La propuesta presidencial causaría efectos negativos, advirtió Juan Carlos Baker.
La propuesta de reforma a diferentes disposiciones de la Administración Pública Federal, especialmente la que limitaría el pago de indemnizaciones en caso de que las empresas tengan un litigio con el gobierno, afectaría gravemente la certidumbre jurídica del país, advirtió Juan Carlos Baker, experto en comercio internacional.
Durante su participación en el programa La Silla Roja de El Financiero-Bloomberg, Baker explicó que si el gobierno decide expropiar un proyecto lo puede hacer, e incluso los tratados comerciales no lo prohíben, sin embargo, el gobierno debe pagar bajo principios internacionales, el cual señala que se debe respetar el valor comercial de la expropiación.
“La reforma a las disposiciones administrativas le da el corazón de la certeza jurídica”, dijo el catedrático de la Universidad Panamericana.
Aseguró que poner topes a las indemnizaciones va precisamente en el sentido contrario de la certeza jurídica, pues la parte administrativa es una iniciativa que reforma varias leyes, pero en esencia, lo que quiere hacer es darle mucho más margen de operación al gobierno en los tratos que tenga para concesiones, licitaciones y expropiaciones.
“Básicamente, lo que está diciendo es que el gobierno puede tomar decisiones sobre tus activos y no hay ninguna garantía de que te vaya a pagar lo justo, primero que te va a pagar y segundo que te vaya a pagar lo justo”, señaló el consultor de la firma ANSLEY, señalando que, si bien está de acuerdo en que hubo abusos por parte de privados, el responder con estas acciones también podrían ser interpretadas como igualmente abusivas por parte del gobierno.
Dese la perspectiva de JBaker, la actitud del gobierno mexicano en el comercio internacional es bastante “esquizofrénica”, pues mientras las cifras duras del comercio exterior del país demuestran que es el ancla de la cual depende el país y que existe una reconfiguración en las cadenas de valor que benefician la llegada de inversiones extranjeras, la narrativa de las decisiones de política pública están yendo en dirección contraria.
“Estamos viendo propuestas en diversas iniciativas como por ejemplo la Ley Minera. Estamos viendo también una dialéctica que confronta a Estados Unidos en muchos aspectos, entonces eso me parece muy preocupante”, dijo.
Afectará al T-MEC: IP
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la reforma administrativa que envió el Presidente de México al Congreso, puede provocar un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá, socios comerciales.
En este sentido, rechazó el plan de enmienda a 23 leyes secundarias que, de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y que hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios.
“Consideramos que la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia administrativa, de revocación de concesiones, permisos o autorizaciones de bienes nacionales viola la Constitución, genera incertidumbre, atenta contra el Estado de derecho y encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas”, enfatizó.
La Coparmex sostuvo que la iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar el interés general, “echaría por la borda las oportunidades de atraer nuevas empresas y capital fresco que nos abre el nearshoring y terminaría por afectar a los jóvenes que requieren opciones de empleo y mejores ingresos en el presente y futuro. Sin inversión no hay desarrollo”, manifestó.
