La Secretaría de Hacienda otorga permiso para que las entidades públicas puedan seguir difundiendo planes sociales y actividades oficiales, pese a prohibición
En pleno periodo electoral, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Secretaría de Hacienda ampliar hasta el 17 de noviembre la posibilidad de seguir realizando contrataciones que le permitan difundir los programas sociales y las actividades gubernamentales en medios de comunicación, lo cual tenía como límite el pasado 13 de octubre, según la ley vigente.
Con lo anterior, la Federación podrá continuar efectuando contratos para difundir obras como el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, así como la entrega de la pensión para adultos mayores, las becas del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros programas sociales, cuya difusión en este periodo ha sido calificada de “electorera”.
El proceso electoral rumbo a los comicios de 2024 inició en septiembre de este año, y las precampañas arrancan el próximo 20 de noviembre. Fue la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, la que pidió a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Hacienda que “se amplíen para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal las fechas establecidas respecto de las partidas de gasto 36101 ‘Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales’ y 36201 ‘Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios’”.
Lo hizo a través del oficio CCCSYVGR/206/2023, del que EL UNIVERSAL posee copia.
Las fechas para suspender contrataciones públicas se encuentran en el apartado cinco del documento “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2023”, de la Secretaría de Hacienda, el cual tiene por objeto que los ejecutores de gasto de este gobierno “cuenten con los términos y fechas para que realicen un cierre ordenado del ejercicio presupuestario de 2023, que facilite el cumplimiento de la meta del balance público, conforme a las disposiciones que les resulten aplicables”.
Dicho apartado, referente a las “fechas límite”, menciona que “los ejecutores de gasto no podrán iniciar procedimientos de contratación de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas después del 13 de octubre de 2023”, mientras que en el caso de contratación mediante adjudicación directa “la fecha límite para que los ejecutores de gasto formalicen los compromisos respectivos también será el 13 de octubre de 2023”.
Estas disposiciones son de observancia obligatoria para las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y las entidades de la Administración Pública Federal, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Oficina de la Presidencia de la República y los Tribunales Agrarios. Sin embargo, la vocería a cargo de Ramírez Cuevas solicitó la ampliación de plazo, que fue autorizada por la Subsecretaría de Egresos, a cargo de Juan Pablo de Botton Falcón.
“Esta Unidad, en el ámbito de sus atribuciones en materia presupuestaria, considera que los ejecutores de gasto bajo su más estricta responsabilidad podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación respecto de las partidas antes referidas, siempre y cuando: i) se cuente con las autorizaciones presupuestarias correspondientes; ii) la fecha límite para iniciar los procedimientos de contratación sea hasta el 17 de noviembre de 2023”, estableció.
Las partidas de gasto 36101 y 36201 permiten al gobierno federal del país la contratación de campañas de comunicación social y/o de promoción y publicidad, a fin de difundir el quehacer gubernamental y las acciones o logros de gobierno, así como —señalan— para “estimular acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público”.
También permiten hacer campaña de promoción para promover la venta de productos o servicios que generan algún ingreso para el Estado, así como la realización de las llamadas Campañas por tiempos oficiales, para que las dependencias y entidades, a través del uso de tiempos fiscales y del Estado en radio y televisión, lleven a cabo la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social.
Dichas campañas pueden realizarse en medios electrónicos, impresos y digitales, tales como radio, televisión, periódicos, revistas, y portales de internet, entre otros.
Con la autorización, se establece que el registro de los contratos en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto será a más tardar el 30 de noviembre de 2023.