El megaatraco de la sobrerrepresentación en el Congreso le da al obradorismo una amplísima mayoría calificada para cambiar la Constitución sin dialogar con nadie ni establecer consensos en la pluralidad democrática.
Qué manera de descomponerle el arranque de gobierno a la presidenta Sheinbaum.
¿Por qué lo hace el presidente López Obrador? Porque está en su naturaleza.
En las últimas semanas de su gobierno, el Presidente exige que se apruebe una megarreforma judicial hecha sobre las rodillas, que entrega a los abogados que resulten más populares la delicada tarea de juzgar y condenar.
Sólo necesitan tener licenciatura y un promedio de ocho de calificación en la facultad. Y a hacer campaña 60 días; duro, muchachos.
Luego, a hacer lo que hacen todas las personas que ganan una elección: favorecer a quienes los eligieron.
Es una locura aplicarlo a la impartición de justicia.
Nos pone en el cuarto mundo de naciones sin legalidad imparcial.
AMLO exige que sus partidos afines, que obtuvieron 54 por ciento de los votos en las recientes elecciones, tengan 74 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados.
Es un atraco.
México saldrá del círculo de países democráticos.
El paquete de reformas constitucionales acaba con la división de poderes y reduce casi a la nada el derecho de amparo.
Y el megaatraco de la sobrerrepresentación en el Congreso le da al obradorismo una amplísima mayoría calificada para cambiar la Constitución sin dialogar con nadie ni establecer consensos en la pluralidad democrática.
Hoy tenemos crisis en el Poder Judicial, por una huelga más que justificada.
El Presidente levantó las compuertas a su inagotable manantial de insultos y calumnias contra las organizaciones empresariales que durante el sexenio lo apoyaron hasta la ignominia.
Le compraron boletos para la “rifa del avión” en una millonada que se destinaría a “comprar medicinas”.
Aceptaron en silencio el rechazo del Presidente a las 68 propuestas que le entregaron para enfrentar la crisis durante la pandemia, cuando la economía nacional cayó ocho puntos del PIB, más que ningún otro país.
Hicieron mutis cuando cientos de miles de Pymes quebraron por falta de apoyos para sobrevivir a la turbulencia extrema que causó el mal manejo del covid por parte del gobierno.
Formaron valla en el Zócalo para aplaudirlo y tocar su mano, al cabo de los desastres en salud y economía.
Ahora, a escasas semanas de llegar a la otra orilla, luego de haber cruzado –por años– tempestades económicas en el manso lomo del Consejo Coordinador Empresarial, López Obrador les clava el aguijón del desprecio y los insultos.
No podía ser de otra manera. Está en su naturaleza.
Pero (al menos técnicamente) ya se va.
Su candidata ganó las elecciones con una votación histórica, y es a ella a quien le corresponde gobernar.
¿Para qué le creó una crisis con el Poder Judicial y con el empresariado?
Sí, desde luego que hace falta una reforma al Poder Judicial, y sobre todo a la procuración de justicia (fiscalías, Ministerio Público).
Eso debió ser tarea de Sheinbaum, en el sexenio que arranca dentro de poco más de un mes.
La principal cúpula de los empresarios, el Consejo Mexicano de Negocios, planteó el lunes que “para afrontar los retos del desarrollo, México requiere un Congreso que represente la pluralidad y riqueza del país”.
Y que “la certeza jurídica, la prevalencia de la ley y el respeto a las libertades fundamentales son condiciones indispensables para alcanzar un futuro mejor para todos los mexicanos”.
Esos postulados básicos para que haya inversión y se cree riqueza (respeto a la pluralidad y certeza jurídica), López Obrador los va a destruir formal y legalmente minutos antes de irse.
Destruyó, o eso pretende, la carrera judicial y le arruina la vida a “los que estamos estudiando constantemente, preparándonos, asistiendo a cursos de capacitación, y que hoy lo quieren quitar porque se le ocurrió al señor Presidente que los jueces y los magistrados deben escogerse a través de los votos”, como dijo (El Financiero de ayer) la secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, Patricia Aguayo.
Destruye la transición tersa de un sexenio a otro.
Además de la crisis de violencia, el desastre financiero de Pemex, el desmantelamiento del sector salud, la falta de crecimiento económico, la desconfianza de Estados Unidos en las autoridades mexicanas por su familiaridad con los narcos, la presidenta Sheinbaum recibe estos dos nuevos problemas que son la estocada al régimen democrático.
Que ella aplauda (como hizo Miguel de la Madrid en el último informe del presidente López Portillo, cuando estatizó la banca), no quiere decir que esté de acuerdo.
O sí.
En cualquier caso, de pasar la sobrerrepresentación de 20 por ciento, la presidenta estará atada y bien atada. (El Financiero)
