Uno de los fenómenos que amenazan a los sistemas democráticos en buena parte del mundo, es la descalificación y hostigamiento permanente a que son sometidos los órganos de control del poder, y de manera destacada los órganos que organizan las elecciones y vigilan el cumplimiento de las reglas que rigen los comicios, desde los circuitos gubernamentales y desde quienes detentan las mayorías parlamentarias y, por lo tanto, el monopolio de las decisiones políticas.
Además de los órganos electorales, ese acoso alcanza también a los tribunales que controlan la constitucionalidad de los actos de autoridad, a los órganos de defensa de los derechos humanos, a los órganos garantes de la transparencia y del derecho a la información, entre otros.
Lo anterior encarna una paradoja: esos ataques en contra de la institucionalidad democrática encargada de poner límites y ejercer controles sobre el poder político para evitar su abuso, vienen de quienes han sido los principales beneficiarios de la existencia de las condiciones democráticas que buscan subvertir. Es decir, quedaron atrás las épocas en las que el riesgo para las democracias venía desde fuera de la institucionalidad (golpes militares o revueltas encaminadas a subvertir el orden democrático), sino desde adentro, desde quienes encabezan los órganos del poder político, precisamente de los que son los destinatarios de los mecanismos constitucionales de vigilancia del poder y que, incómodos con esa función de vigilancia, apuntan sus baterías en contra de dichas instancias de control. Ese acoso se despliega a través de cinco modalidades principales:
1. La descalificación pública de las tareas que realizan los órganos de control del poder, acusándolos de ineficientes; de ser inaceptablemente onerosos; de actuar políticamente y, por ello, de manera sesgada y parcial; de ser conservadores, encubridores de privilegios, o protectores de intereses oscuros; de estar en contra del “pueblo”; etc. (aquí se inscriben también las cada vez más frecuentes acusaciones anticipadas de “fraude” a la que varios gobernantes —Trump y Bolsonaro, por ejemplo— recurren para descalificar a priori eventuales resultados desfavorables en las urnas y que, estoy seguro, muy pronto escucharemos en México de cara a las elecciones de 2024).
2. El ataque en contra de los titulares de esos órganos, que van desde el denuesto personalizado, hasta las amenazas verbales e incluso físicas, pasando por el uso sesgado de las instituciones de inteligencia financiera, presentación de denuncias penales, o inicio de juicios políticos o procedimientos de responsabilidades, como parte de una larga lista de maneras de presionar, coaccionar o, simple y sencillamente, de perseguir a quien no se somete a los designios del poder u osa contraponérsele.
3. Los recortes presupuestales como una manera de chantajear a los órganos de control o bien de impedirles el cumplimiento de sus funciones constitucionales o de mermar sus capacidades constitucionales, tal como ocurrió con el INE en 2022, cuando el brutal recorte del 26% del presupuesto que había solicitado y que le impuso la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados le impidió poder cumplir con lo dispuesto en la Ley de Revocación de Mandato e instalar la totalidad de las casillas planeadas para ese ejercicio de democracia directa.
4. Las amenazas o los intentos de reformas al marco legal que rige esos órganos, con el propósito de destituir a sus titulares, someterlos a un control político, mermar o destruir las capacidades institucionales o acotar sus facultades de vigilancia y control. Así pasó con el fallido intento de reforma constitucional en materia electoral, con el difunto “Plan B” o con la amenaza de reforma para elegir popularmente a los ministros de la SCJN.
5. La captura de dichos órganos mediante la designación como sus titulares de personas incondicionales al poder político y dispuestas a fungir como correas de transmisión de sus intereses, tal como ha ocurrido de manera destacada y vergonzosa con la CNDH, o con un par de nombramientos en la Suprema Corte entre otros casos o intentos de colonización y sojuzgamiento.
Lamentablemente el elenco anterior no es el resultado de un mero ejercicio de abstracción, sino el recuento puntual de un hostigamiento desde el poder al que se ha sometido en los últimos años a diversas instancias, destacadamente al INE, y que ahora también se está desplegando de manera furibunda en contra de la SCJN. (El Universal)
