Los acontecimientos últimos derivados de la estrepitosa derrota de los partidos agrupados en la coalición “Fuerza y corazón por México” y del inobjetable triunfo de Morena, nos han traído una serie de perlas declarativas de los cambios que propone el partido y la coalición triunfante, sobre todo la del poder judicial.
Aclaración pertinente que a estas alturas resulta improcedente es la de que la oposición jamás presentó un proyecto de nación, sino que se dedicó a tratar, por todos los medios, a denostar las actividades del gobierno y del partido en el poder-
Ahora sí, respecto a la reforma al poder judicial, leamos con detenimiento las siguientes declaraciones de los implicados:
“Esta reforma no sólo amenaza la justicia, pone en peligro la seguridad misma de la nación, una justicia independiente, las conversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará, los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Nos encaminamos hacia una crisis sin precedente, una que de no ser detenida dejará cicatrices profundas en el tejido social”, afirmó la presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, durante el arranque del paro de actividades de manera indefinida.
Un banco extranjero se lanzó la puntada siguiente:
“El banco de inversión estadunidense Morgan Stanley, uno de los tres mayores del sistema financiero global, recomendó a sus clientes no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras, con el argumento de que la iniciativa de reforma al Poder Judicial “aumentará las primas de riesgo en México”.
En tanto, otro banco, éste sí laborando en el país, comentó:
“La decisión fue dada a conocer el mismo día que Citibanamex –filial del también estadunidense Citi– aseguró que el mercado financiero mexicano –en el que se negocian acciones, bonos y divisas– “parece haber desdeñado el impacto político negativo” de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “así como subestimado su riesgo económico”.
En tanto que los paristas dicen:
“La principal promotora del paro, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), intenta que el Congreso de la Unión suspenda el proceso legislativo de la reforma judicial, una pretensión que no sólo va a contrapelo de la voluntad popular mayoritaria –la cual, en la elección del 2 de junio, se manifestó de manera inequívoca por la realización de tal reforma–, sino que constituye una clara violación al principio de separación de poderes, en la medida en que busca doblegar al Legislativo y someterlo a la voluntad arbitraria de un conjunto de jueces, magistrados y empleados judiciales”.
Y la contraparte de quienes se encuentran en paro aducen que;
“La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) expresa su total desaprobación al mal llamado paro indefinido en que están incurriendo magistrados, jueces y demás personal jurídico y administrativo del Poder Judicial de la Federación. Es una vergüenza que denominen paro a este acto completamente ilegal que incluso se encuentra en delitos previstos en el Código Penal Federal. Es bien sabido que el derecho de huelga está reglamentado en la Ley Federal del Trabajo y que para su ejercicio es necesario cumplir diversos requisitos y tener fines lícitos; por el contrario, los “paros” constituyen un derecho de los patrones y para su ejercicio también se requiere cumplir con requisitos para obtener la autorización de los tribunales laborales; por lo tanto, resulta ilícito e inmoral que los encargados de hacer cumplir las normas jurídicas sean quienes las atropellen y pongan un pésimo ejemplo para todos los ciudadanos y grupos sociales. Al violar todas las normas jurídicas vigentes, no sólo quebrantan el estado de derecho, sino que además se hacen acreedores a la rescisión de sus relaciones de trabajo y de las penas correspondientes de los delitos contra la administración de justicia en que se encuadra claramente su conducta. Sabemos que los ministros de la Suprema Corte no tomarán las medidas disciplinarias y legales que están obligados a tomar, por la sencilla razón de que son ellos los que iniciaron y dirigen tales actos. Es urgente que los otros poderes de la Unión enfrenten con firmeza esta grave alteración al orden constitucional y resuelvan de fondo esta crisis de nuestro estado de derecho. Bertha Galeana Cisneros, presidenta de la ANAD” (carta de los lectores, Jornada, Ídem)
Creemos que el mandato en las urnas fue claro y que los argumentos utilizados por la oposición y miembros del poder judicial deberán buscar los cauces adecuados dentro del “marco de la ley” y construir alternativas reales de participación política.
