El número de desaparecidos es un 31% mayor que con Enrique Peña Nieto y un 188% mayor que con Felipe Calderón.
Con el triunfo contundente de Claudia Sheinbaum para Presidenta, es momento de darle la vuelta a la hoja y enfocar las baterías en las estrategias necesarias para bajar las violencias. Uno de los pendientes que deja el actual gobierno es atender el grave fenómeno de las desapariciones. Urge una estrategia que evite que sigan desapareciendo personas, que fortalezca las fiscalías, las comisiones de búsqueda (CB) y el desarrollo forense. Solo así se podrá encontrar a los miles de desaparecidos y entregarlos a sus familiares.
Durante el presente sexenio, el número de desaparecidos creció; es un 31% mayor que en la administración anterior y un 188% mayor que con Felipe Calderón. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), desde 1952 hasta la fecha, hay 114,848 personas desaparecidas. De estas el 43.19% corresponden a un solo periodo, el de López Obrador (49,585). El aumento en las desapariciones se debió a la falta de estrategia en seguridad.
El perfil de las víctimas es cada vez más diverso y hay registros en todos los estados. Las víctimas son desaparecidas por el crimen organizado y la delincuencia común, pero también están las que huyen de situaciones de violencia familiar y comunitaria. Este fenómeno de desapariciones sería imposible sin la complicidad u omisión por parte del Estado mexicano.
El actual gobierno prometió que los desaparecidos serían prioridad, sin embargo, fue incapaz de implementar la Ley General de Desapariciones para dar una respuesta efectiva. Se instituyó el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) integrado por siete instituciones y se crearon dos piezas operativas fundamentales: las Fiscalías Especializadas en Desaparición (FED) y las Comisiones de Búsqueda, no obstante, no hubo un esquema de coordinación y los recursos económicos y humanos fueron muy escasos. A seis años de distancia, estas instituciones presentan amargos resultados y retos importantes.
Al igual que en todas las fiscalías, las investigaciones penales de las FED son muy deficientes y la capacidad forense nula. De acuerdo con Impunidad Cero, el 99% de las denuncias por desaparición presentadas entre 2019 y 2022, tanto a nivel federal como estatal, permanecen impunes.
Donde hubo algunos avances fue en las Comisiones de Búsqueda que han logrado implementar acciones de búsqueda inmediatas y han generado confianza en algunos colectivos. Sin embargo, la falta de apoyo político, presupuesto y de personal no permitió consolidarlas. La CNB cuenta solo con 124 trabajadores dedicados a la búsqueda de personas en todo el territorio y a nivel estatal algunas Comisiones operan con menos de 10 personas. Es una simulación obscena del gobierno, si consideramos que existen más de 114 mil personas desaparecidas y día a día aumentan.
Por la falta de resultados, el Presidente decidió tomar otro camino: remplazar el RNPDNL por un nuevo “censo” para depurar (rasurar) el registro. Se lo encargo a la Secretaría del Bienestar que solo reconoce a 12,377 víctimas. Sin embargo, ninguno de los supuestos hallazgos ha podido ser corroborado por la CNB ni por los familiares de las víctimas. Es una situación aberrante en donde el mismo gobierno se disputa la “cifra oficial”, ya que el Registro de la CNB sigue activo y arrojando cifras.
Sin instituciones competentes los familiares de las víctimas se han visto forzados a seguir asumiendo el costo físico, psicológico y económico de las búsquedas. Por lo que no es extraño escuchar entre los colectivos: ¡ya no queremos justicia, solo encontrarlos!
La suma de los nombres sin cuerpo a la espera de ser encontrados y los cuerpos sin nombre, que permanecen sin identificarse en las morgues y fosas del país representan una crisis humanitaria sin precedentes, que esperamos la Dra. Sheinbaum lo asuma con seriedad, empatía y resultados. (Colaboró Fernando Escobar Ayala) (El Universal)