Los refugios de todo el país subsisten gracias a donaciones de particulares y organismos internacionales; directivos reclaman que los gobiernos se hacen para atrás y no les dan dinero
“Con la ayuda de Dios”, así es cómo la Casa Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, ha podido solventar las necesidades de miles de migrantes que llegan a sus puertas, asegura su director, Héctor Silva.
Lo mismo dicen los directores de albergues en Tapachula, Villahermosa, Guadalajara, Ciudad Juárez y Piedras Negras. En todos los casos se mantienen de donaciones de particulares y organizaciones civiles tanto de México como de Estados Unidos, y de organismos como la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Sólo algunos, los más grandes, reciben algún apoyo de autoridades, principalmente municipales y estatales, pero no es suficiente para garantizar alimentos para decenas de personas todos los días.
Desde hace tres semanas, el flujo de migrantes se ha incrementado en el país, lo que genera una presión para los albergues. Algunos, como la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua, reporta estar a 90% de su capacidad.
Otros, como El Buen Samaritano, también en Ciudad Juárez, recibe sólo a 80 personas, aunque tiene capacidad para 180, porque no puede alimentar a más.
La mayoría de los albergues que operan en el país son privados, manejados principalmente por iglesias, asociaciones civiles o activistas que se han dado a la tarea de dar asilo, alimentos y lo que se puede a las personas en movilidad.
“El arroz y los frijoles no faltan”
Héctor Silva, director de la Casa Senda de Vida, que maneja dos albergues en Reynosa, reconoce que la responsabilidad de proveer de alimento, alojamiento y atención médica a los migrantes es una carga pesada, no sólo para ellos, sino para municipios y estados.
Señala que no cuentan con recursos económicos fijos porque operan con lo que les donan.
“El arroz y los frijoles no faltan. Comemos lo que recibimos de la comunidad… es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad”, expone Héctor Silva.
A unos mil 200 kilómetros al noroeste, en Ciudad Juárez, el arribo constante de extranjeros representa un desafío. En esta frontera existen al menos 25 espacios que dan alojamiento a migrantes; en su mayoría pertenecen a iglesias o particulares.
Los encargados de estos espacios dicen que el reto diario es asegurar los alimentos, porque del gobierno estatal y federal reciben el pago de servicios, como agua o luz, mientras que a otros los apoyan con artículos de limpieza.
“Es la forma en la que nosotros seguimos subsistiendo, tanto en donaciones en especie como en donaciones en efectivo… porque la idea es que el espacio sea gratuito para los migrantes”, dice Francisco Javier Bueno, sacerdote y director de la Casa del Migrante.
En Coahuila, la hermana Isabel Turcios, encargada del albergue Frontera Digna de Piedras Negras, cuenta que atiende diariamente a 200 migrantes, lo que es posible gracias a donaciones de la población de la frontera en Estados Unidos.
En la frontera sur faltan apoyos
En Tapachula, Olga Sánchez, directora del albergue Jesús el Buen Pastor, cuenta que la cooperación de organismos internacionales y nacionales se acabó hace cinco años, que se recrudeció el flujo de personas.
En su albergue se atiende a mil 500 migrantes por mes y por ahora su único ingreso viene de las ganancias de una tienda que se encuentra en el albergue.
Explica que para el mantenimiento requiere 40 mil pesos al mes, de los que 28 mil son para pagar la luz, por lo que ya compró dos celdas solares.
En Villahermosa, el albergue Amparito se mantiene gracias a la Iglesia y organismos internacionales.
“Todos los gobiernos se hacen para atrás, no quieren soltar recursos y menos para los migrantes, piensan que no les corresponde. Estados Unidos y México nos ayudan por medio de organizaciones, pero sobre todo ha sido gracias a la ayuda de Dios”, asegura Héctor Silva.