A raíz de la siembra de aguacate, de manera comercial, en Michoacán, a partir de mediados del siglo pasado y de lo que va del presente, los sucesivos gobernadores del Estado han emprendido una política de aplicación de la ley relativa al cumplimiento de las normas legales sobre el cambio de uso del suelo, a fin de evitar la deforestación de nuestras serranías.
Sin embargo, el hecho es que no se aprecia que haya funcionado tal política, ya que, en la medida que ha ido creciendo la demanda nacional y mundial del producto, nuestras pineras han sido sustituidas por plantas de aguacate.
En nuestra edición anterior, incluimos la siguiente nota de la prensa estatal: “Aumentará estado de fuerza de Agrupamiento Forestal para combatir cambio de uso de suelo”.
El solo encabezado de la nota está reconociendo que, en tiempo pasado señalado, la norma no ha funcionado o, tal vez, en mínimo grado. ¿Debido a qué? Eso no lo dice el despacho. ¿Y, ahora qué? A que el gobierno de Estados Unidos, que es principal importador del aguacate michoacano, ya está anunciando, sea debido a política conflictiva con el gobierno de México, o por apego a normas internacionales, que sólo comprará el aguacate producido en terrenos que no hayan sido deforestados a fin de plantarlo.
En boletín de prensa del gobierno del Estado del 29 de febrero, se informa que ya han sido localizadas 813 huertas “irregulares” de aguacate, plantadas en terrenos deforestados para ello. Ya no son irregulares, puesto que ya todo había ocurrido, a sabiendas de los inspectores y de los gobernadores correspondientes.
