El presupuesto 2024 eleva recursos a los programas insignia, sacrificando prioridades y dependencias, sin lograr más ingresos, secando fondos y desapareciendo fideicomisos, alertan
En el actual gobierno se recortó el gasto a 16 secretarías de Estado para financiar proyectos y programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sacrificando prioridades y capacidades de esas dependencias federales, advirtieron especialistas.
De avalarse el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, el gasto público programable de los ramos administrativos, ligado a programas y proyectos presidenciales, habrá aumentado 63% en el sexenio en términos reales, es decir, descontando la inflación.
Así, de 26 ramos que conforman el gasto administrativo —es decir, las secretarías de Estado bajo control directo de la Presidencia—, en el sexenio habrá 10 dependencias ganadoras en materia de presupuesto, así como 16 perdedoras.
Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, advirtió que el incremento del gasto se dio sin una reforma fiscal que genere mayores ingresos públicos, pero también a costa de secar fondos de estabilización, desaparecer fideicomisos y exprimir a varias dependencias.
Además, por ser año electoral, en 2024 se va a reasignar parte importante de recursos para ampliar la cobertura de programas sociales prioritarios, lo que dejará un faltante importante en varias secretarías, dijo a su vez Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien) del Tec de Monterrey.
Desequilibrio presupuestario
El aumento en las erogaciones de los ramos administrativos significa un gasto adicional de 859 mil millones de pesos el próximo año respecto al aprobado en 2018; sin embargo, esto no implicó un reparto proporcional durante el sexenio.
Un comparativo entre el presupuesto de 2018 y el proyecto para el próximo año arroja que entre las dependencias ganadoras destaca la Secretaría de Bienestar, con un incremento de 401 mil millones de pesos de 2024.
Le siguen las secretarías de Energía (Sener), con 190 mil millones, y de la Defensa Nacional (Sedena), con 151 mil millones (por asumir el manejo del Tren Maya). También la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que en el sexenio anterior no existía y ahora, por la transferencia de funciones y recursos desde Gobernación, cuenta con un presupuesto de 106 mil millones de pesos.
Por el contrario, entre las que reportan una mayor caída en su gasto destacan las secretarías de Gobernación (Segob) y de Salud (Ssa), con recortes en el sexenio por 75 mil millones de pesos y 67 mil millones, respectivamente. A su vez, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pierde 35 mil millones de pesos, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con 22 mil millones de pesos.
Destaca el caso de la SICT, donde el ajuste limita el mantenimiento y construcción de nueva infraestructura que no está dentro de los proyectos prioritarios, y que juega un papel importante en esta coyuntura de la relocalización de cadenas productivas (nearshoring), alertó Magaña.
En conjunto, el presupuesto de 16 dependencias se redujo en 237 mil millones de pesos, en algunos casos por la transferencia de funciones a otras dependencias; si a eso se agrega el crecimiento real del gasto programable de los ramos administrativos, resulta un total de 1.1 billones de pesos asignados al financiamiento de los principales programas y proyectos presidenciales en el sexenio.
Programas y proyectos
El Tren Maya, el Corredor Transístmico, la refinería de Dos Bocas, así como los programas Adultos Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y otros proyectos de infraestructura y programas de transferencias han concentrado el presupuesto público federal a lo largo del sexenio.
“El resultado ha sido el debilitamiento de las capacidades de la Administración Pública Federal para aumentar y mejorar la oferta de bienes y servicios públicos a la población. Las prioridades personales dejaron de lado a las institucionales”, afirmó Gutiérrez, con base en resultados de una investigación en curso.
Sobresale, por ejemplo, el aumento del presupuesto del programa de Adultos Mayores, que pasó de 39 mil millones de pesos en 2018, a 460 mil millones de pesos proyectados para 2024. El tema será si este ritmo de crecimiento de las transferencias puede ser sostenido por el incremento futuro de los ingresos públicos y si continuará el deterioro de las capacidades del gobierno, advirtió el académico.
Al adquirir deuda y no estar focalizada en una obra o proyecto productivo que genere ingresos futuros al gobierno, el gasto que se está planteando en este momento va a ser insostenible, como es el caso de las pensiones, afirmó Magaña.
