El gobierno de Daniel Ortega cerró dos universidades ligadas a la Iglesia católica y además quitó la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua, frenando la acción de servicio social de la Iglesia Católica en el país.
Por: Rafael Llanes
(ZENIT Noticias / Managua).- Las cinco sedes de la Universidad Juan Pablo II y las seis de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) fueron canceladas con un decreto oficial «por estar en incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan». La resolución está firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, titular del ministerio de Gobernación de Nicaragua.
Los bienes de ambas universidades son traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro. Los estudiantes pasan a integrarse en otras universidades según dictamine el Gobierno. El proceso de apropiación por el Estado de estas instituciones y sus bienes corresponde a la línea de supresión de libertades propia del régimen de Ortega.
La razón aducida por las autoridades es que estas universidades «han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro», según informa AFP.
Las acciones de estatización y control del país se manifestaron también el pasado lunes 6 de marzo con la cancelación de la persona jurídica de 18 asociaciones de empresarios, como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a otras cámaras patronales. Al siguiente día, martes 7, se decretó el cierre de las universidades.
El ministerio de Gobernación avisó a las autoridades de ambas universidades para que entreguen al Consejo Nacional de Universidades (CNU) toda la «información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones que existen en el Registro Académico».
Duras sanciones contra Cáritas, uno de los principales organismos de caridad social
Poco después, el gobierno sandinista determinó la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua. La decisión fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta. La cancelación de la personalidad jurídica llega “por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo”, acordada unánimemente por sus miembros, según declara el Ministerio de Gobernación, en la sesión extraordinaria del 31 de enero, según comunica la agencia EFE.
Cáritas de Nicaragua es el órgano de la pastoral social de la Iglesia católica para ayuda a los pobres, tanto con aportación de alimentos o medicinas como con asesoría a inmigrantes o personas en riesgo de exclusión social.
Es relevante el cierre de esta asociación católica pues ganó el Premio Internacional de Mujeres Cultivadoras del Desarrollo en 2015, que otorga Pastoral Social Cáritas del CELAM, por su acción social de promoción al desarrollo de las mujeres del campo, premio dotado con 10,000 dólares.
Cáritas de Nicaragua obtuvo el estatus legal el 30 de noviembre de 1994. Su presidente actual era Monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de la Diócesis de León y Chinandega.
Este decreto refleja el marco de la masiva ilegalización de ONGs nicaragüenses y extranjeras por parte del gobierno que preside Daniel Ortega. Es un acto más de bloqueo del Ejecutivo sandinista hacia la Iglesia católica nicaragüense, como el arresto del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión por “traición a la patria” al negarse a ser desterrado.
El presidente Ortega ha atacado repetidamente a lo que llama “mafia de la Iglesia católica”. La acusa de ser antidemocrática por impedir la elección del Papa, cardenales, obispos y sacerdotes por el voto directo de los católicos.
Asimismo, aprobó la cancelación, también por disolución voluntaria, la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega, Cáritas Jinotega, inscrita desde el 22 de septiembre de 2006 como institución regional de pastoral social católica.
Cáritas de Nicaragua ya había denunciado el bloqueo aduanero del gobierno de Ortega impuesto desde 2019, impidiendo la recepción de donaciones del exterior en alimentos, medicinas, medios de apoyo a la población necesitada o aportaciones económicas.
