El 2024 será un año electoral en varios países latinoamericanos y veremos nuevamente a los políticos lanzarse a la búsqueda de votantes, simultáneamente aparecerán operadores políticos que ofrecerán caudales electorales a cambio de los cuales pretenderán asegurarse cuotas de representación electoral y ciertas concesiones de los triunfadores. La pregunta que surge es si dichos operadores tienen realmente los votos que dicen y si esta presunta capacidad es operativa. Para decirlo en pocas palabras la pregunta que surge es si los operadores tienen la capacidad de operación clientelar para garantizar el comportamiento ofrecido.
Entre los operadores contactados son los líderes religiosos que en forma discreta o abierta negocian con los candidatos compromisos y candidaturas a puestos electorales y operativos en el caso que el candidato respectivo obtenga posiciones ejecutivas. Las estrategias electorales de los grupos religiosos tienen dos dinámicas muy distintas, los grupos más pequeños operan a nivel municipal o regional, donde tienen una presencia significativa y pueden consensar a la congregación para brindar sus votos, generalmente a cambio de aportes concretos cómo materiales de construcción para el templo y cuestiones similares.
Los más experimentados han exigido puestos de representación para garantizar los apoyos, ciertas iglesias abultan las cifras de feligreses para obtener más recursos y posiciones tratando de convencer a los políticos que tienen peso sobre el conjunto de minorías religiosas.
La estrategia de la Iglesia mayoritaria es diferente, hacen rondas de presentaciones de los candidatos y aparentemente no apoyan a ninguno, sino que por el contrario exigen un conjunto de tratos especiales y prebendas que deben garantizar todos los candidatos, cualquiera sea quien triunfe. Por supuesto, están muy interesados en que el candidato o candidata sea creyente católica y practicante, aunque, en forma pragmática podrían aceptar que no sea muy creyente ni practicante, con tal que les cumpla acorde con sus intereses. El caso Trump es paradigmático, quien era comparado con el Rey persa Ciro el Grande, quien a pesar de ser un idólatra protegía a los judíos.
En este contexto, estaba claro que los católicos votarían por distintos candidatos, pero en este caso, el poder de los obispos estaría más relacionado con la no emisión de un veto al candidato, condicionado a agendas provida, homofóbicas y similares, que varían según los respectivos países, que estarían referidos a los derechos de “la familia”, así en singular. Esta temática es un punto de confluencia entre católicos o evangélicos conservadores. En el caso de los evangélicos conservadores, la agenda “provida y familia natural” es un requisito para apoyar a ciertos candidatos.
Esta agenda es retomada como elemento constitutivo de la agenda de partidos políticos que tratan de perfilarse como evangélicos o católicos conservadores, copiando las estrategias del Partido Republicano de Estados Unidos. Mientras que la agenda conservadora puede ser eficaz en ese país, en América Latina han fracasado, quizás con la única excepción del Brasil de la primera presidencia de Jair Bolsonaro, aunque no se sirvió para reelegirse.
La crisis de la agenda “provida y familia” en América Latina tendría dos lecturas, una de ellas prioriza el impacto de lo social en los procesos electorales y otra que también es concurrente, prioriza las decisiones personales y de la misma pareja en materia de moral sexual y familiar, considerando que en estos temas la Iglesia no tiene nada o poco que opinar.
Esta situación es importante para analizar la configuración de los conceptos de laicidad del estado y construcción de ciudadanía entre los creyentes latinoamericanos, que marca la crisis de los proyectos de estados confesionales. Si los protestantes parten del concepto de autonomía de las “esferas” en que está dividido en mundo la “política y estado” están en otra lógica distinta de la “religión”, por ello retoman los conceptos de los Padres fundadores de la Unión americana, quienes marcaron una fuerte separación entre el estado y las iglesias. Proyecto que fue de alguna manera retomada por los liberales latinoamericanos en la fundación de los estados regionales en el siglo XIX.
El problema que tienen los políticos es que confunden creyentes con fundamentalistas e integristas religiosos, algo así como la gimnasia con la magnesia. Sólo nos queda proponerles que definan y hagan públicos sus programas de acción política para que los ciudadanos (tanto creyentes como no creyentes) puedan exigirles que los cumplan. (El Universal)