La senadora de Morena considera que la eliminación de los 13 fideicomisos al Poder Judicial representan parte de las «conquistas laborales», reitera que no protege algún tema de interés
La senadora por Morena y ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, se manifestó en contra de la desaparición de cinco de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, “vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración”.
En tribuna, defendió a los trabajadores del Poder Judicial argumentando que la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus «conquistas laborales».
“Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aclaró.
Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios, para mí, uno de esos momentos es hoy.
Como Senadora de la República votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) October 25, 2023
Expuso que habla en favor de los derechos de 22 mil 896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, intendentes y oficiales…de 11 mil 314 secretarias o secretarios de tribunal… de mil 721 juezas y jueces, magistrados y magistradas…de mil 211 defensoras y defensores públicos, asesoras y asesores jurídicos que atienden a la población de menos recursos.
“Al extinguirlos estaríamos validando la disposición de un dinero que no fue brindado únicamente por el presupuesto federal, sino que contiene recursos aportados por las propias servidoras y servidores públicos, y que además de servir para el tema de salud forma parte de las Condiciones Generales de Trabajo de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”.
La también exsecretaria de Gobernación, enumeró los cinco fideicomisos y las afectaciones que tendrán los trabajadores del Poder Judicial Federal, en materia de acceso a la salud, jubilación, seguridad para jueces e infraestructura para la implementación de las reformas judiciales.