Culiacán, Sin.— Hasta antes del 17 de octubre de 2019, cuando el gobierno federal intentó sin éxito detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, la relación entre los habitantes de Culiacán y sus alrededores con los integrantes del grupo armado era, aseguran aquí, de “respeto”.
El grupo armado que domina la región, el Cártel de Sinaloa, durante décadas construyó una base social cubriendo necesidades básicas de la población que las autoridades ignoraban.
Son tradicionales las posadas presuntamente organizadas por los hijos de El Chapo, a las que asisten cientos de personas y en las que se regalan juguetes, bicicletas, electrodomésticos y hasta vehículos, todos con saludos del líder encarcelado en Estados Unidos. La narcocultura está arraigada.
Sin embargo, el llamado Culiacanazo resquebrajó una parte de la percepción de los capos y su gente, que eran vistos como benefactores y protectores de la población.
César Jesús Burgos Dávila, investigador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), realizó un estudio sobre los efectos del también llamado Jueves Negro.
En este trabajo, elaborado con testimonios reales, se reveló que la estructura delincuencial operó en forma cronometrada, liberó sin problemas a internos de la cárcel, a los que armó y dirigió a la defensa de la plaza y del jefe. Lo mismo sucedió con estudiantes, a quienes motivaron con pagos de hasta 20 mil pesos.
Burgos Dávila indicó que la investigación expuso que la vieja visión de que a las figuras criminales se les ve como Robin Hood quedó sin efecto, porque la población se encontró indefensa y se vio expuesta a un terrible riesgo.
Ese día, por horas, cientos de personas quedaron atrapadas entre dos fuegos. Circularon los videos de gente corriendo en la calle para esconderse en comercios, otras casas, cualquier lugar que los sacara de las vías, donde hombres armados circulaban quemando vehículos, cerrando avenidas y disparando contra los militares.
La ofensiva criminal obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a liberar a Ovidio Guzmán para “evitar más violencia y muertes de civiles inocentes”, según reconoció el propio Mandatario federal.
El saldo oficial fue de ocho personas muertas, cinco de ellas miembros del grupo delictivo y 16 heridos, cinco de ellos integrantes de la Guardia Nacional. El resto, civiles.
Más de tres años después, la historia se repitió. El 5 de enero pasado, en una operación mucho mejor coordinada y ejecutada, el Ejército detuvo finalmente a Ovidio Guzmán en la sindicatura de Jesús María, en las afueras Culiacán. Aunque la acción concluyó en poco tiempo, la violencia se extendió durante dos días con quema de camiones, bloqueos y ataques al aeropuerto que mantuvieron a la ciudad paralizada y a la población bajo llave, consciente de que en cualquier momento puede quedar a merced del crimen.