López Obrador pretende ahora golpear al Poder Judicial con la locura de que la ciudadanía elija en urnas a los jueces, magistrados y ministros de México.
El mundo vive tiempos descompuestos, irracionales, en los que las variables que nos guiaron los últimos 70 años en la construcción de regímenes más plurales, más democráticos, con mayores contrapesos y equilibrios, parecieran hoy ser una aberración.
Aparecen líderes o presidentes –que no son lo mismo y, con frecuencia, no encarnados en la misma persona– que lanzan diatribas, apedrean la democracia y azuzan a las multitudes para crucificar a sus oponentes.
Figuras desde el poder, que representan más al antidemócrata, que al impulsor de libertades y tolerancias.
Personajes que construyen su respaldo electoral y popular a partir del denuesto, la descalificación, el insulto, el agravio y, peor aún, el insultante atropello de la ley.
Es la secuela Trump, que ha dejado en el mundo una estela perniciosa de políticos que dinamitan todos los días las democracias plurales y representativas.
Le doy tres ejemplos, aunque existen muchos otros.
Compare usted en esta categoría a Gustavo Petro, de Colombia; al aspirante incendiario Javier Milei, en Argentina, y por supuesto nuestro campeón, Andrés Manuel López Obrador, en México.
Petro se lanzó este fin de semana con una serie de ataques insulsos y amenazas incluso al embajador de Israel en Colombia. Se desquició con un absurdo y desequilibrado apoyo a Palestina, confundido, como tantos otros, de que Hamás y Palestina son lo mismo. Pero más que reclamar la legítima existencia de un Estado palestino, justifica el terror y la violencia de Hamás.
Una auténtica expresión de locuacidad incontrolable.
En el cono sur, Javier Milei gana adeptos y conquista simpatías acusando al régimen de izquierdas (Kirchner-Fernández de Kirchner y Fernández), con casi 16 años en el poder, de una serie de tropelías y abusos, robos y desfalcos.
Más allá de su discurso y de la no presentación de evidencias, incendia a la ciudadanía al acusar a quienes gobernaron todos estos años, se regodea en lenguaje vulgar y prosaico, y llama a todos una mierda rotunda, causantes de la destrucción de Argentina.
Para sorpresa de muchos, este desquiciado personaje, que reconoce hablar con los perros –sus mejores amigos–, tiene un amplio sector de apoyo en el electorado.
En coordenadas más inmediatas, López Obrador, en México, en la recta final de sus seis años de gobierno –bendito sea Dios– pretende ahora someter y doblegar a la Suprema Corte, castigarla con presupuestos estrechos y austeros, además de arrancarle ahorros y fideicomisos construidos al paso de años, para cubrir emergencias y pensiones de trabajadores.
Andrés Manuel, autor de descalabros y ocurrencias históricas, nocivas y dañinas para la patria, pretende ahora golpear al Poder Judicial con la locura de que la ciudadanía elija en urnas a los jueces, magistrados y ministros de México.
Hay que decir que no es el único en el mundo: Benjamin Netanyahu, de Israel –de cuyo equilibrio mental existen también fundados cuestionamientos–, lleva meses impulsando una reforma semejante para elegir a los jueces y tomar el control del único órgano que hace contrapeso al Congreso y al gobierno en su país.
López Obrador quiere controlar a los jueces, convertirse en el gran ejecutor de ley y decir, como profeta supremo, qué es correcto a los ojos de “su ley” y qué no.
Lo más triste es que, cual caja de resonancia, la aspirante de su partido y gobierno a sucederlo ya repite la misma locura.
Las y los jueces no pueden ser sometidos a procesos de elección popular porque no responden a partidos, a grupos políticos ni ideológicos. Los rige, o debe regir, el imperio de la ley, como señalan las máximas académicas.
Los jueces responden al derecho, y no a los intereses de líderes y facciones. No pueden y no deben ser electos porque su proceso de ascenso en la estructura judicial debe obedecer a sus méritos y especialidades, conocimiento y experiencia.
¿Existe corrupción en el Poder Judicial de México y de otros países? Es innegable. Y para corregirlo deben aplicarse las reformas e implementar la fiscalía anticorrupción que este gobierno, tan decidida y cínicamente, decidió enterrar. Para qué perseguir a los corruptos, si es mejor que el gobierno en turno señale quiénes son y cuáles aportan el mayor rédito político.
Aquí no se trata de jueces libres y autónomos, que hagan un trabajo profesional, y de llamar a cuentas o se investigue –bajo la óptica del derecho– a quienes actúen de forma indebida.
El objetivo es un Poder Judicial a modo, sometido, controlado por magistrados postulados e impulsados por Morena y el pseudomovimiento de transformación. Es decir, obedientes y sumisos al caudillo, como lo son diputados, gobernadores y senadores.
Vivimos en tiempos en los que la mayor locuacidad gana adeptos y simpatizantes. (El Financiero)
