Si prosigue el abuso y la violación de las reglas, la consecuencia será una elección anulada que a nadie conviene.
Nuevamente está en riesgo la aceptación del resultado de una elección presidencial en México. Faltan ocho meses, pero las condiciones de la competencia están pavimentando una ruta sinuosa y minada para 2024.
Las campañas anticipadas, la intromisión del presidente López Obrador, los gastos excesivos de la aspirante de Morena y el pasmo de las autoridades electorales para poner orden anticipan que la perdedora presidencial, sea quien sea, impugnará el resultado y acaso pediría la anulación.
Lo más importante de una elección no es quién gana, sino la oportunidad política de un país para renovar sus cuadros dirigentes, distender el ambiente y estimular nuevas oportunidades de negociación política. Ese es el atributo democrático de una elección que podemos perder.
Las autoridades electorales son las responsables de que las reglas se cumplan. Pero hay dos problemas a la vista: I) que las reglas son ineficaces porque no contemplan sanciones efectivas cuando los servidores públicos, especialmente el presidente, incumplen su labor; y II) que, en el caso del INE, se percibe una actitud de complacencia con el gobierno.
En lugar de que el árbitro someta a los jugadores a las reglas del juego, imperfectas como son, pero finalmente las reglas aprobadas por todos, el árbitro adapta el reglamento al deseo y capricho de los jugadores.
El resultado inevitable será que al final del juego el perdedor dará una patada a la mesa y reprobará el resultado como injusto, inequitativo y fraudulento.
Si gana la candidata oficial, lo más probable hoy, la oposición se sentirá arrinconada, agraviada y no tendrá ningún incentivo para alzarle la mano. Dirá, con razón, que desde dos años antes Sheinbaum inició una campaña que le costó cientos de millones de pesos, que el presidente intervino ilegalmente y que se usó los recursos del Estado para atacar a la candidata Gálvez, causando un daño irreparable.
Aun si Sheinbaum ganara por una amplia ventaja, ello no evitará el rechazo político del resultado. El Tribunal Electoral podrá validar la elección, pero en la oposición habrá una herida de agravio que tardará tiempo en sanar.
En contraste, si la oposición gana, López Obrador rechazará el resultado e incluso alentará protestas sociales a lo largo del país con los gobernadores del oficialismo como sus protagonistas centrales. En un entorno así, el país puede volverse ingobernable.
El tema nodal de la elección de 2024, reitero, no es quién gane, sino la forma como se gane. Eso es el valor supremo a tutelar por todas las partes. Al oficialismo le conviene iniciar una nueva administración con un tono de distensión y de conciliación, no de pleito prolongado.
No hay forma de que Sheinbaum pueda iniciar un gobierno en condiciones diferentes e imprimirle un sello propio si prevalece el encono que López Obrador le ha dado a la política nacional.
Sería deseable que la nueva presidenta detone una fase de más certeza, menos estridencia y una política más incluyente, que dé como resultado más seguridad para la gente, menos violencia en el país, más crecimiento económico y la posibilidad de aprovechar el nearshoring, entre otros.
Las autoridades electorales deben hacer un esfuerzo de creatividad y de pedagogía para convocar al orden. Un llamado público a la corresponsabilidad con mayor presencia en el debate —no para pelearse, sino para explicar, para convocar a la prudencia, para señalar que sus límites legales deben ser compensados con la autocontención de los actores políticos—.
Decir con claridad que si prosigue el abuso y la violación de las reglas, la consecuencia será una elección anulada que a nadie conviene. (El Financiero)
