Hace ya mucho tiempo, un poco más de 2,408 años, en la antigua Grecia, cuando se reunían los filósofos en algún bar o taller de aquellas épocas para platicar solían plantearse complicadas preguntas para entender, por ejemplo, el origen de la vida y del universo. Una trama dilemática atribuida a Aristóteles (384-322 AC) es la cuestión: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
La respuesta no era sencilla porque la gallina procede de un huevo y el huevo de la gallina. El maestro de Estagira, sabiendo que no dejaría contentos a unos y a otros, propuso que lo actual es siempre anterior a lo potencial y, por lo tanto, la gallina precede al huevo.
¿Qué debería ser primero?
En otra charla –imaginaria- sobre asuntos más terrenales como lo negocios inmobiliarios, políticos profesionales locales trataban de ponerse de acuerdo en: ¿Actualizar el plan de desarrollo urbano de Zamora, primero, y después formar la Comisión Municipal de desarrollo urbano (Comude) o cumplir, como indica el Código de Desarrollo Urbano, primero constituir la comisión, valorar el plan anterior y, de ser necesario, convocar a la actualización?
Preciso: el código en cuestión es el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en el Periódico Oficial del Estado con la última reforma de agosto 31 de 2022.
De esta plática inventada, resultó que los administradores del municipio zamorano decidieran, primero, lanzar la iniciativa de “actualizar” el programa de urbanización y, posteriormente, organizar la comisión con ciudadanos comprensivos, flexibles no “problemáticos”.
¿Quién se habría de fijar en ese detalle? Nadie pondrá en duda el procedimiento, más aun cuando a lo largo de todo el proceso se cuenta con el aval moral y el apoyo económico de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu). Así echaron a andar los trabajos de “actualización” apoyados en la confianza de que la Comudezam, con su visto bueno, legalizará la expansión o reducción del suelo urbanizable.
¿Participación ciudadana o simulación?
Si un extraterrestre leyera la legislación relacionada con la urbanización y el medio ambiente y no mirara lo que ocurre en la vida diaria, quedaría maravillado por tan adelantados preceptos que mandatan tomar en cuenta lo que las personas piensan y lo que quieren para su municipio y su ciudad cabecera.
Para empezar, ese individuo galáctico bajado del cielo se alegrará al enterarse de la participación de la sociedad a través de órganos como la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano de Zamora (Comudezam), las consultas en línea o de modo personal para afirmar y/o corregir y vía la denuncia ciudadana alertando perjuicios al patrimonio municipal, pero ¿en verdad los políticos estarían felices si las personas tuviesen disposición para presionar por el espacio que les gustaría para vivir? Lo más seguro es que no, por eso no les importa constituir comisiones municipales de desarrollo urbano con capacidad de gestión y, cuando alguien argumenta algo en contra –basado en la figura “denuncia ciudadana”-, alegarán que carece de “interés jurídico”.
Comisiones con amplio control de los alcaldes
Con base en el referido Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán (PO agosto 2022), en los municipios más grandes como Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro se debe constituir una comisión municipal (artículo 28).
Dicho organismo se integra y funciona con miembros permanentes, del propio cabildo: presidente (alcalde), secretario técnico (titular de la dirección de planeación urbana o algo similar); los regidores titulares de las comisiones de desarrollo urbano y obras públicas, ecología, y planeación, presupuesto y desarrollo del ayuntamiento. Además, tres vocales de los jefes de tenencia y tres encargados del orden, cuyo nombramiento está sumamente manipulado ´por el gobierno municipal.
A ellos se suman once vocales sociales procedentes de las cámaras de la industria, el comercio; de los colegios de profesionistas (arquitectos, ingenieros civiles), asociaciones, instituciones académicas y de investigación, organizaciones de los sectores privado, social y concesionarios del transporte público.
Por la manera en que se integra esta instancia y el número de elementos designados bajo influencia de la autoridad local, es poco probable que la Comudezan escape al control del alcalde. Es bueno resaltar que entre funcionarios y jefes de tenencia suman 11 individuos frente a los 11 representantes sociales; además el alcalde es presidente de la Comisión y tiene voto de calidad en caso de empate (artículo 32).
Además de su composición, otra “circunstancia” es que la parte “institucional” (alcalde, director de planeación, funcionarios) suele no faltar a las sesiones, no así la representación de las asociaciones y colegios que falla y deja más que abierta la posibilidad de que el alcalde -siempre- obtenga votaciones favorables.
La ley como ornato
El Código prevé que dentro de los primeros seis meses del inicio de su gestión, las autoridades municipales deben proceder a formar la Comude con la renovación de la mitad de sus integrantes, conforme el artículo 47 que indica: “Los vocales representantes sociales que integren las comisiones estatal y municipales, durarán en su encargo tres años y desde su integración, se definirán periodos diferenciados para que el cincuenta por ciento de ellos sean renovados a la mitad del periodo gubernamental”.
El mismo ordenamiento mandata para que esta comisión sesione de modo ordinario cada treinta días y en forma extraordinaria cuando sea necesario o lo solicite la mitad de sus integrantes (artículo 37).
Otra anomalía, infracción al Código o “un simple olvido” del gobierno local es que no publicó convocatoria alguna para la integración de la Comude y se limitó a “invitar”.
Comisión “atada de manos”
Pese a que esta instancia carece de capacidad de decisión, a los alcaldes les incomoda estar obligados a escuchar consejos.
Las Comudes tienen la atribuciones muy limitadas como opinar sobre provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios (34, II), programas de desarrollo urbano (34, III, IV), y transferencia de potencialidades de predios (34, V) y estudios técnicos de obras; asesorar y apoyar a los ayuntamientos (34,I) y formular propuestas en materia de reservas territoriales y regularización de los asentamientos humanos irregulares (34, VI).
No obstante, las débiles facultades de esta Comisión sin “dientes”, existe una pequeña “atadura”, en materia de planeación urbana: para trazar nuevos planes se requiere del diagnóstico de los anteriores y la “procedencia” de las reformas o reestructuración completa tiene como requisito contar con la opinión de la
“En la formulación o en su modificación total o parcial de los programas de desarrollo urbano establecidos en este Código, la autoridad competente ha derealizar el procedimiento siguiente: I. La Secretaría, el Ayuntamiento, la Comisión de Zona Conurbada o la Comisión de Zona Metropolitana deberá fundar y motivar la procedencia de la elaboración o de la modificación total o parcial de los Programas de Desarrollo Urbano, debiendo contar para este efecto debiendo contar para este efecto con la opinión de la Comisión Estatal y/o Municipales según correspondan” (artículo 91).
Pese a que la ComudeZam, nace atada al alcalde en turno, en el proceso en curso (desde mayo 31 de 2023 hasta nuestros días) para “revisar y actualizar” el plan de desarrollo, el gobierno municipal violenta el Código de Desarrollo Urbano en dos preceptos clave: no constituye previamente la Comisión Municipal y no elabora el diagnóstico que, a su vez, ese organismo debería conocer. Ambos conceptos no son simples detalles administrativos, se trata de hacer concurrir la participación ciudadana de modo real y de actualizar la planeación basada en los avances y retrocesos de los planes anteriores.
Zamora, Michoacán, enero 17 de 2024
J. Luis Seefoó Luján
seefoo@colmich.edu.mx
