Ciudadanos coinciden en que tenerlas no es solución; se necesitan campañas de persuasión e investigación
Gran parte del problema se debe al mercado ilícito, según el informe de autoridades de la Cámara de Diputados, que advierten que en 2019 se calculaban 1.6 millones de armas ilegales en el país.
A pesar de coincidir en que México es inseguro y que las armas permiten defenderse, la mayoría de los ciudadanos del país no quieren que ese mercado aumente y rechazan flexibilizar su posesión.
Así lo advierte el estudio Percepción sobre el tráfico de armas y la violencia comunitaria en México, realizado por la Cámara de Diputados, y que incluyó una encuesta telefónica a mil 500 ciudadanos.
“Hay mayor porcentaje de personas en contra de flexibilizar la posesión de armas de fuego. Un 72.4% de las personas entre 18 y 25 años y 73.7% de 56 años o más dijeron estar en contra”, expuso. El informe detalla que incluso en los municipios más inseguros del país, 70.8% de las personas se manifestó en contra de flexibilizar la posesión, mientras que en el resto, este porcentaje desciende a 68% y 67% de las personas considera que tener un arma de fuego es más peligroso.
Sobre las políticas públicas para reducir la violencia, el análisis indica que 61.2% de las personas dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que si el Estado prohibiera o sancionara efectivamente la portación de armas de fuego ayudaría a reducir la violencia en el país.
Señala que las propuestas para flexibilizar los requisitos y adquirir armas de fuego ante la violencia en México “no tiene un sustento en evidencia”.
El texto indica que en 2021, la principal causa de los homicidios fue la agresión con arma de fuego y una parte importante del aumento de ese delito en años recientes “es atribuible a las armas de fuego”. Ese año se registraron 35 mil 625 homicidios intencionales, equivalente a una tasa de 28 por cada 100 mil habitantes, es decir 68.7% se cometieron con armas de fuego.
Gran parte del problema se debe al mercado ilícito y advierte que para diciembre de 2019, el gobierno de México calculaba 1.6 millones de armas ilegales en el país.
De acuerdo con el actual secretario de la Defensa Nacional, ese año había un total de 468 mil armas “comercializadas para los gobiernos de los estados, dependencias, personas físicas y morales” legalmente. Las ingresadas ilegalmente se estimaban en 200 mil por año, “y reportadas robadas y extraviadas de licencias oficiales colectivas 12 mil 573, haciendo un total de dos millones 12 mil 573”.
Indica que según el estudio The Way of the Gun: Estimating Firearms Trafficking across the US–Mexico Border (2015) cerca de 2.2% de las ventas de armas domésticas en Estados Unidos entre 2010 y 2012 se debieron a piezas contrabandeadas a México: “Lo anterior implica que anualmente se compran y contrabandean a México 212 mil 887 armas”. En conclusión, se recomienda al gobierno federal la reducción de la oferta, a través de la cooperación con Estados Unidos. También exhorta a generar nuevas estrategias en las fronteras, así como reducir el volumen interno de armas, a través de programas de canjes y de incautación, “algo que el gobierno mexicano parece haber dejado de lado”, señala.
Finalmente, exhorta al Estado mexicano a reducir la demanda: “En el caso mexicano, la demanda de las armas proviene principalmente de grupos de delincuencia organizada. Otra parte es adquirida por ciudadanos que buscan protegerse. En ambos casos el Estado puede jugar un papel importante. Primero con el decomiso de armas que ingresan y transitan en el país y segundo, dando seguridad a las personas que buscan suplir esa deficiencia. Las estrategias en este último caso pueden incluir información, campañas de persuasión e investigación de grupos privados que trafican armas. Asimismo, debe incluir programas para brindar más recursos y apoyo a las comunidades mexicanas afectadas por la violencia y el crimen”, concluye.
