La recién aprobada SB3 se suma a la SB4 e implican una criminalización total no sólo de los indocumentados, sino de los familiares que intenten ayudarlos o con quienes vivan
Miami.— Las nuevas leyes en el estado de Texas SB3, que autoriza mil 500 millones de dólares para la construcción de más muro en su frontera común con México y la SB4, que observa como delito estatal ingresar a Texas sin documentos oficiales, y que firmó el gobernador Greg Abbott hace unos días, son ya las más radicales contra los migrantes en Estados Unidos.
“Ambas son muy graves porque la SB4 le da a las autoridades estatales y locales poder para preguntar el estatus legal a cualquiera que parezca sospechoso de ser indocumentado y sabemos que ellos [las autoridades] se guían primordialmente por el color de la piel y el aspecto físico”, señala a EL UNIVERSAL el abogado especialista en inmigración José Jordán. “Esta ley no sólo es discriminatoria y racial, también es inconstitucional porque la detención de personas sin papeles es potestad exclusiva de autoridades federales”.
Y no sólo eso, quienes sean deportados serán simplemente cruzados a territorio mexicano. A pesar de las advertencias y críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al texano Greg Abbott “le entran por un oído y le salen por otro”, asegura el abogado, “porque sabe que el gobierno mexicano no tiene el carácter enérgico para defender su frontera contra estos abusos del estado de Texas”.
Si el migrante adulto detenido, hombre o mujer, contradice la orden de extradición de un juez o peor aún, si cuenta con antecedentes criminales el delito de estar en Texas sin documentos “se convierte en un asunto grave que podría llevar a una pena de hasta 20 años de prisión”, advierte el abogado.
El especialista también explicó que, si un indocumentado es detenido por las autoridades estatales o locales en Texas, pero no cuenta con algún récord criminal, “es probable y, repito, es probable que no lo deporten”.
La SB4 también aumenta las penas a los traficantes de personas. “Imagínate que estás llevando a tu papá o a tu mamá, que son indocumentados y tú no, a su trabajo, al médico o a la iglesia y por alguna razón de tránsito te detienen. Tu papá o mamá van a ser llevados a un centro de detención para ser procesados, pero a ti, su hijo o hija, los van a detener por tráfico de personas. ¡Es espantoso!”, subraya Jordán.
Este tipo de delito es penado con un máximo de 10 años de prisión en caso de hallarlos culpables, comenta el especialista. “Por si fuera poco, también dan cinco años de prisión a quienes faciliten casa de seguridad a indocumentados. Entonces tu casa o la de tu hijo, si vives con él, se convierte en una casa de seguridad automáticamente. ¡Completamente absurdo!”.
El representante estatal Armando Walle escribió en X, antes Twitter, que las medidas de la SB4, además de absurdas, ponen en riesgo la seguridad de familias mixtas, es decir, con miembros con estatus legal y con estatus de indocumentados.
La abogada Silvia Mintz dijo a este diario que “es muy importante el lenguaje que se usa en la descripción de cada ley y la interpretación de ésta; en este caso es claro que las familias mixtas corren un riego importante”.
Mintz recomienda a inmigrantes que para contrarrestar la SB4 revisen y conozcan sus derechos, “que sí los tienen, aun como indocumentados”. Señala que “lo más importante es que no firmen ningún documento sin consultar o, mejor aún, sin tener presente a su abogado, especialmente si son detenidos”.
En medio de estas acciones, el expresidente Donald Trump y el gobernador Abbott sostuvieron el pasado 19 de noviembre una convivencia por Día de Acción de Gracias adelantado, con tropas de la Guardia Nacional texana y agentes estatales fronterizos y del orden público.
“Estos valientes hombres y mujeres están lejos de sus familias durante las vacaciones, trabajando noche y día en nuestra frontera”, publicó el gobernador Abbott.
“Una situación que no hay que pasar por alto y que es especialmente delicada para las agencias texanas que estén deteniendo a migrantes por su aspecto, es que se van a encontrar con muchos que son ciudadanos estadounidenses y ellos también, seguramente, correrán demandas en contra de la agencia que los detuvo”, advierte el abogado José Jordán.
Esta advertencia también la hizo la socióloga y profesora de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Cecilia Menjivar, quien asegura que la SB4 “va a afectar a ciudadanos estadounidenses con raíces y apariencia latina, a los que escuchen hablando en español, a quienes tengan apellidos hispanos y a quienes tengan familiares o amigos migrantes. Se trata de una ley xenofóbica y discriminatoria”.
La SB3 ha sido muy criticada por parte de políticos estatales del Partido Demócrata y de abogados especialistas como Jacob Monty, quien opina que “los mil 500 millones de dólares para construcción de un muro [en la frontera] son una completa pérdida de tiempo y dinero, que además no va a resolver el problema de la migración”.
Esta ley también autoriza otros 40 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Pública de Texas (TDPS, por sus siglas en inglés), que les permita llevar a cabo mayores operaciones de seguridad en la franja fronteriza, pagando tiempo extra a agentes estatales que deseen trabajar más horas en la detección y detención de indocumentados.
Las dos leyes, SB3 y SB4, forman parte de la Operación Lone Star lanzada oficialmente desde marzo pasado por el gobernador Abbott, con la filosofía y objetivos de, entre otras cosas, detener el tránsito ilegal de personas y el tráfico de drogas; Abbott alega que tuvo que actuar ante la “inacción” del presidente Joe Biden en materia migratoria.
Entre los políticos que defienden ambas leyes se cuenta el abogado especialista en inmigración John Cornyn, quien es senador republicano por Texas. “Es una medida necesaria que hacía falta para asegurar nuestra frontera”, ha declarado. Aseguró que el muro es una medida eficaz, incluso para detener a los terroristas.
El abogado y fiscal general de Texas ha asegurado que “es una de las mejores maneras para proteger el orden público contra las ciudades santuario [protectoras de migrantes] que no quieren cooperar con las autoridades federales fronterizas”. El senador estatal Charles Perry niega que se trate de leyes discriminatorias y anticonstitucionales.
Y en medio de las tierras movedizas antiinmigrantes en Texas, el alcalde de la capital del estado, Steve Alder, se ha atrevido a nombrar a Austin como ciudad santuario. “Vamos a proteger a los habitantes de Austin; no queremos que se erosione la confianza entre la ciudadanía y la policía o las autoridades locales”, aseguró.
Tanto la sheriff del Condado de Travis, Sally Hernandez, como el jefe de la Policía de Houston, Arturo Acevedo, han asegurado públicamente que rechazan estas leyes, que no van a cooperar con las autoridades migratorias y acusaron que se están distrayendo recursos que deberían usarse para el combate al crimen.
Alistan demandas
Organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes, grupos proinmigrantes y políticos estatales demócratas adelantaron recientemente que están llevando a cabo varias demandas en contra de estas leyes que consideran “totalmente racistas y anticonstitucionales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos al igual que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) están procesando algunas de las demandas que intentan detener las acciones de las leyes SB3 y SB4 en Texas.
Paralelamente, organizaciones proinmigrantes están viendo también la manera de detener estas leyes. United We Dream es la mayor red de este tipo liderada por jóvenes migrantes que están luchando por la dignidad de los latinos buscando justicia.
Refugee and Inmigrants Center for Education and Legal Serevices (RAICES) es una Fundación sin fines de lucro que opera con un frente nacional para la defensa de los inmigrantes. A éstas se suma Las Americas Inmmigrant Advocacy Center, que aboga por los derechos humanos de los migrantes también.
Junto a ellas, decenas de organizaciones afines a las comunidades latinas en toda la Unión Americana están denunciando los abusos contra cientos de ellos y la inconstitucionalidad de varias medidas que el gobernador de Texas ha llevado a cabo.