Uno de los programas insignia del presidente López Obrador es elevado a rango constitucional, pese a que la Auditoría detectó posibles irregularidades por 178 mdp durante todo el sexenio
Desde su creación, en 2019, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue evidenciado por deficiencias en su diseño, operación, resultados, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, problemas que se mantuvieron a lo largo de todo el sexenio.
A través de seis fiscalizaciones realizadas a las cuentas públicas desde 2019 y hasta 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que, a causa de estas fallas, año con año se hallaron posibles irregularidades, como centros de trabajo inexistentes, duplicidad de apoyos, pagos a personas fallecidas y probables daños al erario por cientos de millones de pesos.
Pese a ello, este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 473 votos la reforma al artículo 123 de la Carta Magna para hacer constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro.
En los últimos cinco años, la ASF ha determinado probables daños al erario por 178 millones 778 mil 900 pesos por presuntas irregularidades de Jóvenes Construyendo el Futuro; sin embargo, lo que más llama la atención es que año con año el máximo órgano fiscalizador repite las mismas observaciones e insiste en las mismas recomendaciones, sin que el gobierno federal modifique la operación del programa.
En total, a lo largo de esta administración la Auditoría Superior ha emitido 71 recomendaciones para mejorar las reglas de operación; además, se han emitido 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 20 Pliegos de Observaciones.
En la auditoría 373-DE, publicada en 2020, se analizó el diseño de Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF). Como parte de las conclusiones, se advirtió que “en el primer año de operación del programa, la dependencia no diseñó los programas para su difusión y supervisión, operó con personal contratado de carácter eventual, durante ocho meses careció de una unidad responsable formalmente establecida para su diseño, operación y seguimiento”.
La fiscalización determinó además que en 2019 “se identificó que mil 681 becarios presentaron duplicidades en los registros de beneficiarios de otros programas gubernamentales”, y que la STPS “no acreditó los mecanismos para validar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron sus habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas”.
También en 2020, la ASF detectó irregularidades por 57 millones 092 mil pesos, tras identificar a 68 beneficiarios que recibieron pagos pero que eran personas fallecidas, así como que decenas de domicilios registrados como centros de trabajo estaban abandonados y 3 mil 188 beneficiarios recibieron el apoyo al mismo tiempo que tenían una beca educativa de la SEP.
En otra auditoría, la 375-DE, se identificó a 760 becarios del programa que al mismo tiempo recibían el apoyo del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, 640 becarios que se encontraban laborando en la administración pública y/o en empresas del sector privado, y 47 becarios que en paralelo eran servidores de la nación, con probables daños al erario por 9 millones 662 mil pesos.
En 2021, la auditoría 394-DE reveló las mismas inconsistencias: un total de 17 mil 283 beneficiaros que recibieron el dinero, pero no se capacitaron en un centro de trabajo participante del Programa; 30 beneficiarios fallecidos, mil 315 beneficiarios que se encontraban estudiando, y 200 beneficiarios que recibían beca, pero trabajaban en dependencias públicas, lo que representó presuntos desfalcos por más de 28 millones 96 mil pesos.
En 2022 se repitió lo mismo: más de 92 mil casos irregulares, con probables daños al erario por 78 millones 815 mil pesos, mientras que en 2023 las inconsistencias se mantuvieron, con observaciones por más de 5 millones 110 mil pesos.
Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma para hacer constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que permite a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan recibir una beca mensual de 7 mil 572 pesos durante 12 meses, a cambio de capacitarse en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas.
