Varias propuestas para mejorar las condiciones de este sector se presentaron a comisiones del Poder Legislativo para su revisión; en los dos primeros meses de 2024 hubo 16 ejecutadas, advierten
En la actual administración federal que encabeza el presidente López Obrador se han contabilizado mil 389 asesinatos a niñas y adolescentes en el país, es decir, de diciembre de 2018 a febrero de 2024, mismos que corresponden a 507 feminicidios y 882 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras recopiladas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con estas cifras, se da en promedio que, en cada uno de éstos 63 meses, se asesinaron a 22 niñas y adolescentes en nuestro país, entre feminicidios y homicidios dolosos.
El pasado jueves, una mujer que fue linchada en Taxco, quien murió a causa de los golpes. Alrededor de la 1 de la tarde de este jueves, cientos de vecinos de Taxco ingresaron al domicilio de esta mujer, quien fue acusada del secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años.
Además, si sumamos los mil 652 homicidios dolosos de mujeres de 0 a 17 años que han tenido lugar de enero de 2015 a febrero de 2024 y los 753 feminicidios que tuvieron lugar en el mismo periodo, obtenemos un total de 2 mil 405 asesinatos de niñas y mujeres adolescentes registrados a nivel nacional de enero de 2015 a febrero de 2024, detalló.
De enero a febrero de 2024 se registraron 16 homicidios dolosos de mujeres de 0 a 17 años en México, con lo cual el reporte de asesinatos de niñas y mujeres adolescentes en el país asciende a 24 para estos meses de 2024.
La Red por los Derechos de la Infancia en México explicó que a tres años de la iniciativa Spotlight en materia de avances legislativos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, fueron presentados cuatro paquetes de reformas que son niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio; sobre feminicidio y feminicidio infantil, además de incorporarse la perspectiva de género en las responsabilidades administrativas y una más en materia de violencia familiar.
“Todas estas propuestas ya fueron enviadas a las comisiones correspondientes para su análisis y trámite legislativo y posteriormente, serán enviadas al pleno para su análisis y aprobación (ONU, 2021). Sin embargo, aún se necesita de mucho impulso e incidencia dentro del Poder Legislativo para que estas reformas puedan ser aprobadas, con el fin de que se impacte a un universo mucho mayor de leyes que puedan abonar a la protección de miles de niñas, adolescentes y mujeres en el país”, recalcó la organización.
Tras el feminicidio la semana pasada de la niña Camila en Taxco, Guerrero, que desencadenó un linchamiento por los pobladores del municipio, expertas señalaron que el feminicidio de la posible culpable también debe investigarse, además de que el Estado debe garantizar el derecho a la vida de los niños.
“Ninguna de las víctimas con las que he trabajado, ninguna familia siente satisfacción cuando el presunto culpable se suicida o es asesinado, al contrario, sienten mucha frustración porque no están cumpliendo una sentencia y no hay una declaración de que son culpables”, aseguró la abogada Fátima Alvizo, quien fue analista criminal en una fiscalía del país, a EL UNIVERSAL. El derecho a la verdad se vuelve complicado, porque también hubo un feminicidio de la presunta culpable ante el linchamiento que se suscitó en Taxco, explicó.
Agregó que “todos se creen investigaciones, dan variaciones de lo que pudo pasar en redes sociales, eso lacera a las familias porque no otorga una certeza y no hay una un derecho a la verdad”.
Dijo que la actuación de las autoridades se debe a la misoginia interiorizada; “no porque seas funcionario público dejas de tener una crianza profundamente patriarcal y desde ahí construyes la forma en que te acercas a este tipo de situaciones”. El 28 de marzo, Doroteo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de Taxco, acusó a la madre de la menor de “omisión de cuidados”, a pesar de que la niña acudió a la casa de una conocida.
“Es que hay que señalar que no podemos juzgar porque viéndolo desde el punto de vista, hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo debo vigilarlo, orientarlo y guiarlo. Aquí la mamá, supuestamente, dejó salir a la niña sin percatarse, sin las medidas de seguridad pertinentes porque ella refería que la persona que falleció era su amiga”, dijo Vázquez en entrevista a un medio de comunicación.
La abogada enfatizó que la actuación de las autoridades conlleva una responsabilidad adicional, al tener la investidura de un brazo del Estado, pero “también muchos de ellos tienen salarios precarios, esa falta de incentivos no los va a dejar poner su vida en riesgo para solucionar, por ejemplo, un linchamiento”, explica Alvizo.
El feminicidio es un fenómeno de violencia estructural; “todos tenemos responsabilidad en un hecho de esta índole”, señaló la defensora legal.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), explicó en entrevista con este diario que el deceso de Camila se debe investigar como feminicidio. “La violencia hacia las niñas y adolescentes presenta mayor incidencia”, expresó.
Ramírez hizo hincapié en que la falta de justicia, hace más trágico el hecho, además de la inacción de la autoridad ante la desaparición de una niña.
“Sabemos que la búsqueda de una niña desaparecida es fundamental, es urgente, no se debe esperar ni una hora, tenemos un protocolo adicional de niños desaparecidos, debió ser rápida y expedita”, recalcó.
A quién le toca garantizar la seguridad en los territorios, insistió, es a los gobiernos y al Estado. “Cuando hablamos del derecho a la vida, al desarrollo, es responsabilidad del Estado como coordinador de las instituciones, además, debe darse el peso a un hecho como este, hay una omisión de responsabilidad, en la atención inmediata, que puede derivar en una responsabilidad administrativa”, aseguró.
