Es absurdo que el gobierno pida a los ciudadanos que no se ‘sometan’ ante la capacidad de fuego de los cárteles, y sacudirse la responsabilidad de su principal obligación: seguridad.
En los municipios de la sierra chiapaneca que colindan con Guatemala, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación llevan meses disputando el territorio, en una lucha que finalmente parece que se está decantando por el primero. En Guerrero se vive una guerra entre varias organizaciones criminales, y cuya batalla en Tierra Caliente conecta con la violencia creciente en la misma región michoacana. En Zacatecas, cruce de todas las rutas del trasiego de drogas, la pugna entre cárteles está amainando por la victoria de los sinaloenses, mientras que en Chihuahua el terror sigue dominando la vida cotidiana. Jalisco está controlado por el cártel local, y en el norte de Veracruz se está asentando el del Golfo.
La violencia no abandona Sonora, Sinaloa y Tamaulipas; es oscilante, aunque siempre en altos niveles, en Colima. Guanajuato tiene zonas totalmente podridas, como las hay en el sur del Estado de México. Tabasco se ha sumado a la violencia sonora, que mantiene en vilo a la Riviera Maya. Aunque de forma silenciosa, los criminales van penetrando la Ciudad de México como la humedad, expresándose en cobros de piso, extorsiones y ajusticiamientos más frecuentes de los que uno quisiera ver.
Los botones de muestra de la inestabilidad e inseguridad que se vive en varias partes del país son alarmantes. No caben afirmaciones pueriles e irresponsables de que se trata de propaganda, y que son exageraciones que se utilizan para dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto del año electoral que se avecina. Las declaraciones oficiales carecen de fidelidad, como la que hizo el Presidente este lunes minimizando la recuperación territorial que logró el Cártel de Sinaloa en regiones donde se había estado asentando el Cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos meses.
La dialéctica criminal, si pudiéramos graficarla para demostrar lo débil de los dichos presidenciales, se dio de esta manera:
1.- Células del CJNG llegaron a los municipios chiapanecos en la frontera con Guatemala empujando a las células del Cártel de Sinaloa a ese país, amenazando a los presidentes municipales y a las autoridades locales para que dejaran de pagarle protección a Sinaloa, y les dieran el dinero a ellos, o los mataban. Al mismo tiempo, comenzaron la leva de jóvenes y los asesinatos contra quienes se opusieran, imponiendo la ley del terror.
2.- El Cártel de Sinaloa envió refuerzos para combatir al CJNG. Las instrucciones que le dieron a las comunidades es que pidieran a sus familiares y conocidos que no fueran residentes en esa región, que no la visitaran en cuando menos tres meses –que se están cumpliendo en octubre– porque matarían a quien no conocieran. También les dijeron que cuando les informaran que iban a realizar una operación de limpieza de adversarios, salieran de las comunidades con el pretexto de manifestaciones de protesta por las restricciones al ingreso de productos agropecuarios de Guatemala, y bloquearan las calles y los puentes. Cuando acabaran de liquidar a sus enemigos, podrían regresar a sus casas.
3.- Cuando se hizo pública la guerra en Chiapas entre los dos cárteles en junio, López Obrador ya no pudo ser omiso y despachó contingentes de la Guardia Nacional. Lo que hicieron los militares, de acuerdo con testigos de sus operaciones, fue no hacer nada. No intentaron retener criminales, ni desbloqueaban carreteras. Cuando uno de los cárteles estaba operando, se limitaban a ver de lejos. Y hasta que el de Sinaloa terminaba de exterminar a sus adversarios y se retiraba de las comunidades, llegaba la Guardia Nacional.
Este fin de semana, cuando un convoy del Cártel de Sinaloa fue recibido con ovaciones en La Trinitaria al circular por la carretera federal 211 rumbo a Frontera Comalapa, a unos 80 kilómetros de ahí, no encontró ninguna autoridad federal o estatal en su camino. La realidad es que no existen, por omisión y decisión, y ese territorio es de quien lo gane a balazos. El llamado del Presidente este lunes a quienes habitan en esa zona a que “no se dejen someter” es pura palabrería al aire. Es absurdo pedir a los ciudadanos evitar que los “sometan” ante la capacidad de fuego de los cárteles, y sacudirse la responsabilidad del gobierno, que tiene el uso legítimo de la fuerza, para proveer su principal obligación: seguridad a los ciudadanos.
La Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas dijo este fin de semana en un comunicado que el silencio y la omisión de las autoridades “nos demuestra un Estado fallido y rebasado o coludido con los grupos delincuenciales”. No estamos los mexicanos en condiciones para saber si el gobierno federal, el estatal y los municipales están coludidos con los cárteles de la droga o si son incompetentes, miedosos y débiles ante ellos. En cualquier caso, cada vez más rápido, el control territorial está quedando de manera creciente en manos de los criminales.
Su expresión es clara, no sólo en Chiapas sino en el resto del país. La semana pasada se dio a conocer el reporte de agosto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde si bien en lo general se registró un descenso en la incidencia delictiva de 3 por ciento, los delitos de alto impacto como homicidio doloso, robo y extorsiones tuvieron un alza en 17 estados, donde Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco vieron un incremento de 52, 47 y 41 por ciento en comparación con julio. Los homicidios dolosos y los feminicidios tuvieron un alza en 14 estados, donde Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Morelos, Querétaro y Quintana Roo tuvieron incrementos de 20 a 38 por ciento.
Las organizaciones delincuenciales, cárteles, bandas o células vinculadas a esos grupos mayores o que operan de manera independiente ya controlan sistemas productivos –notoriamente en Michoacán y Guerrero–, industrias como la construcción –clarísimo en el Estado de México–, extorsiones y cobros de piso –como en la Riviera Maya y en colonias trendy de la Ciudad de México como La Condesa–, y tienen subyugado al transporte público y a los sectores comercial y minero. La pregunta de quién manda en muchas regiones de México es fácil de responder: los criminales. (El Financiero)
