A la fecha, ningún responsable de la matanza de 11 jóvenes ha sido detenido, a pesar de que las autoridades señalaron a un grupo criminal local como el autor de los hechos
Salvatierra.— A un mes de la masacre en este municipio de Guanajuato, persiste la impunidad por el asesinato de 11 hombres y mujeres jóvenes que celebraban una posada.
Pese a que desde el comienzo de la investigación la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió que un grupo criminal local fue el que disparó contra las víctimas, hasta hoy los asesinos siguen libres.
Familias que perdieron hijos e hijas esperan la justicia que reclamaron en una marcha por las calles, pero lo hacen en silencio… por seguridad. “Claro que hay temor, tienen más hijos, su patrimonio está aquí y los delincuentes andan por estas tierras”, señaló un comerciante, pariente de una víctima.
La vocera de la FGE, Susana Montero, informó que, a la fecha, “las investigaciones están en proceso y conforme haya avances se informará con gusto”.
Sin embargo, el reclamo de justicia de más de 500 personas que participaron en la marcha del pasado 20 de diciembre, para exigir justicia por el asesinato de los jóvenes, sigue pendiente.
La madrugada del 17 de diciembre de 2023, un comando abrió fuego en la exhacienda San José del Carmen, donde se celebraba una posada que era amenizada por la banda musical Dinastía Los Cornejo. En el lugar murieron dos mujeres y nueve hombres, entre ellos uno de los cantantes, y 14 personas más fueron heridas.
Los casquillos percutidos, recogidos en la escena del crimen por peritos forenses, corresponden a siete armas largas que fueron utilizadas también en otros hechos delictivos en esta región, de acuerdo con estudios de balística de la Fiscalía General del Estado.
Exigen resultados
El diputado panista Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local; Raymundo Sandoval, representante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, y Susana Martínez Nava, investigadora de la división de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, señalaron la importancia de que las autoridades den resultados en contra de la impunidad.
López Camacho exigió a la FGE y a la Fiscalía General de la República (FGR) que hagan su trabajo y presenten ante la justicia a los responsables, “sean quienes sean”.
Raymundo Sandoval subrayó que el mayor problema con las masacres en Guanajuato es la impunidad, que no sólo tiene que ver con la falta de capacidad técnica de la fiscalía, sino con la impunidad activa, es decir “pactos que eventualmente tendría la fiscalía con las redes de macrocriminalidad”.
“Consideramos que no es la impunidad que se denomina pasiva, en el sentido de carecer de recursos técnicos, económicos, humanos y políticos suficientes para realizar las investigaciones. La fiscalía tiene 4 mil millones de pesos cada año y tiene esta capacidad que siempre presume, incluso a nivel internacional”, matizó el activista social.
Desde el 18 de diciembre, la fiscalía estatal, al mando de Carlos Zamarripa Aguirre, sustentó la participación en el ataque de un grupo criminal local que opera en la región, como por estrategia denominan las autoridades de Guanajuato al Cártel Santa Rosa de Lima.
El fiscal regional con sede en Celaya, Navigio Agustín Gallardo, aseguró en su momento que las investigaciones iban encaminadas a la detención de un grupo de personas que opera en la zona. Desde esa fecha no hay novedades.
“Nos parece que la indignación que generó Salvatierra —no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional— era un elemento importante para que la fiscalía reaccionara”, dijo Sandoval.
Ante la falta de resultados de la autoridad investigadora, el defensor de derechos humanos indicó que se debe seguir con la exigencia de justicia.
Que fiscalías muestren que trabajan
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local dijo que se debe estar del lado de las personas que perdieron a sus seres queridos, pues no hay pretexto válido que contribuya a la impunidad, ya que ésta “genera desconfianza en el ciudadano (…) [y] se convierte en un acto de desesperación para la víctima o los familiares de las víctimas”.
El legislador planteó que poco importan los informes y comunicados oficiales si éstos no son efectivos y tampoco hay resultados que demuestren que los que se encuentran del lado del mal están pagando ante la justicia.
Añadió que la fiscalía del estado y la fiscalía de la Federación tienen la obligación de presentar ante la justicia a los responsables de la masacre, y después que los jueces hagan su trabajo, “como debe de ser”, para que los asesinos paguen con las consecuencias legales y jurídicas pertinentes.
“Las fiscalías tienen la gran responsabilidad de, en cuanto tengan información, y ojalá lo tengan lo antes posible, poderla dar a conocer a la ciudadanía y que veamos con esto que están haciendo su trabajo”, aseveró.
Dar resultados
Susana Martínez, experta en política criminal, señaló que, en el caso de la masacre de Salvatierra, a los ciudadanos no les interesa de qué fuero es la conducta que marcó su vida, lo que quieren son resultados, “y eso creo que es algo que debe también de hacer sensibles a las autoridades”.
La profesora, investigadora de la Universidad de Guanajuato, precisó que las víctimas indirectas —las familias— tienen el derecho de exigir el acceso a la justicia, y cuando éste no se logra pues el Estado se convierte en responsable.
“Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han condenado al Estado mexicano por esa falta de garantías para la vida, para el acceso a la justicia, la integridad, la verdad.
“Pero también hay otra obligación a cargo del Estado, que son las garantías de repetición, es decir que se adopten medidas de política pública, de política criminal que tiendan a disminuir el delito”.
Reconoció que la región del Bajío es una de las más afectadas por la violencia y una sola institución no puede hacer mucho si otras áreas del sistema de justicia penal y de la administración pública no se coordinan, no colaboran.
Es importante que en este momento haya una gran colaboración y coordinación para que las investigaciones sean más exitosas.
El dolor se va a quedar
Los 14 jóvenes que sobrevivieron al ataque fueron dados de alta en el hospital y están fuera de riesgo. Algunos fueron sometidos a varias cirugías y todos reciben apoyo sicológico y económico, al igual que familiares de los fallecidos, por parte de la Comisión Estatal de Víctimas, señaló el presidente municipal, Germán Cervantes Vega.
“Ha sido un mes, el dolor siempre se va a quedar. Fue un hecho inédito que nos va a marcar; va a ser un día que siempre lo vamos a recordar con tristeza, con dolor. No ha sido fácil para nadie”, expresó.
Señaló que la tragedia provocó la caída del turismo en este Pueblo Mágico, que ahora se alista para la celebración de la Feria de Candelaria, en febrero próximo, con resguardo de las fuerzas de Seguridad Pública del estado.
El alcalde reconoció que la gente quiere y exige seguridad, tranquilidad y vivir en paz, y no le interesa si le toca gobierno federal, si le toca el estado o al municipio.
