El próximo domingo estamos todos convocados a las urnas para elegir a nuestras autoridades. Independientemente de las creencias y afiliaciones políticas de cada uno, es fundamental que no olvidemos el ejercicio responsable y el deber de votar. Insisto, no sólo es un derecho, es una ineludible obligación como cristianos y ciudadanos, ejercer y fortalecer un profundo discernimiento moral para la justa toma de decisiones que nos afectan. Es imprescindible, no sólo a nivel personal o familiar, sino, esencialmente, para la realización del bien común, la convivencia pacífica, la erradicación de la corrupción y la eliminación decidida de la violencia que tanto daño está haciendo a nuestro país. Asimismo, es inaplazable -y no debe quedar a nuestro libre arbitrio-, que exijamos el reconocimiento y la tutela de nuestros derechos primordiales de modo tal que no haya coerción o la imposición de nadie que tenga el respaldo del Estado, con cuantiosos recursos económicos, que pertenecen a todos los mexicanos y, desde luego, que nos opongamos a cualquier forma de abuso del poder.
En su discurso sobre los fundamentos del derecho, pronunciado el mes de octubre de 2011 ante el Parlamento federal de Alemania, el Papa Benedicto XVI, recordaba que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Se ha referido, en cambio, a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho […], la razón abierta al lenguaje del ser”. Como cristianos nosotros hacemos nuestras consideraciones desde ese horizonte de los fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar en opciones de partido y sin pretender imponer a nadie ningún programa político. Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento. No se podría hablar de decisiones políticas morales o inmorales, justas o injustas, si el criterio exclusivo o determinante para su calificación fuera el del éxito electoral o el del beneficio material de algunos.
Esto supondría la subordinación del derecho al poder. Las decisiones políticas deben ser morales y justas, no sólo consensuadas o eficaces; por tanto, deben fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del ser humano. No es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos. En concreto, como lo establece nuestra fe, la recta razón reconoce que hemos sido creados libres y para la libertad, pero que no actúan de modo conforme con la verdadera libertad quienes creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos; desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar a cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento. ¡No somos traidores a la Patria por pensar diferente!
¿Qué queremos, democracia o autoritarismo? Para responder con madurez cristiana, hemos de llamar de nuevo la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no respetan nuestra identidad democrática, esencialmente republicana y que tienden a imponer regímenes autoritarios y hasta dictatoriales que han hecho mucho daño en países latinoamericanos vecinos como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es urgente, además, identificar a quienes tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de luchar por un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad o el capricho de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes. Debemos defender nuestra identidad democrática y republicana.
México está terriblemente endeudado y sufre una peligrosa y enésima crisis económica que reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo digno para todos. Pensemos en tantas familias, carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas y esclavizadas ante la manipuladora amenaza de retirarles los programas sociales, mismos que, nadie los puede suprimir al estar estipulados en nuestra Constitución. Pensemos también en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro. Son ineludibles políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución del ingreso; que corrijan los errores y desvíos cometidos en escandalosos despilfarros en las finanzas públicas y que atiendan -sin ideologías-, a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes.
Domingo 26 de mayo de 2024.
