La Corte también emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin
La Corte Penal Internacional (CPI) anunció haber emitido órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, y el exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, por presuntos crímenes en Ucrania.
Ambos son sospechosos de responsabilidad en crímenes de guerra, consistentes en dirigir ataques contra bienes civiles y en causar daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de «actos inhumanos» en Ucrania, indicó la CPI en un comunicado.
La CPI, con sede en La Haya, considera que «existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos tienen la responsabilidad de bombardeos con misiles efectuados por las fuerzas armadas rusas contra infraestructuras eléctricas ucranianas entre al menos el 10 de octubre de 2022 y al menos el 9 de marzo de 2023».
La corte estima que estos ataques iban «dirigidos contra bienes de carácter civil» y que si incluso los objetivos se podían considerar militares, los daños civiles «habrían sido claramente excesivos en comparación con el resultado militar previsto».
La CPI ya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo del año pasado.
Rusia reaccionó rápidamente y minimizó la decisión contra Shoigú, actualmente secretario del Consejo de Seguridad, tachándola de «insignificante», según el servicio de prensa de este órgano cercano al Kremlin, citado por la agencia de noticias Tass.
«Esta decisión es una señal clara de que la justicia por los crímenes rusos contra los ucranianos es inevitable», afirmó por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, añadiendo que esperaba ver a estos hombres «entre rejas».
Esta corte no dispone de fuerzas de seguridad propias para ejecutar sus órdenes de arresto, y se apoya en el sistema judicial de sus 124 países miembros para llevarlas a cabo.
En teoría, cualquier persona que sea objeto de una orden de este tipo tendría que ser detenida si viaja a un territorio de un Estado miembro.
Putin viajó al extranjero, entre otros a Kirguistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, que no son miembros de la CPI. Pero evitó sin embargo participar en un encuentro de los BRICS (Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica, un país que se habría visto obligado a ejecutar la decisión del tribunal internacional.
La CPI, creada en 2002 para investigar crímenes de guerra y contra la humanidad en todo el mundo, abrió en septiembre una oficina en Kiev como parte de los esfuerzos para pedir cuentas a las fuerzas rusas por posibles crímenes de guerra.
Esto ocurrió después de la creación de un centro internacional para investigar a Rusia por posibles crímenes de guerra en La Haya en marzo de 2023, una decisión que Kiev consideró «histórica».
Además de Putin, la CPI también emitió una orden de arresto contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para la infancia, por cargos similares, es decir la presunta deportación de miles de niños ucranianos a Rusia.
Otros responsables rusos que son objeto de órdenes de arresto por parte de la CPI son Serguéi Kobylash, ratégica, y Viktor Sokolov, jefe de la flota en el mar Negro.
