Arquitectos del INAH señalan falta de recursos materiales, humanos y económicos para enfrentar la crisis del terremoto del 2017; además, un análisis destaca problemas con la aseguradora
Falta de recursos materiales, económicos y humanos, trabajos hechos con premura y sin protocolos, atrasos considerables, fuertes cargas de trabajo de los responsables, malestar en las comunidades, además de apegarse a los tiempos y discursos políticos de los gobiernos es el saldo de la reconstrucción del patrimonio cultural dañado por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de hace siete años que, de acuerdo con cifras de la secretaría de Cultura, alcanzó los 3 mil 269 inmuebles con afectaciones en 13 estados de la República.
La semana pasada, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una serie de documentos donde denuncian los agravios y precariedades que atravesó el Instituto durante los últimos años. En el documento “Diagnóstico de trabajadores del INAH” se dedicó una sección a los sismos de 2017.
En dicho apartado se señaló la falta de protocolos de actuación frente a desastres naturales de gran magnitud, y la falta de recursos materiales y humanos. Se abordó también el tema de los recursos para atender la emergencia, los cuales resultaron insuficientes y dejaron huecos en las cifras finales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, un grupo de seis arquitectos participantes en las labores de restauración de diferentes inmuebles dañados y pertenecientes a la Coordinación Nacional de Conservación del INAH dieron un balance a siete años de los terremotos.
Expresaron su temor por ser sancionados por el director del INAH, Diego Prieto, si levantan la voz, y citaron el caso del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, quien denunció la destrucción de patrimonio arqueológico en las obras del Tren Maya y fue sancionado y acosado por las autoridades, por ello solicitaron confidencialidad.
La reconstrucción de patrimonio dañado, narraron los especialistas en entrevista presencial, arrancó con recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), hoy extinto por el Presidente, y la aseguradora Banorte, que se vio envuelta en varias problemáticas.
Desde el inicio, contaron, se evidenció la falta de protocolos claros para enfrentar un desastre natural como el terremoto del 19 de septiembre de 2017. “Tras los sismos vimos que no hay un protocolo, al menos oficial, para hacer frente a un desastre así; como parte del gremio, elaboramos una propuesta hace dos años, pero no recibimos respuesta de las autoridades”, relató uno de los arquitectos.
El primer paso, agregó, fue hacer una revisión de todos los daños, para tener una magnitud del desastre. Debido a los daños en diversos frentes, personal del INAH tuvo que fungir como residente para las tareas de restauración, a pesar de no estar facultados para ello, agregó el especialista. “Por el tamaño del daño, tuvimos compañeros que estaban supervisando 50 frentes. Primero se atendió lo menos dañado, ese fue el sistema”.
Debido a la emergencia, la aseguradora Banorte agotó los recursos del seguro. “Banorte dijo que ya no tenía dinero, se agotaron los recursos. Luego, el Fonden desapareció. Se hizo el Programa Nacional de Reconstrucción que adhirió a Sitios y Monumentos y a las direcciones de obras de los estados, pero no son especialistas. Sitios y Monumentos casi no tiene arquitectos y los estados no son especialistas”.
Los sismos, coincidieron, pusieron en crisis al INAH. “Independientemente de dónde viniera el dinero, vimos que el INAH estaba en crisis. Nada era suficiente, ni recursos ni materiales ni tiempo. Hay muchos arquitectos en el país, pero pocos familiarizados con el tema del patrimonio”, dijo una arquitecta.
Ya en tiempos de la 4T, el Programa Nacional de Reconstrucción se implementó como solución a la extinción de los fideicomisos. “El programa articuló el trabajo del INAH y de los estados. El papel del Instituto fue el mismo, seguir atendiendo y supervisando la reconstrucción sin preocuparse de la gestión de recursos y cómo aplicarlos, aunque esto no se cumplió del todo”.
Por el alto número de bienes inmuebles perjudicados, el personal del INAH fungió como residente de las obras, lo cual causó una sobrecarga de trabajo. “Una residencia implica manejo de recurso público y una permanencia en los inmuebles, no todos los trabajadores saben cómo llevarlo a cabo y es imposible atender 12 o 15 frentes, la carga de trabajo aumentó. Las complicaciones derivaron en el manejo de recursos, falta de apoyos para viáticos y falta de recursos, y mucha tensión por intentar atender algo que sobrepasa la capacidad de cualquier ser humano”, indicó un investigador.
Uno de los arquitectos expresó que, además de ser responsables de 10 o más residencias, el Instituto les demandó a todos los encargados seguir con sus funciones habituales. “Las residencias implican una serie de manejo en recursos fiscales, por tanto, una responsabilidad de recursos, lo que nos llevó a tener contadores para nuestras declaraciones al fisco. Todo eso, insisto, fue una sobrecarga. Se nos encargó, pero no se nos apoyó ni con personal ni con aumento al salario”, narró.
A lo largo de este año, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, y Diego Prieto, han anunciado que la reconstrucción del patrimonio cultural está por concluir. Al respecto, los especialistas señalaron que es posible que ya todo esté censado, pero siguen frentes sin concluir e incluso algunos a punto de empezar, como lo reportamos en la edición de ayer de esta sección.
Otros casos pendientes que destacan son la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Guerrero, que sigue en proceso de restauración debido a su complejidad y por los graves daños; también el Templo de San Juan de Dios, en el Centro Histórico, que entró este año en un segundo proceso de intervención. “Hay todavía obras en proceso. Lo que el INAH y las autoridades informan es que, al menos en lo administrativo, ya se atendió todo. Pero hay muchos en últimas etapas o que se atendieron parcialmente y son contados, pero definitivamente no está al 100% todo lo dañado”, señaló uno de los entrevistados.
¿Resultados en 100 días?
Los arquitectos coinciden en que la reconstrucción de un patrimonio tan valioso como el mexicano no debe supeditarse a los tiempos de los gobernantes en turno.
“Una reconstrucción, así como esta, no debe moverse por tiempos políticos. Al inicio de la crisis se nos pidieron tener resultados en 100 días, ¿qué resultados puedes tener en ese lapso? Lo mínimo. El patrimonio, el nuestro, requiere de tiempos propios, y las autoridades nos metieron tiempos que no dan, que no eran los que correspondían”, recalcó la arquitecta.
“No puedes tener solamente 192 arquitectos en el INAH para atender a todo el país, es una cifra muy baja, el problema es que no se abren nuevas plazas; ante eso, nos preocupa no tener los elementos necesarios por si se presenta una situación parecida”, mencionó uno de los investigadores entrevistados, quienes concluyeron en que sin fondos para emergencias y sin pólizas de seguro, enfrentar una nueva emergencia sería demasiado problemática.
“No tenemos un protocolo oficial, no tenemos el personal necesario para estudios y supervisiones, y súmale que cada día hay menos recursos, menos insumos y menos de todo. El tema de la austeridad pegó en todo el Instituto. No sabemos cuándo va a temblar, por eso es un tema urgente y muy problemático”.
Sobre los pendientes, la Secretaría de Cultura federal informó que actualmente 153 frentes siguen abiertos, y se cuenta con 90.2% de avance físico. Se han invertido 10 mil 100 millones de pesos hasta ahora y se calcula que la cifra final llegue a los 10 mil 300 millones.
Acerca de la conclusión de todos los frentes, se informó que se programó terminar en este mes, pero algunos frentes cerrarán en diciembre próximo.
