Las querellas, contra Segalmex, Diconsa, Secretaría de Agricultura y Conade son por probables desvíos de recursos que alcanzarían 13 mmdp
La Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto un total de 20 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables desvíos de recursos por parte de entes públicos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de querellas contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que fueron motivadas de fiscalizaciones a las Cuentas Públicas 2018, 2019 y 2020, y cuyos montos con probables daños al erario alcanzan los 13 mil millones de pesos.
De ese total, 11 se presentaron contra Segalmex durante 2022, de las cuales seis corresponden a la Cuenta Pública de 2019 y cinco a la cuenta 2020.
En tanto, en 2023 se presentaron cinco denuncias contra la Sader correspondientes a la Cuenta Pública 2018, tres contra Diconsa en torno a la Cuenta Pública 2020 y una contra la Conade de la Cuenta Pública 2020.
Al respecto, la diputada federal del PAN María Elena Pérez-Jaén, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), celebró que el máximo órgano fiscalizador del país “por fin” esté presentando denuncias penales contra esta administración, pero consideró que se trata de casos que “les reventaron en la cara” porque ya existían decenas de denuncias penales contra dichos entes.
“La Auditoría Superior de la Federación ya se acomodó, ha sido selectiva con su trabajo, sigue dejando mucho qué desear. La Auditoría Superior de la Federación está totalmente entregada al gobierno federal, al gobierno de la 4T, y lo que llama la atención es que estas denuncias las hacen porque ya no les queda de otra, porque ya les reventó el tema. Son denuncias que yo presenté y que otros han presentado. Ya les llegó el agua a los aparejos porque la cantidad de recursos desviados es escandalosa”, aseguró.
Las denuncias contra Sader, Segalmex y Diconsa tienen que ver con la entrega de programas a beneficiarios fallecidos o no existentes, la pérdida de fertilizantes y la contratación de insumos que nunca se recibieron, así como un presunto desfalco que en su conjunto supera los 12 mil millones de pesos.
Entre los informes que corresponden a las carpetas de las denuncias, destaca, por ejemplo, el contrato por 58.9 millones de pesos por el alquiler de equipo de laboratorio, pesaje y bandas transportadoras a cuatro empresas, cuyas condiciones no se cumplieron de acuerdo con la ley. También, un contrato por 39.6 millones de pesos con otras cuatro empresas por conservación y fumigación de granos, del cual nunca se acreditó su cumplimiento.
También se registran pagos por servicios que no se adquirieron y documentación de proveedores con “inconsistencias en sus rasgos”.
De igual forma, se encuentran montos no aclarados por la compraventa de maíz a cargo de Segalmex, entre ellos incentivos a medianos productores que nunca fueron identificados, así como la pérdida de varios miles de toneladas de maíz blanco, lo cual nunca se notificó a la aseguradora para hacer válido el seguro.
En lo que respecta a Diconsa, destaca la falta de documentación para acreditar mercancías que ya no se encontraron físicamente en los almacenes, así como pérdida de alimentos perecederos y productos caducados o en mal estado que no fueron reportados.
Para Gerardo Lozano Dubernard, quien fue Auditor Especial de la ASF, todavía hace falta mucho por denunciar.<
“Se ha estado denunciando únicamente lo que es más mediático, como lo es el caso de estos temas, pero a mí me llama la atención que en el caso de Segalmex las denuncias se presentaron después de que comparece el titular de la Función Pública, donde anunció que habían presentado denuncias por ese caso. Me parece que están respondiendo a efectos mediáticos que están teniendo estos asuntos por su gravedad y que ya es imposible contenerlos”, detalló.
La denuncia penal más reciente que interpuso la Auditoría Superior de la Federación es contra la Comisión Nacional del Deporte (Conade), de Ana Guevara, por las irregularidades detectadas en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2020, cuando alertó sobre probables daños al erario por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público de dicha dependencia.
La querella legal fue interpuesta el pasado 28 de agosto, según información de la propia Auditoría.
El mencionado informe revela irregularidades por pagos con recursos públicos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte, así como por aceptar equipos tecnológicos con características diferentes y de menor calidad que los pagados.
Esta podría ser la primera denuncia de varias en contra de la comisión que dirige la exvelocista mexicana, pues apenas el pasado 30 de julio de 2023 la ASF publicó otro informe sobre posibles daños al erario por 9 millones durante el análisis de la Cuenta Pública 2022.
En dicha presentación, el auditor David Colmenares detalló que en las próximas entregas de la Cuenta Pública se darán a conocer los resultados de tres auditorías más que se le están realizando al organismo rector del deporte encabezado por Ana Gabriela Guevara.
