¿Qué pasará con jueces, magistrados y ministros tras su aprobación?

La reforma al Poder Judicial fue aprobada por diputados y senadores; sin embargo, aún debe ser ratificada por al menos 17 Congresos locales.

Pese a los reclamos y protestas de legisladores de oposición y trabajadores, el Senado aprobó este miércoles la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien está a menos de tres semanas de concluir su mandato.

Dicha iniciativa, también avalada por la Cámara de Diputados, todavía debe ser ratificada en al menos 17 Congresos locales para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

Luego de una caótica sesión en la Cámara Alta, donde manifestantes dieron ‘portazo’ en el recinto legislativo, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), alcanzaron la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma al Poder Judicial.

Lo anterior gracias al voto a favor del senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien esta noche fue expulsado del Partido Acción Nacional junto con su padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

La votación concluyó con 86 senadores que dieron el sí a la reforma, mientras que 41 expresaron su rechazo a la propuesta. Con este resultado y la posibilidad de que el dictamen logre avanzar en los congresos estatales, han surgido las dudas de qué pasará ahora con los empleados del Poder Judicial.

¿En qué consiste la reforma judicial? Así es cómo afectará a trabajadores

1. Elección de jueces y magistrados por voto popular

Uno de los puntos más polémicos de este proyecto de ley se refiere a la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En la iniciativa se plantea que, en total, son mil 688 cargos los que se someterían a votación, de los cuales 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados. En caso de ser promulgada, se prevé que en 2025 se elija por primera vez en la historia a ministros de la Suprema Corte, así como a la mitad de los jueces y magistrados de distrito. La otra mitad sería elegida hasta 2027.

2. Reducción de ministros de la SCJN

En otro punto de la reforma también se estipula reducir el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, mientras que el tiempo que deberán durar en el cargo también se acortará de 15 a 12 años.

Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente. También establece la eliminación de las dos salas que funcionan en el presente para que la Corte solo sesione en el pleno.

De igual modo, se modificaron los requisitos para optar por el puesto: Ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

3. La creación de Tribunal de Disciplina Judicial

Con la reforma también desaparecería el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial, el cual sería sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial. En dicho tribunal se recibirán denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.

Aunado a ello, se indica que los miembros del CJF pasarían de ser siete a solo cinco, de los cuales el Ejecutivo nombraría a uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

4. ‘Jueces sin rostro’

La figura de los ‘jueces sin rostro’ resulta ser otro de los aspectos más controvertidos de dicha reforma, pues contempla la posibilidad de incorporar a jueces que imparten justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima, con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.

No obstante, esta medida ha causado revuelo debido a la opacidad que implica, ya que estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución.

Con información de EFE.

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