De las 50 medidas anunciadas en 2018 para combatir la corrupción y adoptar una política de austeridad,13 no han sido observadas en totalidad por funcionarios federales
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado cumplir en su totalidad con los lineamientos generales de su gobierno para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad.
En 2018 publicó 50 medidas “para que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía”, así como para lograr ahorros, transparencia y evitar la impunidad; sin embargo, a más de cuatro años, aún hay servidores públicos que se niegan a hacer pública su declaración patrimonial.
También se cancelaron 109 fideicomisos por considerarlos figuras opacas, pero se crearon nuevos que benefician a la Sedena, al Tren Maya, Marina y SAT; sigue habiendo elementos de seguridad al servicio de funcionarios sin plena justificación; continúa la intervención de comunicaciones, y los contratos se adjudican de manera directa.
A 16 meses para que concluyan los seis años de gobierno del Mandatario, se siguen destinando vehículos, aviones militares y bienes públicos para uso privado; se olvidó la prohibición de contratar familiares; se ha hecho caso omiso a la orden de no remodelar oficinas, no comprar mobiliario de lujo y evitar gastos innecesarios; tampoco se ha hecho caso al mandato por el que se prohibió a funcionarios recibir regalos cuyo valor exceda los cinco mil pesos.
Para los sociólogos Alfonso Zárate y José Antonio Crespo, las promesas del Presidente en el combate a la corrupción y en una política de austeridad “resultaron un verdadero fiasco”.
Explicaron que como candidato, el político tabasqueño “se benefició del enorme desprestigio de la cofradía que encabezó Enrique Peña Nieto”, y por otra parte, su manera de vivir, la modestia de su departamento en Copilco, del Tsuru y su insistencia en repetir el llamado de don Benito Juárez a vivir en la modesta medianía, parecían anticipar un gobierno austero y eficiente; sin embargo, “no hubo ese cambio cualitativo que ofreció” y en los hechos, “dichos compromisos no fueron otra cosa que una farsa”.
Compromisos incumplidos para erradicar corrupción e impunidad
Son 13 los compromisos que quedaron en el olvido para varios funcionarios del gabinete federal y de la administración pública.
Entre las promesas para erradicar la corrupción que no se han logrado cumplir destaca el punto siete que establece: “Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos y será publica y transparente en todos los casos”.
Recientemente, la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, se negó a transparentar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que controlaron las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Adicionalmente, son varios los funcionarios que, al amparo de la ley, presentan sus declaraciones “parcialmente públicas”, es decir, que omiten montos y valores que se reportan. Han ocultado su información patrimonial los exsecretarios Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, Josefa González Blanco, Javier Jiménez Espriú e Irma Eréndira Sandoval, entre otros.
Tampoco se cumple el punto 18 de la lista, que señala: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
Durante su mandato, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló 109 fideicomisos y fondos bajo el argumento de ser figuras opacas, pero entre marzo y abril de 2022 creó los fideicomisos de Administración y Pago de Marina y Sedena con fondos por más de 25 mil millones de pesos para beneficiar a las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que en 2023 creó un fideicomiso destinado a la administración y operación de proyectos aeroportuarios y aeronáuticos como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El punto 45 de la lista dice que “los contratos del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública”; sin embargo, en los tres primeros años de esta administración (2018-2021) el gobierno de López Obrador otorgó ocho de cada 10 contratos por adjudicación directa, mientras que para 2023, EL UNIVERSAL dio a conocer que al mes de abril se habían dado mil 971 de estos contratos por más de 27 mil millones de pesos.
El Mandatario federal también prometió que “se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas”; sin embargo, ante los señalamientos de que su gobierno sigue usando el sistema Pegasus, el pasado 10 de marzo, reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, y aseguró que las intervenciones no son espionaje, sino investigación y trabajo de inteligencia.
López Obrador estableció que “policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación”; no obstante, EL UNIVERSAL informó que en los viajes del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sadoval, a los que lleva a su esposa, hijos y hasta a la suegra, va acompañado de una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y sus familiares, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, más los efectivos encargados de avanzada.
“El combate a la corrupción fue una de sus principales banderas, todos los presidentes se han comprometido en mayor o menor medida a hacerlo, pero ninguno lo ha logrado. En el caso de este gobierno hay casos fundamentados como el de Pío López, Delfina Gómez Álvarez, el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y no actúa, denuncia campaña negra pero no actúa, en ese sentido es igual a los demás, sus promesas para combatir la corrupción y la impunidad no fueron otra cosa que una farsa”, advirtió José Antonio Crespo.
