamos si queremos que los océanos sigan proporcionando los beneficios sociales, económicos y ambientales de los que disfruta actualmente la humanidad”, señaló Jessica Battle, Experta Senior en Políticas y Gobernanza Oceánica Global, quien dirigió al equipo de la organización ambientalista World Wildlife Fund (WWF) en las negociaciones.
El Tratado contempla la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), necesarias para actividades crecientes, como la instalación de energías renovables, explotaciones mineras o instalación de cables submarinos. El tratado también otorga a los países más pobres un interés en la conservación al fortalecer su capacidad de investigación y crear un marco para compartir las recompensas financieras obtenidas de los recursos genéticos marinos.
La riqueza de nuevos medicamentos o productos químicos desarrollados a partir del ADN de organismos del mar fue uno de los puntos de discusión más álgidos. El tratado exige la creación de una base de datos central en la que las empresas o universidades deben registrar patentes, documentos o productos basados en muestras o datos que hayan sido obtenidos de alta mar.
Según una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) diez naciones se apropian del 97 % de los recursos genéticos del océano. Después de Estados Unidos, Alemania y Japón, los siete países más activos son: Francia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Suiza y Noruega. Sin embargo, sólo 31 de los 194 países del mundo han solicitado patentes de genes marinos. La principal razón de este desequilibrio se encuentra en el acceso a la tecnología necesaria, tanto para la exploración marina como para la explotación de los recursos genéticos.
Ahora se busca que los países que utilicen secuencias de ADN o recursos genéticos contribuyan a un fondo, dependiendo de su uso, que se utilizará para la conservación marina y para la transferencia tecnológica a otros países con menos recursos, pero los especialistas reconocen que el camino en este segmento aún es largo, pues compartir y construir la capacidad equitativa de compensaciones monetarias probablemente tardará una década.
El tratado entrará en vigor una vez que 60 países lo hayan ratificado y requerirá el voto de las tres cuartas partes de los países miembros para establecer un AMP. Las naciones pueden optar por no participar y continuar, por ejemplo, pescando en una zona protegida, pero las razones aceptadas para mantener esta actividad serían limitadas y se tendrán que imponer infracciones y ofrecer medidas para mitigar el daño.
En este sentido, el tratado establece un nuevo foro para las deliberaciones internacionales que trabajará con las autoridades oceánicas existentes que representan intereses comerciales, incluida la pesca y la minería del fondo marino. Por otra parte, el tratado contempla nuevos usos de alta mar, como la acuicultura en estas regiones o la geoingeniería para capturar y almacenar carbono en aguas profundas. Todas las actividades en alta mar estarán sujetas a evaluaciones de impacto ambiental proporcionales a la escala de su impacto.
Finalmente, instituciones ambientalistas como WWF consideran fundamental que como resultado del acuerdo se establezca un Organismo Científico y Técnico para garantizar que las propuestas y los planes de gestión para que las áreas marinas protegidas se evalúen de manera sólida y que los informes de evaluación de impacto ambiental se reciban y se pongan a disposición de la comunidad mundial. Junto a esto, un Comité de Implementación y Cumplimiento pondría en práctica una cooperación robusta y un mecanismo efectivo de resolución de disputas. La mesa está puesta.
